EscucharSiglos de violencia le han costado a los pueblos encontrar mecanismos pacíficos para resolver la cuestión de quiénes, por cuánto tiempo y de qué forma, pueden ejercer el poder político de manera legítima. Pero una vez que las sociedades superan el desafío de consolidar procesos electorales competidos y transparentes, uno de los pasos que deben afrontar es el de la calidad del debate político.
A la aspiración republicana de que el voto constituya un acto racional de libertad política, se corresponde el ideal de que el debate público, libérrimo y ampliamente difundido, sea su antesala en aulas universitarias, sodas, banquetas de parques y paradas de buses. Más allá de la preocupación por índices de abstencionismo, el interés recae ahora en que los ciudadanos (en tanto esa condición es mayor que la de simple elector), perfilen sus opiniones en el diálogo cotidiano.
Calidad de información. Ahora bien, es presumible que la calidad de ese debate esté condicionada por la calidad de la información política que circula en la sociedad. Es decir, la información relativa a los asuntos públicos y cuestiones de gobierno, es la que da contenido a esas conversaciones ocasionales y va conformando las perspectivas y opiniones de las personas. Así, la pobreza de la información redundará, necesariamente, en la superficialidad del debate político, con consecuencias directas en cultura ciudadana y racionalidad en el ejercicio del sufragio.
En otras latitudes, la solución a este desafío, propio de la sociedad de la información, se ha buscado en un mayor control estatal de los medios de comunicación colectiva. Pero, aparte de que ello ha conducido al monólogo ideológico (bajo el filtro de los detentadores del poder) y más grave empobrecimiento del debate público, lo cierto es que esas medidas de autoritaria restricción de las comunicaciones son incompatibles con nuestro régimen constitucional de libertades (particularmente con la libertad de expresión, prensa y empresa, y con el derecho de propiedad privada que protege a los dueños de los medios).
Desde luego que el problema de la calidad de la información política es objeto de preocupación para el Tribunal Supremo de Elecciones, encargado de velar por los derechos políticos. Pero siendo más complejo que la simple distribución de mordazas por contralores públicos de los discursos sociales, el TSE lo ha asumido (consciente de que la nuestra quiere ser una democracia abierta y plural), promoviendo entre los costarricenses el voto informado. Y lo ha hecho (además de impulsando reformas que fortalezcan la equidad en el financiamiento de los partidos y su mayor acceso a los medios de comunicación), con acciones concretas en esa dirección.
Primero, de cara al referéndum se lanzó la serie de debates “Costa Rica Elige”, en los que, con niveles históricos de audiencia del SINART, los costarricenses tuvieron acceso a las dos posiciones enfrentadas. Posteriormente, el formato del programa se adecuó a las pasadas elecciones nacionales, con un enfoque de conversatorio en torno a ejes temáticos relevantes, que facilitara la valoración ciudadana de los aspirantes presidenciales. Asimismo, durante las próximas semanas los costarricenses podrán ver nuevamente el programa, adaptado esta vez, a las particularidades y trascendencia del proceso electoral municipal.
Además, mediante plantillas programáticas subidas a la página electrónica institucional, el TSE pone a disposición de la ciudadanía la información básica sobre las candidaturas y propuestas de todos los partidos que nos han facilitado esos datos. Información que se complementa de manera óptima con el fichero cantonal entregado a la prensa y puesto a disposición de los costarricenses en la página electrónica del TSE. Se trata de un esfuerzo monumental del naciente Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) que ofrece, de forma sencilla y concisa, una radiografía de los 81 cantones de país, en índices tan relevantes como competitividad, vulnerabilidad infantil, desarrollo humano y gestión financiera de la Municipalidad.
Evolución del TSE. Estas nuevas tareas del TSE son, a nivel de los organismos electorales latinoamericanos, de tercera generación. Significa que como Institución ha evolucionado de la organización de elecciones impecables (1953-1998), a la complementación de lo anterior con una jurisdicción electoral que tutela los derechos políticos y vigila la democracia interna en los partidos (1999-2009), para continuar su avance, en esta segunda década del siglo XXI, con la puesta en marcha del IFED, mediante el cual asume la promoción de ciudadanía plena y de los valores democráticos.
En síntesis, el moderno TSE está comprometido no sólo con la pureza del sufragio y el respeto de los derechos políticos de los costarricenses, sino también con que el ejercicio de esos derechos sea más potente. Ya no está interesado, solamente, en que los costarricenses acudan a las urnas el próximo 5 de diciembre, sino en que su voto sea más informado y consciente.
