Opinión

Rodrigo Castro: Ineficiencia en el sector público

Actualizado el 06 de junio de 2015 a las 12:00 am

La empresa privada privilegia el riesgo y la rapidez, y confía en sus proveedores

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Es imposible que el sector público compita con el privado con base en la eficiencia.

La diferencia entre ambos está en la propiedad de la empresa y sus consecuencias sobre la eficiencia.

Las empresas públicas pertenecen a todos los costarricenses; las privadas, a una o a un número reducido de personas. Nuestro patrimonio debe cautelarse con celo y rigurosidad, la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa son inevitables.

Un mismo número de personas con los mismos salarios, dedicadas a obtener un mismo resultado, genera costos en proporción al tiempo. Utilicemos el proceso de compras para hacer la comparación, ya que todas las empresas tienen que comprar. Analicemos las etapas cuyos costos se pueden medir más fácilmente dejando de lado aspectos tan importantes como “percibir” la necesidad. Partamos suponiendo que ambos contendientes, la empresa pública y la empresa privada, ya tienen su necesidad percibida y autorizada internamente.

Lo primero que tiene que hacer una empresa pública es incluir el requerimiento en el presupuesto, proceso imposible de obviar en la Administración Pública: el presupuesto lo aprueba la Contraloría General de la República (CGR). Ya entramos perdiendo. Las empresas privadas competitivas no permiten que el ciclo fiscal interfiera con sus ciclos de negocios, independizan ambos mediante sistemas de información.

La empresa competitiva maneja un presupuesto flexible y dinámico, capaz de ajustarse a las circunstancias. Se modifican prioridades y se reacomodan partidas en una reunión de gerencia. ¿Se puede hacer eso en el sector público? ¡Categóricamente no! El patrimonio de los costarricenses no se puede arriesgar. Cualquier inversión tiene que estar segura, por eso se exigen estudios de factibilidad para reducir el riesgo de la inversión, aunque hoy día los supuestos que se usan en los estudios de factibilidad pierden validez. En el siglo pasado la velocidad del cambio no era tan grande y nuestro sector público funcionaba mejor.

En el sector público el riesgo es prohibido y penado con cárcel, pero en la empresa privada el riesgo se premia y se toman decisiones en menos tiempo. El sector público emplea muchos recursos (y mucho tiempo) tratando de disminuir el riesgo. El gerente de la empresa privada se entrena en tomar decisiones en condiciones de incertidumbre.

Licitación a examen. Apenas vamos por la etapa del presupuesto y ya es evidente que el sector público no puede competir con base en eficiencia con la empresa privada. Pero sigamos.

¿Se puede eliminar la licitación del sector público o pretender que el proceso iguale en eficiencia el de una empresa privada? No mientras pensemos que una licitación es indispensable para adquirir bienes y servicios. Se adjudica al que cumple las especificaciones técnicas y legales y ofrece el precio más barato.

Las especificaciones legales no ofrecen mucha dificultad; en cambio, la formulación de especificaciones técnicas tiene una gran cantidad de restricciones e inconvenientes. Buenas especificaciones requieren conocimientos profundos que no se entregan en las universidades y que hoy los tienen los proveedores, siendo que los que están interesados en la licitación son los que están anuentes a entregarlos, pero el reglamento señala que el proveedor que asesora no puede participar en la licitación. La CGR considera que se produce un “conflicto de intereses”.

En cambio, en la empresa privada se reconoce que el 80% del conocimiento sobre la nueva tecnología se obtiene de los proveedores y se establecen relaciones más abiertas con ellos. Se obvia además la elaboración de especificaciones técnicas para una licitación, pues durante el examen del producto estas se incluyen y se comparan conforme se analizan. Los proveedores alternativos se encargan de explicar sus especificaciones técnicas, pues forman parte de los elementos diferenciadores.

Para equiparar el proceso de compras del sector público con privado, habría que permitir un mayor riesgo y apostar más por la ética de los involucrados, que se consideran éticos mientras no se demuestre lo contrario.

(*) El autor es especialista en Desarrollo Administrativo y Sistemas de Información

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