EscucharEl editorial del 24 de enero, titulado “Democracia en la Caja”, contiene, con respecto a mi opinión, información inexacta y descontextualizada.
De acuerdo con el marco legal vigente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es responsable del gobierno, administración y fiscalización de los seguros sociales obligatorios. Respecto al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), existe un reglamento para regularlo, el cual es dictado por la Junta Directiva de la CCSS, que establece las normas para administrarlo conforme la legislación vigente.
La Junta Directiva es un órgano político conformado por tres representantes del gobierno, tres del sector empresarial y tres de los trabajadores (uno sindical, otro del movimiento cooperativo y otro del movimiento solidarista). Las fuerzas del sector empresarial están en igualdad (3 a 3), por lo que, quien define hacia donde se mueve la balanza, es la representación estatal, conforme a la agenda ideológica y programática del gobierno en ejercicio.
El rol de la Superintendencia de Pensiones (Supén), conforme al marco legal vigente, es de supervisión, entendiéndose esta como una inspección de alto nivel que se materializa por medio de informes que son enviados a la Junta Directiva de la CCSS precisamente para informar, y no para girar disposiciones vinculantes para la toma de decisiones.
Es importante reconocer que ha sido bajo el gobierno, administración y fiscalización de la Junta Directiva de la CCSS, o mejor dicho, bajo su inacción en los últimos diez años, que el Régimen del IVM se ha debilitado y se encuentra hoy en cuidados intensivos. Tres informes de actuarios externos y seis informes de la Supén al Comité de Vigilancia no movieron a las anteriores juntas directivas de la CCSS a emprender acciones preventivas y correctivas que solventaran las situaciones advertidas, ya sea por cálculo político de pasarle el problema al siguiente gobierno, o por acción deliberada de quebrar el IVM.
Es evidente que la situación actual en IVM es responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva de la CCSS de los últimos 10 años y corresponde a la actual conformación de la Junta Directiva establecer las medidas que aseguren la estabilidad y sostenibilidad del IVM.
El espíritu visionario, democrático y solidario con el cual se creó la CCSS buscó la representatividad de todos los sectores productivos del país en la conformación de su junta directiva; sin embargo, la historia muestra que la corrupción y el cálculo político han incidido de forma negativa en el Régimen de IVM, sin consecuencias administrativas, civiles, penales ni políticas para sus responsables, que posiblemente hoy no están nombrados en esa Junta Directiva.
El espíritu del legislador, al darle autonomía plena a la institución, a mi juicio, contraviene la creación de las superintendencias, dentro de ellas la Supén, debido a que estas vienen siendo una herramienta del modelo neoliberal para sustituir instituciones de bien social. Como ejemplo de esto tenemos a la Sutel y el Conassif, cuyos directivos nombrados políticamente cuidan los intereses privados empresariales y no el interés público.
Lo importante es que de una manera democrática, a través de la discusión nacional, se construya la solución a esta situación tanto en el orden de estabilizar y darle sostenibilidad al IVM, como de reformar la legislación vigente; de modo que quienes eludan emprender las acciones correctivas y preventivas deban asumir las consecuencias de su grave inoperancia, lo cual no se dio ni bajo la administración de Eduardo Doryan ni de Ileana Balmaceda, pues bajo estas administraciones fueron contratados más de 10.000 trabajadores sin ningún sustento técnico, y según se desprende del informe de notables, se manoseó el IVM, lo cual socavó su estabilidad financiera.
El estudio actuarial hecho por la UCR nos da varias alternativas de solución; sin embargo, la Junta Directiva de la CCSS puso la carreta antes que los bueyes al recargar al sector laboral (público y privado) el aumento del 1% a la cuota obrera, arrebatando el paupérrimo ajuste salarial del presente año.
Las soluciones están ahora en la mesa de discusión nacional, y de esta discusión tiene que surgir la alternativa que le asegure a los costarricenses que nunca más las autoridades designadas para gobernar, administrar y fiscalizar el Régimen del IVM puedan eludir su responsabilidad de cuidarlo.
Jorge Arguedas Mora
Diputado del Frente Amplio
