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EDITORIAL

Sequía crónica y alerta temprana

Actualizado el 07 de julio de 2015 a las 12:00 am

La escasez de lluvias ocasionó pérdidas agropecuarias por ¢14.000 millones en Costa Rica, en el 2014, y la crisis afectó a unas 5.000 familias

Es necesario invertir en sistemas de alerta temprana, infraestructuras de contención y programas de irrigación que disminuyan la dependencia del patrón de lluvias

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Aunque no posea la severidad que en el resto de Centroamérica, la sequía en el Pacífico costarricense es la peor en ocho décadas, sobre todo en la provincia de Guanacaste, donde el ingreso de la estación lluviosa se atrasó hasta este mes. La mala noticia es que el déficit hídrico se agravará en los próximos años y sus efectos adversos se verán potenciados por el cambio climático global.

Como lo apuntó la Cepal desde hace un lustro: “Las sequías se asocian ampliamente con procesos de degradación ambiental, los que, combinados con condiciones climáticas adversas, incrementan su recurrencia e intensidad”.

Centroamérica es una de las zonas más frágiles del planeta, debido, entre otros factores, a la preponderancia del sector primario, la producción de granos básicos y la economía de subsistencia. La agricultura regional vive una situación precaria desde el 2012, a consecuencia de las malas cosechas y de la roya del café, la cual empeoró el año pasado debido a la sequía extrema.

En el 2014 no llovió durante 45 días seguidos en el corredor seco centroamericano, que va de Guatemala al norte de Costa Rica, y se perdió más de la mitad de la cosecha de maíz y frijol –un 70% en Honduras–, que forma la base de la alimentación popular en la mayoría de los países, con excepción del nuestro.

Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), unos 2,5 millones de centroamericanos están expuestos a la posibilidad de sufrir hambrunas en los próximos años, si el clima se deteriora aún más y los Gobiernos no son capaces de ejecutar políticas de mitigación y una paulatina transformación del modelo agrícola.

La escasez de lluvias ocasionó pérdidas agropecuarias por ¢14.000 millones en Costa Rica, en el 2014, y la crisis afectó a unas 5.000 familias. Ante la inminencia de una nueva alteración de los patrones pluviales, para el 2015, el Gobierno actuó de forma responsable y declaró el estado de emergencia nacional en 19 cantones de Guanacaste, Puntarenas y Alajuela, el pasado 30 de setiembre. Sin embargo, los recursos prometidos, que ascienden a ¢15.510 millones, estuvieron disponibles cuatro meses después y empezaron a girarse en el segundo semestre del 2015, cuando ya estaban en riesgo medio millón de cabezas de ganado –de las cuales murieron más de un centenar– y una parte de la producción de arroz, caña de azúcar y melón.

La sequía, según los expertos, llegó para quedarse, tanto como resultado del fenómeno de El Niño como del cambio climático. El hábitat centroamericano, ya de por sí vulnerable, se trastornará en las próximas décadas y cada año serán más normales las situaciones extremas: inundaciones en el Atlántico, escasez de lluvias en el Pacífico, incendios forestales y otros desastres medioambientales.

Ante este desafío, cuyos efectos socioeconómicos y ambientales ya sufrimos, el país debe mitigar su vulnerabilidad climática. Las políticas de gestión del riesgo agropecuario, especialmente con la inversión en sistemas de alerta temprana, infraestructuras de contención y programas de irrigación que disminuyan la dependencia del patrón de lluvias, han sido exitosas en otras naciones vulnerables de Latinoamérica, como Brasil y México, y deben unificarse en una estrategia integral que involucre al Estado, los productores y las comunidades afectadas.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ya inició la distribución de ¢1.650 millones en insumos y alimento para ganado, todo lo cual es indispensable para paliar la emergencia inmediata. A su lado, sin embargo, es indispensable que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) invierta a mediano y largo plazo en la construcción y rehabilitación de pozos, sistemas de acueductos y cisternas, destinados a mejorar los sistemas de riego para consumo animal y la seguridad hídrica de la población de Guanacaste y Puntarenas.

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