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Sobrepoblación penitenciaria alcanzó el 38%

Actualizado el 31 de julio de 2013 a las 12:00 am

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Sobrepoblación penitenciaria alcanzó el 38%

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Lo que era una angustiosa pesadilla para los penitenciaristas costarricenses hace apenas 72 meses, cuando el Sistema Penitenciario no tenía sobrepoblación, se convirtió en una lamentable realidad a partir de julio de este año.

Costa Rica pasó de tener un Sistema Penitenciario modelo para América Latina y el Caribe, a otro completamente diferente, sin recursos financieros, pobre o ausente de tecnología y con una infraestructura deficitaria, por escasa y obsoleta, para el reto que debe enfrentar en estos momentos. La institución carcelaria costarricense ha sido llevada por el Sistema de Justicia Penal y, ante todo, por los Poderes Ejecutivos, a violar cotidianamente los derechos fundamentales de quienes habitan y laboran en él. Se cuentan por docenas las resoluciones de la Sala Constitucional, los jueces de Ejecución de la Pena, la Defensoría de los Habitantes, el Mecanismo para la Prevención de la Tortura, el Ministerio de Salud, la ANEP y cuanta instancia de control existe en este país, que ratifican la permanente violación.

La profunda crisis es producto de la falta de planificación del Sistema de Justicia Penal, el abuso de la prisión como alternativa al conflicto social, a la inequidad alarmante de la región, y de Costa Rica en particular, y el oportunismo político de gobernantes con poca vocación de servicio público, mala formación en administración pública y escasa visión del proyecto país.

La deficiente planificación de las acciones del Estado condujo a intentar mejorar la “seguridad ciudadana” reforzando los componentes represivos del Estado, tales como las policías. Por otra parte, el Poder Judicial incrementó la prisión preventiva y la justicia pronta con los tribunales de flagrancia.

Esa estrategia implica la utilización intensiva de las prisiones pero, a diferencia de los otros componentes, la institución carcelaria no fue reforzada con recursos materiales y humanos para atender el incremento de la población. La mejoría indiscutible en el impacto de la policía del Ministerio de Seguridad Pública requirió que su presupuesto se multiplicara cinco veces en los últimos seis años (de 50 mil millones a 250 mil millones al año).

De igual manera, las sentencias rápidas mediante el modelo de flagrancia; así como la contratación de jueces, personal administrativo y equipamiento, permite que el Poder Judicial eleve el nivel de eficacia. Mientras tanto, en la escena penitenciaria, a partir del año 2008 se inicia la aceleración del incremento de los ingresos a prisión, pasando de no tener sobrepoblación hasta el momento presente, cuando llegó a la cifra histórica de 38% en el plano nacional pero, cárceles como la de San Sebastián, tienen 85%.

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Sostiene el gran penalista argentino Raúl Saffaroni que las condiciones materiales y humanas, así como la cantidad de prisioneros en cada país, son una decisión política. Si la de los costarricenses es elevar la tasa de encierro, debemos tener cárceles, personal y tecnología para hacerlo. Recordemos que además de la violación de los derechos humanos, el hacinamiento carcelario es un pésimo negocio para la seguridad ciudadana porque determina que quienes salen en libertad, lo hacen en peores condiciones psicológicas, familiares y criminológicas. Es decir, el efecto rebote que tendrá el país en la seguridad en los próximos años será especialmente grave por este error de planificación. En los siguientes diez años, egresarán de estas prisiones hacinadas aproximadamente siete mil jóvenes de entre 18 y 30 años de edad (población económicamente activa). La mayoría no tuvieron la oportunidad de estudiar, aprender un oficio o recibir un proceso terapéutico para dejar de consumir drogas como acostumbraba el Sistema Penitenciario en tiempos pasados.

Lo que resulta realmente contradictorio es que mientras se fortalecen los presupuestos y mejora la capacidad operativa de los cuerpos policiales y de la Corte, la actual administración del Poder Ejecutivo, lejos de fortalecer el Sistema Penitenciario, le recortó en los últimos tres años un poco más de ¢32 mil millones (dato de la Dirección Administrativa de Adaptación Social) lo que en todo caso, supera en muchos millones las inversiones realizadas en nueva infraestructura para alojamiento de prisioneros, construcciones radicalmente insuficientes y sin contar 1900 espacios que el Departamento de Arquitectura de Adaptación Social declaro con “alto deterioro”.

El Instituto Nacional de Criminología, mediante su oficina de Investigación y Estadística, determinó que era científicamente predecible el tamaño de la población penitenciaria actual y las necesidades organizacionales desde que a partir del 2008 el crecimiento se mantiene como una constante. Es decir, la ausencia de recursos e infraestructura es una falla grave en la planificación del Poder Ejecutivo porque desde antes sabíamos la cantidad de sobrepoblación proyectada para los siguientes años. Por lo tanto, estamos frente a una decisión política que ha generado el actual estado de cosas.

Según las proyecciones aritméticas, esta administración terminará su gestión en mayo del 2014 con 4.669 prisioneros de más para un 45.6% de sobrepoblación. Para cuando se inauguren los 2700 nuevos espacios con el empréstito del BID, en diciembre del 2015, según el exministro Ferraro, la sobrepoblación estará en 5666 prisioneros aproximadamente, de los cuales el 48% se hospedará en las nuevas instalaciones y nos faltará aún dar una respuesta satisfactoria al 52%, o sea, 2966 prisioneros según la proyección.

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La gestión ministerial de la Dra. Ana Isabel Garita se inicia en medio de un escenario en crisis y profundamente complicado, pese a lo cual, por los claros atributos, conocimiento de la problemática y capacidad de gestión que le acompañan, estamos seguros de que hará lo necesario para que el proceso de transformación y mejoría del Sistema Penitenciario Nacional se acelere, teniendo en cuenta que los datos de sobrepoblación penitenciaria con que cuenta la institución, así como su proyección, implican la necesidad de hacer bastante más de lo hecho hasta este momento y de aquello que nos va a aportar el empréstito BID-Justicia.

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