EscucharEs realmente inconcebible y hasta deprimente leer las posiciones tanto del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como del ministro de Energía ante la posibilidad de que el Directorio de oposición de la Asamblea Legislativa reviva el proyecto de ley sobre contingencia eléctrica.
Su negativa a aceptar que el país vive una emergencia en materia de altas tarifas eléctricas es patética e insultante para los miles de desempleados producto del cierre de empresas, ocasionadas primero por el impacto de las altas tarifas eléctricas; luego por la desaceleración económica que dichos cierres desencadenaron; y, por último, por la inacción del actual gobierno ante esta tragedia social.
La electricidad se ha convertido en la energía más cara de entre las que disponemos. El contenido energético de un litro de gasolina regular es de 10 kilovatios hora y cuesta ¢600 actualmente, incluyendo el 30% de impuestos.
Esto implica que el costo unitario de un kilovatio-hora es de ¢60. Mientras que el mismo kilovatio-hora de energía entregado por el ICE en sus zonas de servicio varía entre ¢84 y ¢150, sin incluir el 13% de impuestos.
No es entonces mera casualidad que la inmensa mayoría de los negocios de comida del país hayan migrado hacia el propano para cocinar.
Quien todavía cocina con leña, como en el siglo XIX, disfruta de un mucho mayor ahorro, aunque con ello contribuya negativamente a la deforestación del país.
Bajar los costos. La actual obligación legal del ICE es atender la demanda eléctrica sin importar el costo de la tarifa, de manera que para ellos es muy fácil justificar el alto nivel que han alcanzado sus tarifas, a las cuales definen como “razonables”, término que implica para ellos una muy poca o nula preocupación para reducir lo que pagan los abonados.
Cuando el ICE fue fundado, la obligación legal que se le encomendó fue producir al costo, que en aquella época se entendió como el mínimo costo, puesto que la tarifa estaría desprovista de una ganancia lucrativa.
Esa electricidad al costo fue para Costa Rica, durante décadas, una gran ventaja competitiva ante nuestros más cercanos socios y vecinos comerciales, pero la perdimos hace varios años y, finalmente, terminó impactando negativamente todo el tejido social.
En la actualidad, el ICE está obligado por una directriz presidencial de la administración Chinchilla a comprar energía eléctrica producida por generadores privados al menor costo de mercado, pero desgraciadamente existe un tope legal del 15% impuesto desde hace 25 años en la Ley 7200, lo cual le impide mayores compras al productor privado de esa al mínimo costo.
Elevar los topes de producción al sector privado y convertir la directriz presidencial en ley de la República son por ahora los únicos recursos legales para ayudarle al Instituto Costarricense de Electricidad a continuar comprando y entregando energía a bajo costo.
(*) Expresidente de la AIEEE
