Opinión

Setena requiere una transformación

Actualizado el 03 de julio de 2013 a las 12:01 am

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Setena requiere una transformación

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La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), creada por la Ley del Ambiente en 1995, es la instancia técnica responsable de administrar la evaluación de impacto ambiental (EIA). Su función principal es la de “armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos”, en un marco de eficiencia, participación y rendición de cuentas. A pesar de eso, durante los últimos años se ha convertido en una fuente continua de quejas de todos los sectores, al punto que se hace necesario replantear íntegramente su función.

El sonado caso de Crucitas tuvo su origen en unaSetena “intervenida” por el Ministro de Competitividad de la Administración Arias. En un periodo de dos meses, en el 2008, se le dio viabilidad ambiental a la ampliación del proyecto, sin solicitar un nuevo y completo estudio de impacto ambiental (EIA).

Lo sucedido con Crucitas es conocido por todos, como también la lapidaria conclusión del Tribunal Contencioso Administrativo, que resumió lo sucedido como “una orquestación de voluntades” de la cual Setena formó parte. En consecuencia, varios funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría están siendo investigados por el Ministerio Público.

En el caso de la refinería china, después de revisado el EIA y el procedimiento seguido por la Setena, se detectó un fuerte paralelismo con el caso de Crucitas. En ese caso, la Setena, incumpliendo sus procedimientos legales, estableció términos de referencia particulares para la elaboración del estudio, omitiendo temas clave para la correcta evaluación ambiental. Con ese fundamento, elEIA de la refinería fue aprobado en un periodo de tiempo relativamente corto y con una larga lista de irregularidades e inconsistencias que nos llevaron a plantear una petitoria absoluta de nulidad dela viabilidad ambiental. El tema mantiene vigencia, porque subsiste la idea de una nueva refinería.

Pero el asunto no termina allí. La Setena fue intervenida desde el primero de marzo por el Minae. El ministro René Castro dijo ( La Nación 25-02-2013) que la razón era agilizar los trámites, que había 30 mil expedientes sin supervisar y algunos municipios tenían ocho años de esperar la viabilidad ambiental de su plan regulador.

Llama la atención el momento en que se hace la intervención, pues los problemas de Setena habían sido señalados desde el 2010. Prácticamente no se hizo nada hasta finales del año pasado, cuando se convocó nuevamente a una Comisión Mixta para trabajar en el asunto. No obstante, de forma sorpresiva, después de muchos retrasos en el inicio del trabajo, el ministro Castro lo suspendió y prefirió la intervención.

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Ahora, después de varios meses, los resultados no se ven por ningún lado. Setena es más lenta que nunca y toma decisiones desconcertantes en cuanto a los planes reguladores, provocando un enorme atraso en el de por si debilitado ordenamiento territorial del país.

En medio de todo esto, con la Setena intervenida y con un rumbo confuso, la entidad recibe el EIA de otro megaproyecto, la terminal de contenedores de Moín. En medio de la revisión y sin que todavía se sepan sus resultados, los funcionarios de la empresa declaran que empezarán la construcción en setiembre, condicionado a que antes tendrán la viabilidad ambiental de una Setena intervenida.

Pero hay más, el ministro René Castro declaró que al final de esta administración se espera concluir la licencia ambiental y social del megaproyecto Diquís.

¿Qué grado de confianza nos dan las resoluciones de la Setena, en particular para los grandes proyectos estratégicos? ¿Tenemos garantía de que las decisiones están basadas únicamente en aspectos técnicos y científicos?

La situación está “tocando fondo” y la solución no saldrá de la misma Setena, ni tampoco del Minae. Urge aprobar el proyecto de ley para despolitizar la Setena, dándole autonomía técnica para la toma de decisiones. Solo así será posible plantear una renovación integral de la entidad y la restauración de la evaluación ambiental como instrumento clave para aplicar el artículo 50 de la Constitución. Retrasar esta solución solo servirá para judicializar los trámites de EIA, con el consecuente estancamiento del país.

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