Recientemente se ha informado sobre la intención de las autoridades actuales de revisar la decisión del Gobierno anterior que promovió un sistema electrónico único para las compras públicas. Por haber sido quienes llevamos adelante la ejecución de la directriz emitida por la entonces presidenta, Laura Chinchilla Miranda, en calidad de rectores de los ministerios de Hacienda, y de Ciencia y Tecnología, sentimos la obligación de explicar los fundamentos técnicos y legales de dicha directriz, así como sus alcances y beneficios.
En el 2008, el Incae y, en el 2009, el BID y el Banco Mundial realizaron estudios sobre la situación de las compras públicas en el país y su impacto sobre la ejecución del gasto público. En ambos casos se destacó la existencia de grandes oportunidades para introducir mejoras, por cuanto las instituciones del Estado no hacían un buen uso de la tecnología de la información disponible para planificar, administrar y controlar la adquisición de bienes y servicios.
Serias deficiencias. Los estudios revelaron serias deficiencias del proceso de compras del Estado, tales como trámites excesivos y poco integrados, falta de estandarización en normas y procesos de contratación, existencia de múltiples plataformas tecnológicas y ausencia de un registro único de proveedores. Tales deficiencias, encarecían la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, establecían barreras al acceso de pequeñas y medianas empresas a los procesos de proveeduría, e introducían opacidad y riesgos de corrupción en los procedimientos de contratación.
Para el año 2012, un estudio del Micitt determinó que más del 57% de las instituciones del Estado aún mantenían procesos decomprasde bienes y servicios con expedientes en papel, y que, en las instituciones que habían optado por el uso de tecnologías digitales, existían al menos 14 diferentes plataformas electrónicas decompras.
Sobre la base de estos antecedentes, en el año 2012, la Contraloría General de la República emite un informe sobre la situación de las compras públicas electrónicas (DFOE-IFR-IF-5-2012) recomendando a la Presidencia de la República “integrar y, en la medida de lo posible, unificar las múltiples plataformas que apoyan los procesos de compras con distintos alcances en las instituciones del Estado (…)”.
Ventajas de Mer-Link. Con el afán de atender la recomendación del ente contralor, ese mismo año la presidenta de la República solicitó la participación de un grupo de expertos, financiados por el BID y la OEA, para que emitieran recomendaciones de cómo llevar a cabo el proceso de integración de las plataformas de compra pública existentes. Dicho informe fue complementado por otro estudio elaborado por el Dr. Roberto Sasso, presidente del Club de Investigación Tecnológica. De ambos análisis se concluyó que la plataforma tecnológica de Mer-Link desarrollada por el proyecto Gobierno Digital, con apoyo del Gobierno de Corea del Sur –líder mundial en Gobierno Digital– ofrecía un adecuado nivel de madurez para sustentar un mercado de compras público único y más sofisticado, y para garantizar la sustentabilidad y escalabilidad de dicha plataforma.
Igualmente, los análisis legales despejaron el camino, al asegurar que Mer-link es un sistema de compras completamente conforme con la legislación vigente sobre la materia. Además, se dejó en claro que el proceso, lejos de debilitar, fortalecía la rectoría del Ministerio de Hacienda en materia de compras públicas, en tanto las decisiones sobre la materia se mantienen en esta cartera.
A partir de tales recomendaciones, se instala, en el año 2013, la Comisión Nacional de Compras Públicas, conformada por el Micitt, Hacienda y Gobierno Digital, y se emite el decreto que establece que se utilizará el “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link” como plataforma tecnológica de base para crear el Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas.
Es así como las instituciones del Gobierno Central iniciaron su migración hacia la platafoma Mer-Link. Hoy, dicha plataforma electrónica es utilizada para la adquisición de bienes y servicios por más de 110 instituciones descentralizadas, autónomas y municipalidades. Entre los objetivos que se persiguen con este proceso están los siguientes: lograr economías de escala con aplicación de modalidades de subastas a la baja, democratizar el acceso de oferentes a los procesos de adquisición de bienes y servicios mediante la estandarización de carteles y procedimientos, y combatir la corrupción y mejorar la transparencia mediante el uso de las tecnologías digitales. Solo así se podrá consolidar un sistema electrónico de clase mundial más sencillo, ágil y menos costoso.
Potencial de ahorro. Expertos del Banco Mundial estiman que el potencial de ahorro de una plataforma como Mer-Link está entre el 12% y el 17%, dependiendo de cuán rigurosa y agresiva sea su implementación. El Gobierno de Corea del Sur, país líder mundial en las mediciones de la Organización de Naciones Unidas sobre Gobierno Electrónico, es ejemplo del éxito que ha tenido esta plataforma, la cual fue adaptada y diseñada según las necesidades del sector público costarricense.
La decisión de la Administración Chinchilla Miranda de establecer una plataforma electrónica unificada de compras públicas se tomó con base en amplios criterios y estudios técnicos y legales, recomendaciones de la Contraloría General de la República y a la luz de las mejores prácticas a nivel mundial. Los avances obtenidos se lograron gracias al concurso de funcionarios muy profesionales y a una férrea voluntad política que permitió vencer múltiples resistencias burocráticas e intereses comerciales. Confiamos en que esa voluntad se sostenga. Hemos recorrido un buen trecho del camino y en la dirección correcta.
Edgar Ayales Esna, exministro de Hacienda.
Alejandro Cruz Molina, exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.