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Setena y los planes reguladores: una reforma urgente

Actualizado el 02 de julio de 2014 a las 12:00 am

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Setena y los planes reguladores: una reforma urgente

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En el diseño e implementación de normas para buscar resolver problemas ambientales, en no pocas ocasiones generamos efectos no deseados (y problemas adicionales) que, a pesar de la claridad con que se identifican, no es posible solucionar –por un sinnúmero de razones– en un plazo relativamente corto y de manera efectiva.

Ordenamiento territorial. Ejemplos sobran en esta área del derecho, pero el siguiente es especialmente relevante por las implicaciones que conlleva para poder a la vez atender un desafío particularmente importante: el ordenamiento territorial, ante la ausencia, insuficiencia o desactualización de los planes reguladores. Paradójicamente, existe un consenso sobre la imperiosa necesidad de generar, aprobar e implementar estos planes como un mecanismo para hacer frente a las debilidades del ordenamiento del territorio, aspecto que, además, constituye una de las principales causas de la huella ecológica negativa del país. Este llamado de atención se encuentra plasmado en múltiples diagnósticos, estrategias de desarrollo, políticas de ordenamiento territorial, informes de fiscalización de la Contraloría, etc.

Viabilidad ambiental. De esta manera, un requisito imprescindible para la aprobación final de los planes reguladores es obtener la viabilidad ambiental otorgada por la Setena. Esta obligación ha quedado incorporada en normativa vigente y, específicamente, se ha publicado un instrumento jurídico (conocido como el Reglamento de los Índices de Fragilidad Ambiental, o IFA, Decreto No 32967-Minae del 2006) para regular cómo la variable ambiental se debe incorporar en los planes de uso del suelo.

A pesar del avance que esta obligación y normativa ha representado, con el paso del tiempo diversos actores han reconocido las dificultades para satisfacer los requisitos establecidos en ella, pues conlleva la presentación de información que no se encuentra disponible ni es sencillo producir. No obstante, mediante interpretaciones y una aplicación flexible de esta reglamentación, fue factible en el pasado otorgar la viabilidad ambiental a planes reguladores, ante las dificultades de seguir al pie de la letra lo establecido por el ordenamiento jurídico.

Inconvenientes. Estos inconvenientes no han pasado inadvertidos para las mismas autoridades, que, como reporta la Comisión Especial que se creó en el 2013 para revisar diversos aspectos del funcionamiento de Setena (decreto No.37675-Minae), determinaron que “… se identificaron aspectos importantes a reformar tanto en los instrumentos de EIA para obras, actividades o proyectos, como en los relacionados con la inclusión de la variable ambiental en los planes reguladores. Sin embargo, en ambos casos las posibles soluciones requieren un mayor análisis técnico, así como coordinación interinstitucional para definir claridad de competencias y responsabilidades. Para resolver esta situación, se proponen acciones de mediano y largo plazo”.

Si las sugerencias de reforma procedieran únicamente de consultores privados, habría algún espacio para la duda respecto a su motivación, pero también tienen como origen reconocidos programas de universidades públicas que han manifestado las dificultades para poder elaborar planes reguladores bajo la legislación vigente.

Cabe indicar que el propio reglamento de los IFA ya había previsto –en su punto 8– que la Setena, en coordinación con la Comisión Mixta de dicha institución, deberían revisar el citado instrumento cada dos años y proceder a realizar los ajustes técnicos.

Desafortunadamente, a diferencia de lo que indica el documento emanado de la Comisión Especial, las acciones de medio y largo plazo no son congruentes con la urgencia del país de aprobar planes reguladores y ordenar el uso del territorio, ante escenarios de cambio climático y de una huella ecológica negativa, cada vez mayor. De esta manera, mientras estas actuaciones se concretan, el efecto inmediato resulta en el no otorgamiento de viabilidades ambientales a los planes, con la consiguiente imposibilidad de continuar con su posterior trámite, aprobación e implementación.

Decisión política. Si bien no es posible desaplicar los reglamentos vigentes, esta problemática podría ser resuelta mediante una decisión política para modificar –y mejorar– la legislación. Debe quedar claro que las reformas no deberían orientarse a la reducción de requisitos o a la simplificación de trámites, sino hacia la creación de marcos legales que –sin descuidar la necesidad de integrar la variable ambiental en planes de uso del suelo– permitan simultáneamente abordar las carencias del ordenamiento territorial del país.

Se trata de un camino donde no resulta tan difícil avanzar, siempre que exista la voluntad de recorrerlo.

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