Opinión

Sol y Luna y los derechos de los animales

Actualizado el 07 de abril de 2015 a las 12:00 am

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Sol y Luna y los derechos de los animales

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Los comentarios de intolerancia en las redes sociales me dejan, no pocas veces, atónita.

En uno de los que me suele suceder, es en el relacionado con la opción de comprar o adoptar mascotas. Yo he vivido las dos experiencias.

Distintas experiencias Luna es una perrita que llegó a mi vida cuando ella tenía seis semanas. Tras asesorarme, la compré por las características de su raza. Tiene una extraordinaria inteligencia, gran habilidad física, un olfato asombroso y una incansable capacidad de juego. No conoce el dolor, el castigo, la crueldad, el hambre, ni el abandono. Quizá por ello es tan bondadosa con las personas: siempre quiere saludar y espera que le hagan cariño.

Sol es una perrita rescatada. Era una flacucha desnutrida y cadavérica. No tenía nombre ni historia. La llamamos “Sol”, un monosílabo, para que fuera más sencillo el reconocimiento de su nuevo nombre, si es que alguna vez tuvo otro.

Su estado era deplorable y, al día siguiente de su adopción, en la veterinaria donde me la obsequiaron, bajo anestesia total, la médica le retiró los puntos de la esterilización, entre las dos le quitamos el sarro y yo le extraje los dientes de leche que permanecían en doble fila.

En la primera semana posadopción, aumentó su peso al doble, pese a que le dio diarrea porque se comía toda la comida y la ración de Luna.

Pasaron varias semanas para que aprendiera que todos los días tendría comida y agua, y para que empezara a comer en forma adecuada.

Era difícil precisar su edad, pero sin duda tenía más de tres años. Su pelo era como alambrina, por la desnutrición padecida.

Las primeras noches nos dificultaba dormir; ladraba a todo cuanto pasara por la acera o por la calle: persona, animal, vehículo, moto, ambulancia… ¡a todo! Si la tocábamos, juro que no nos ladraba: ¡Nos rugía!

Fuimos descubriendo, uno tras otro, sus padecimientos. Salíamos a caminar y se caía de la acera al caño por dificultades visuales que la hacen, también, chocar contra los objetos en lo cotidiano.

¡Un día convulsionó!; vinieron los exámenes y la medicación diaria para la epilepsia, que siempre nos deja un dolor inmenso en cada nuevo episodio. Luego, apareció con los ojos hinchados y sin brillo, expresión de la ehrlichia, enfermedad por garrapatas que debió adquirir antes de la adopción y que se le manifestó entonces. Exámenes de laboratorio y un largo tratamiento con antibióticos mejoraron significativamente su salud.

Tampoco sabía jugar; la enseñamos –y en esto Luna ha sido la primera maestra– a jugar con la bola, con el mecate y a saltar el hula hula.

Efecto del cariño. Hoy, Sol es una perrita alegre, con limitaciones físicas, epilepsia y un grado de desarrollo mucho menor que el de Luna.

Un día me vio con la escoba en mano y salió corriendo; inevitable pensar en cuánta agresión debió significarle otra escoba. En definitiva, la perrita adoptada ha generado más gastos económicos que la comprada, solo para recuperar el impacto de la desnutrición y el abandono.

Como experiencia, adoptar ha sido gratificante: ver los cambios positivos y avances cotidianos en sociabilización, juego, lazos de confianza y afecto.

Comprar un perrito permite educarlo y desarrollar en él todo su potencial y evitar las secuelas de la desnutrición y la falta de vacunas que tienen algunos de los que se adoptan.

No digo que todos los casos sean iguales, ni que un perrito comprado no vaya a desarrollar enfermedad alguna; solo cuento lo que he vivido.

Comprar una mascota no es un crimen, como sí lo es abandonarla o no darle cuidados apropiados.

La mascota necesita alimentación, educación, salud (vacunas, por ejemplo), ejercicio. Al adquirirla, se asume una responsabilidad con un ser vivo poseedor de un alma animal, como diría Aristóteles.Una mascota no es un objeto desechable; algo que abandono a mi antojo: ¡Ni la basura debe arrojarse a la calle! La mascota tiene sentimientos, merece respeto y trato digno, y tiene derechos.

Por eso, deben controlarse las condiciones de reproducción y venta, pero también la tenencia: que no esté tirada o amarrada en un patio sin darle tiempo ni cariño y sin garantizar condiciones mínimas: que tenga vacunas, alimento y resguardo; que no tenga pulgas ni garrapatas.

Controles necesarios. En otro ámbito, el editorial de La Nación del 22 de julio del 2014 fue contundente: “Un animal doméstico sin entrenamiento, maltratado o agresivo, equivale a tener un arma cargada y sin seguro (…) El país reglamentó la reproducción y tenencia de mascotas, pero los portillos legales, criaderos ilegales e inconsciencia y desinformación de los propietarios hacen que la población siga expuesta”.

Y agregó: “Las secuelas físicas y psicológicas podrían durar el resto de la vida (…) Los ataques caninos son un problema de salud pública y, por lo tanto, deberían ser encarados en su justa dimensión”.

Los datos son contundentes: entre el 2000 y el 2013 fueron atendidas 1.230 personas, a un costo de ¢5.000 millones para la CCSS.

En cuanto a las ventas, Senasa, el Ministerio de Salud, la CCSS, Tributación Directa y las municipalidades deben ejercer controles cruzados para poner a derecho los criaderos clandestinos con fines lucrativos. Los sitios de anuncios en Internet y los “avisos clasificados” son la mejor fuente para localizar a quienes negocian con mascotas al margen de la ley y, como bien indican los grupos defensores de los animales, con gran sacrificio de las perras a la que convierten en objetos destinados a parir.

Valga recordar, además, que la salud de los animales -no solo de aquellos que servirán para ser comidos- tiene relación directa con la salud de la población, pues pueden ocasionar zoonosis.

Por eso, es necesario ejercer vigilancia y control para que no constituyan un riesgo para la salud humana.

Derechos de los animales. Hace tres años, un estudio de la Sociedad Mundial de Protección Animal (WSPA) reveló que un 49% de los hogares de la Gran Área Metropolitana tenían al menos un perro, de los cuales el 33% no había sido vacunado contra la rabia en el último año.

Entonces, el asunto requiere un enfoque de salud pública y de salvaguarda de los derechos de los animales.

Existe normativa vigente. La Ley 2391 obliga a la matrícula de los perros, a los seis meses de edad, en un registro municipal y la obligatoria vacunación contra la rabia (incluso a cargo de las municipalidades); prohíbe la deambulación de perros (los que se capturarán y entregarán al dueño tras el pago de una multa).

La Ley 7451 sobre el bienestar de los animales y el decreto Nº 31626-S, Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía, establecen medidas que garantizan la salud pública y los derechos de los animales.

Es irrelevante si son compradas o adoptadas. En todos los casos, las mascotas tienen derecho a gozar de salud y condiciones mínimas dignas para su desarrollo, sin poner en riesgo la salud de la población.

El presidente de la República mantiene la deuda que asumió en la campaña electoral por el bienestar animal.Un buen comienzo sería la coordinación con las municipalidades para que abran el registro obligatorio de mascotas establecido por ley y recojan los perros que deambulan por las calles, y que los entes estatales retomen la labor de vigilancia para evitar que por afán de lucro se abran criaderos que violen los derechos de los animales o pongan en peligro la salud de las personas, así como para detectar la tenencia de mascotas en condiciones indignas e insalubres.

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