Sin entrar por el momento en el detalle de las cifras –las que serán minuciosamente examinadas por la comisión–, pero dado que fueron señaladas por don Luis en su artículo, parece oportuno señalar algunos temas que la comisión deberá tener en cuenta en su trabajo.
ka. El déficit del Gobierno se origina en la insuficiencia de los ingresos ordinarios para cubrir sus gastos recurrentes, tales como salarios, pensiones y programas sociales. Un ingreso extraordinario (que ocurre una única vez) aliviaría la situación por un año, pero dejaría el problema de fondo sin resolver. Por lo tanto, el traslado de posibles superávits acumulados de instituciones estatales constituiría un alivio, pero no una solución al déficit fiscal.
kb. En cuanto a las empresas públicas que venden sus servicios al público, hay que analizar muy detalladamente cada caso, ya que esta descapitalización pondría en desventaja competitiva a aquellas que operan, o están a punto de operar, en mercados competitivos (entidades en competencia son, por ejemplo, los bancos estatales, mientras el ICE en telecomunicaciones y el INS en seguros están viviendo un proceso de apertura gradual). Por otro lado, en el caso de las que operan en condiciones monopólicas, cualquier excedente debe aplicarse a los proyectos de inversión de la entidad, o a una reducción en las tarifas por el servicio brindado, las cuales por ley deben reflejar su coste.
kc. Un porcentaje importante del superávit generado por algunas entidades públicas en el 2010, tanto libre como específico, fue ya asignado al presupuesto del 2011 y por tanto no podría ser trasladado fuera de esas entidades.
Las consideraciones anteriores no deben ser impedimento para estudiar detenidamente la situación financiera de las instituciones autónomas y así lo estamos haciendo. Sin embargo, trasladar los recursos excedentes de cada una de ellas al Gobierno Central, tal y como lo propone el señor Fishman, es difícil que sea una solución al problema del déficit. Es muy probable que estos recursos tengan que considerarse, en el mejor de los casos, como un alivio temporal. En consecuencia, probablemente sería mejor usar estos recursos para una reducción de la deuda pública y no para financiar gasto corriente. Desde esta perspectiva, la propuesta del diputado Fishman podría ser un complemento importante de las propuestas tributarias del Gobierno, pero es difícil pensar que pueda actuar como un sustituto del proyecto de “Solidaridad tributaria”.