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Solicité una investigación

Actualizado el 25 de octubre de 2014 a las 12:00 am

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En la edición de este diario del pasado 22 de octubre, se publicó en la página 29A de Foro un comentario suscrito por jueces y juezas integrantes del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, en el que se me atribuye que denuncié falsedades.

Al respecto, indico que, luego de una noticia difundida por este mismo medio, en la que se informó sobre una supuesta venta de licor por parte de una servidora judicial en el citado tribunal, tuve conocimiento de que las ventas en ese despacho se extendieron, en apariencia, a otros artículos, e involucraban a otras personas desde hace algún tiempo.

Ejercí mi deber como jerarca judicial y solicité investigar los hechos citados. Nunca los tuve como ciertos. Únicamente la investigación podrá llegar a determinar eso.

El Poder Judicial tiene órganos de control disciplinarios que son los competentes para investigar y sentar responsabilidades en los casos que corresponda.

Desde mi punto de vista, toda actividad que pueda tener una incidencia negativa en el servicio público que se brinda a la ciudadanía, debe ser detenida.

Mal haría yo guardando silencio ante circunstancias que eventualmente puedan afectar el normal funcionamiento de los despachos judiciales. Estoy en la obligación de solicitar a nuestros órganos internos abrir los procesos de investigación que sean necesarios, tal y como fue trasladado también por la señora presidenta de la Corte al Tribunal de la Inspección Judicial.

Como magistrado integrante de la Sala Segunda y de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, debo preocuparme y ocuparme del funcionamiento de los tribunales y juzgados de trabajo a nivel nacional. Esta materia es altamente sensible para la sociedad costarricense, al corresponderle resolver los conflictos entre empleadores y las personas trabajadoras.

En el mismo artículo, los firmantes cuestionan la inversión realizada en el Programa GICA-Justicia.

Por respeto a los lectores de este diario, aclaro que los fondos públicos utilizados en este programa de interés institucional están debidamente auditados por la Auditoría Judicial, y sus resultados pueden consultarse en la página web del Poder Judicial y en actas de Corte Plena, que son públicas.

Orgullosamente para nuestro Poder Judicial y el país, este ha sido un programa muy exitoso que ha trascendido las fronteras nacionales. Muchos países que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana se han interesado en replicar el modelo de gestión integral de la calidad en el sector justicia.

Hemos ejercido un liderazgo desde la presidencia de la Comisión Iberoamericana de Calidad en la Justicia y, gracias a GICA, nuestra experiencia se ha proyectado a nivel internacional como una herramienta muy eficaz para el mejoramiento de la justicia, sin hacer inversiones millonarias.

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