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Rutas de buses deben licitarse

Actualizado el 07 de septiembre de 2016 a las 12:00 am

Hacerles parches a las concesiones no es justo para el millón de usuarios de buses

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Rutas de buses deben licitarse

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En el artículo “Autobuseros tienen permisos, no concesiones” publicado el pasado 23 de julio expliqué que el 100% de las rutas de transporte público son permisos, no concesiones, y que las supuestas actuales concesiones que se firmaron en el 2014 son contratos válidos, pero no eficaces. Son contratos sin efecto jurídico alguno, según dictamen C-103-2015 de la Procuraduría General de la República, pues el requisito formal es el refrendo de la Aresep, que no se ha dado.

La Procuraduría, en dicho dictamen, también menciona que según los oficios DAJ-2015001429 y DAJ-2015001491, de la Dirección Jurídica del Consejo de Transporte Público, se puede equiparar el título habilitante de concesionario al de permisionario, pero teniendo claro que sería única y exclusivamente mientras se otorga el refrendo del contrato de concesión por parte de la Aresep, permiso que sería concedido a los operadores que ostentaban un derecho subjetivo de renovación de concesión.

Debo aclarar que el derecho de renovación de la concesión no es un derecho ipso iure (de pleno derecho), sino que depende de que el concesionario haya cumplido a cabalidad con los estándares de calidad requeridos para satisfacer el interés público durante todo el periodo de su concesión.

Es el Reglamento para la Evaluación y Calificación de la Calidad del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas, decreto ejecutivo 28833-MOPT, el documento que establece dichos estándares de calidad.

Fundamentación. La Procuraduría, en el dictamen C-165-2014, analizó la renovación de la concesión, y señaló que esta no se limita a una simple prórroga, y aseguró textualmente que la Administración no puede limitarse a ampliar el plazo de la concesión por siete años más, así como tampoco puede considerarse que el concesionario tiene un derecho a la renovación porque esta debe ser consecuencia de la valoración de elementos fundamentales en la prestación del servicio: calidad, eficiencia, bases financieras de la empresa, mantenimiento, seguridad, higiene, terminales, estacionamientos y cumplimiento de las obligaciones del concesionario. En general, el respeto de los derechos de los usuarios.

De acuerdo con el criterio de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria de la Aresep, en su oficio 356-DGAJR-2015, a partir del artículo 12 de la Ley 3503 dicha concesión no se otorga solamente mediante un acuerdo de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, sino que se encuentra compuesto por varios actos administrativos que emanan tanto del Consejo como de la Aresep.

La Sala Constitucional consideró –entre otras, en la resolución 2003-11382– que el buen funcionamiento de los servicios públicos comprende el derecho a exigir que los servicios sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente.

En buena teoría, los permisos se concederían excepcionalmente y por un plazo de tres años, mientras se preparan las licitaciones para otorgar las concesiones. La autorización que da la ley para otorgar permisos es solo temporal y con el fin de darle continuidad al servicio público.

La realidad es otra, en lugar de abrir a licitación las rutas de buses, la Junta Directiva del CTP acordó renovar las concesiones, al tiempo que autorizó los permisos para la explotación de las rutas. Se utilizan los permisos no de forma temporal, sino para evadir el requisito legal de refrendo por parte de la Aresep, valga decir que dos años después no ha llegado a la Autoridad Reguladora ni un solo contrato de refrendo que cumpla con los requisitos mínimos solicitados.

Lo correcto, según la Ley 3503, sería abrir una nueva licitación para las líneas de autobuses y dejar de hacer modificaciones en los contratos, pues hacerles parches a las concesiones anteriores no es justo para el millón de personas que entran en bus todos los días a San José.

No más renovaciones. La Defensoría de los Habitantes, en el oficio 02700-2014-DHR, plantea que en el periodo 2007-2014 las concesiones otorgadas fueron prácticamente prorrogadas y no renovadas, ya que no se realizaron procesos de licitación y de esa forma los concesionarios obtuvieron casi automáticamente el derecho a prestar el servicio por siete años más. Lo que está a punto de suceder de nuevo en este periodo.

La Defensoría estimó que es necesario que el CTP valore la posibilidad de pasar de la renovación de las concesiones al proceso de licitación pública, es decir, desacelerar el proceso de renovación de concesiones en curso.

Afirma que el CTP no ha evaluado, ni fiscalizado adecuada y constantemente la prestación de los servicios concesionados y que no se debe renovar ninguna concesión mientras el CTP carezca de un mecanismo técnico y estadísticamente válido para medir periódica y sistemáticamente el criterio de los usuarios en cuanto a la prestación de los servicios concesionados en concordancia con el artículo nueve de nuestra Constitución Política.

Este es una oportunidad de oro que tiene el Poder Ejecutivo para hacer un reordenamiento del sistema de transporte público nacional. Estamos aún a tiempo de abrir a licitación las rutas de buses, una licitación que se ajuste a las necesidades de los usuarios y los requerimientos del siglo XXI.

La autora es diputada del PAC.

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