Opinión

Senel Briones Castillo: La Tercera República

Actualizado el 27 de junio de 2015 a las 12:00 am

La reforma implica atacar las causas del mal para concebir mejoras en la gestión administrativa

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Los costarricenses se fueron a las armas en una guerra civil, en 1948, para sepultar la corrupción pública que pretendía perdurar en el poder, y, a raíz de este acontecimiento, nuestra Constitución edificó un modelo democrático que se consolidó de forma admirable con instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (1941), el Instituto Costarricense de Electricidad (1949), por citar dos de importancia histórica.

Si bien los constituyentes escribieron el guion social con amplia libertad y genialidad, ahora nos encontramos con otros aires y poco a poco se ha ido evidenciado la necesidad de mejoras.

La Constitución ha quedado coligada a nuestros tiempos de crisis; de los que, se afirma, solo se podrá salir con una Carta Magna diferente, que garantice nuevos derechos, cree nuevas instituciones y genere nuevas esperanzas.

La reforma implica atacar las causas del mal para concebir una mejora en la gestión administrativa y la existencia de una gestoría especializada e interdisciplinaria.

Esto conlleva, por tanto, la obligación sistemática de un proyecto de convivencia pleno y consistente, de unión nacional. Lo cierto es que estamos en un contexto multicultural y globalizado, fugaz y fragmentario, convencido de que el bipartidismo llegó a su fin.

Habría que apoyarse en un radical impulso democrático, pues existe la posibilidad de una reforma total: límite a los privilegios de los cargos públicos, ampliación de la participación directa de los ciudadanos mediante el referéndum y el voto electrónico; la revocatoria de mandato y la solicitud de reelecciones; poner algún freno a la dominación de los mercados para mantener la posibilidad de autoabastecerse; y fortalecer derechos básicos como la protección de la salud y el disfrute de una vivienda digna, así como a la educación.

Representatividad. En otro orden, la reforma debe incrementar el número de diputados, pues somos un país que ha aumentado su población y es necesario que exista una mayor representación en la Asamblea, lo cual se lograría modificando la elección de los diputados para que tengan una vinculación más directa con los electores. Para ello, sería necesario crear más distritos electorales –en la actualidad son 480– que los designe mediante voto popular, pero debe existir una carrera parlamentaria en donde se aproveche no solo la experiencia acumulada, sino que brinde también capacitación, si es que queremos cambiar al sistema parlamentario.

Debe también fortalecerse al pueblo, habilitando mecanismos para quitar la inmunidad al diputado que haya incurrido en actuaciones reprochables, para que pueda ser juzgado y que ello implique la revocatoria de su mandato.

Esto último –la revocatoria– debe ser más accesible al pueblo, y aplicable también al síndico, al regidor, al alcalde, al ministro e incluso al presidente vía referéndum. Para ello, la tecnología ha de ser aprovechada mediante el voto electrónico o digital.

Fijar objetivos. Se requiere un Plan Nacional de Desarrollo que fije metas a corto y mediano plazo, que planifique inversiones públicas y defina el rumbo del progreso que deseamos todos los costarricenses.

Es necesario instaurar una gestoría especializada e interdisciplinaria que fiscalice las metas y objetivos de cada institución, de profesionales, que revise los informes de rendición de cuentas de estas instituciones, y a partir de allí replantee o realimente sus gestiones administrativas, en coordinación con sus auditores y administradores. Asimismo, debemos comenzar a planear presupuestos que no sean solo de un año, sino que se prolonguen en el tiempo, armonizando todas las metas institucionales y proponiendo inversiones públicas de acuerdo al análisis del mercado interno y externo.

Paralelamente, deben establecerse nuevas políticas de empleo público y de servidores de confianza, para mejorar la calidad del funcionamiento del aparato estatal y garantizar una mayor equidad en los salarios y pluses de los empleados públicos.

Finalmente, en la Carta Magna reformada debe establecerse de manera expresa que la Sala Constitucional solo tiene competencia para ejercer el control constitucional en cuanto al procedimiento, y en ningún caso sobre aspectos de fondo. La definición de los aspectos que deben transformarse le competen al Poder Constituyente.

Tengo la esperanza de que los legisladores interpreten correctamente las señales de los tiempos y abran paso a la tercera República, buscando siempre una democracia totalmente participativa, donde el poder provenga de un pueblo capaz de exigir, evaluar, controlar y obligar a sus representantes a rendir cuentas y a responder por sus decisiones.

(*) El autor es abogado y alumno de la maestría profesional en Derecho Público.

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