Opinión

Sostenibilidad democrática

Actualizado el 04 de octubre de 2013 a las 12:00 am

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El concepto de desarrollo sostenible fue acuñado en 1987, en el informe denominado “Nuestro Futuro Común” de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Informe Brundtland) y reconocido a nivel internacional por Organización de las Naciones Unidas como “aquel tipo de desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias”.

En Costa Rica, a partir de la reforma del artículo 50, la Constitución Política reconoce un modelo de desarrollo económico y social absolutamente respetuoso y coherente con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El concepto hasta hace poco abarcaba un componente ambiental (la protección del ambiente), uno económico (el desarrollo económico basado en la explotación sustentable del ambiente) y uno social (se consideraba que el desarrollo económico y la conservación del ambiente conducían automáticamente al bienestar social). Sin embargo, el énfasis del modelo de desarrollo se había venido centrando en los elementos económico y ambiental, y se relegó el factor social a un segundo plano.

Desarrollo democrático. Esta situación viene a cambiar favorablemente a partir de la sentencia 2013-10540, del 7 de agosto del 2013, cuando la Sala Constitucional se moderniza con la creación jurisprudencial del nuevo principio/concepto de “desarrollo sostenible democrático” donde ya no solo se trata de garantizar el aprovechamiento de los recursos existentes por las presentes generaciones, y de asegurar la subsistencia de las futuras, sino que se debe asegurar que el acceso a esos recursos y a la riqueza generada por las actividades económicas se distribuya equitativamente en la sociedad, de modo que alcance al mayor número posible de personas y permita el progreso solidario también. Por medio de una nueva interpretación de los artículos constitucionales 50, 74 y 89, la Sala Constitucional otorgó especial relevancia al elemento ‘social’ del desarrollo sostenible como un componente de la justicia, propio del Estado de derecho, que se verifica a través del reparto más adecuado de la riqueza y el ambiente sano, así como en el deber estatal de encaminar una política permanente de solidaridad nacional.

Es posible afirmar, a partir de este fallo que el elemento democrático del desarrollo sostenible conlleva intrínsecamente la distribución justa, tanto de los beneficios como de las cargas ambientales, lo que implica la preservación de la naturaleza para las generaciones futuras, del aprovechamiento solidario del ambiente y, a todas luces, es un enorme paso hacia la consolidación del Estado social y ambiental de derecho costarricense.

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