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¿Saldremos adelante?

Actualizado el 30 de julio de 2015 a las 12:00 am

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La estructura del gasto, el déficit fiscal y el endeudamiento público son los problemas más graves del país desde hace más de siete años. Los ingresos fiscales están prácticamente estancados y la evasión, las amplias exoneraciones, la creación de nuevas instituciones sin recursos y un recurrente desorden y falta de control en los gastos afecta las finanzas del Estado.

También son perjudiciales para la salud financiera las transferencias a otras instituciones sin exigir resultados y las convenciones colectivas porque incrementan los costos operativos año a año.

Periodo tras periodo nos endeudamos para cubrir gastos corrientes. Hoy la deuda del sector público llega al 58,6% del PIB y la del Gobierno al 40%, con un crecimiento del 3% anual.

Los gastos corrientes del Gobierno, a partir de la crisis del 2008, se han venido disparando hasta llegar al 20,1% del PIB y los ingresos permanecen entre el 13,5% y el 14% del PIB. El resultado es un déficit entre un 5,5% y un 6% del PIB.

Para el presupuesto del 2016, si no se produce un cambio, un 45% de los gastos se financiarán con más deuda, no obstante la estructura rígida con que opera el país: salarios 32%, intereses y amortización de la deuda 33%, transferencias al sector privado 8%, transferencias al sector público 20%, gastos de capital sin recursos externos 4% y bienes y servicios 3%. Los salarios se pagarán, ¿adivinan con qué? Con deuda.

Es importante tomar en cuenta que el presupuesto tiene una serie de disposiciones legales y constitucionales que son una camisa de fuerza. Al Gobierno, curiosamente, le queda un margen de un 5%, que resulta poco operativo si no hay voluntad política de hacer un cambio.

Lo triste de nuestra estructura presupuestaria es que por cada colón de ingresos, se nos va 1,80 en pagos.

Reforma fiscal. Es un hecho que si no buscamos una solución a la expansión del gasto público y no se logra una reforma fiscal, el servicio a la deuda pasaría de un 32% en el 2015 al 63% en el 2021. Esto significaría absorber los recursos destinados a programas sociales.

Costa Rica invierte menos del 2% del PIB en infraestructura y requerimos al menos un 6% para crecer. Los pagos por deuda son de un 2,4% del PIB y, de continuar endeudándonos, serán el 6% del PIB en el 2020.

Hay que buscar nuevos ingresos, pero también hay que actuar rápido en ajustar el gasto, para lo cual va a requerirse un acuerdo nacional a fin de recuperar el crecimiento. El sector productivo no está invirtiendo y el desempleo y la informalidad van en aumento.

Contraste. Pese a este panorama tan complejo, los empleados públicos, cuyos salarios superan en cerca de un 50% a los empleados del sector privado, siguen demandando más beneficios.

Las elevadas cesantías, las incapacidades, las anualidades y las decenas de pluses asfixian el presupuesto nacional. Los empleados públicos se incapacitan hasta cinco veces más que quienes laboran en el sector privado.

A pesar de que pasamos de invertir en educación un 2,8% del PIB en 1994 al 5,9% en el 2014, el 75% de ese dinero se dedicó a aumentar la planilla y solo el 25% a mejorar infraestructura.

Hoy destinamos cerca de ¢1,7 millones anuales a cada estudiante en la educación pública y, sin embargo, tenemos más administrativos que docentes.

Pensiones. El gasto en los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto significa el 2,5% del PIB y se prevé que será insostenible financieramente de no lograrse cambios relevantes.

Los regímenes especiales sostienen a 60.000 pensionados cuyos beneficios exceden sustancialmente a los del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.

La pensión promedio de los primeros es de 3 a 6 veces más alta que la de los segundos: un 90% del salario promedio versus un 46%.

En el Poder Judicial se promedian los últimos 24 salarios, mientras que el IVM está basado en los últimos 240 salarios.

Las pensiones de privilegio más altas llegan a ¢16 millones mensuales, en contraste con el ¢1,5 millones como máximo que recibirá un jubilado por el IVM.

Las pensiones de lujo, cuyos derechos datan de antes de 1992, mantienen el beneficio al salario total del último puesto. Esto significa todos los pluses más ajustes salariales. Los que se pensionaron después de 1992 tienen una pensión indexada al costo de vida. El 3% de los 60.000 jubilados consumen el 15% de los gastos totales. En el 2013 se ejecutaron ¢655.000 millones para los regímenes especiales y los ingresos fueron de apenas ¢56.000 millones.

Sector público. El problema fiscal y de gasto público es complejo, pero si el país consiguiera comprometer a todos por igual a apegarse a un programa de austeridad, transparencia y modernización el resultado sería la estabilidad y el crecimiento.

Para concretar una reforma fiscal, es necesaria la confianza de los costarricenses en el manejo de los recursos públicos. Es insostenible seguir creando nuevos programas sin tener ingresos.

El argumento de la independencia de poderes y la autonomía institucional en materia financiera es inviable en una época en que no se ha logrado ordenar el sector público.

El Estado es unitario y el Poder Ejecutivo debe ser el responsable de coordinar y ordenar la gestión. Solo así se combinarán armonía y eficiencia.

Jorge Woodbridge es ingeniero

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