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Retraso del expedientedigital: la punta del iceberg

Actualizado el 01 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

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Retraso del expedientedigital: la punta del iceberg

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El editorial de La Nación del 26 de octubre, “Tres lustros de retraso”, referente a la falta de voluntad para poner en marcha el expediente digital en la CCSS, del cual depende en gran medida su modernización y eficiencia, así como el control de los abusos en su seno, se suma a varios reportajes de este diario sobre las incapacidades abusivas y a otros referentes a la desidia en la gestión pública. Estas fallas no son casuales ni obedecen a una tontera nacional crónica. Se trata de problemas de ordenamiento institucional que están llevando al país al colapso, y que no se resuelven por separado, si no se atienden las causas institucionales que los generan y enlazan. Los usuarios y la ciudadanía en general estamos ausentes en las decisiones y carecemos de controles.

En la Junta Directiva de la Caja no estamos representados quienes financiamos el sistema, sino “delegados gubernamentales” y “dirigentes populares” nombrados por el Ejecutivo. Directivos que se han preocupado más por nombramientos de allegados y contratos leoninos como el finlandés o el español que por evaluar y corregir el funcionamiento de la institución. Los usuarios somos simples convidados de piedra, sin ninguna capacidad de exigir cuentas.

En el Consejo Superior de Educación y en la Dirección de Transportes, para citar solo dos casos más del sistema, tampoco estamos representados los usuarios. En el primero están los educadores y las universidades (que es lo mismo), en el segundo tienen una posición privilegiada los autobuseros. Por eso, solo cuando hay desastres como el deslave en la carretera de Circunvalación, que paralizó el tránsito en la capital, se pudieron poner en marcha las rutas interlineas.

Se trata de fuerzas subyacentes empotradas con gran capacidad decisoria en el sistema público cuyo papel debe redefinirse si queremos que nuestras instituciones funcionen para el beneficio general. Pero, más que un simple cambio de personas, requerimos de un sistema institucional moderno y operativo que evalúe la gestión por resultados e impacto (y no de metas antojadizas) y –lo que es más importante– que apodere a la ciudadanía de control sobre sus instituciones, como tienen los suizos, para revocar ágilmente del cargo a sus responsables de la mala gestión.

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La Nación ha hecho bien en investigar y denunciar las inconsistencias entre el decir y el hacer de los jerarcas políticos. Pero, si no se quiere provocar una actitud fatalista sobre la “incapacidad innata” de los ticos, hay que profundizar en el análisis y ver las causas estructurales. Hay que sacarlas a flote y proponer los cambios que requiere nuestra institucionalidad, estimulando que estas sean objeto de discusión en la campaña política.

Estamos ante una situación muy difícil: o le entramos de lleno al problema del sistema y orientamos la discusión nacional en la búsqueda de soluciones o vamos a seguir reaccionando frente a los shocks morales y “deslaves” trágicos, cada vez más frecuentes y peligrosos.

El problema es el cambio y ajuste institucional, y en esto tiene un papel muy importante la prensa, pues no se trata solo de evidenciar los intereses de los grupos posicionados en las estructuras de poder, sino de educar en la visión de sistema, como, por ejemplo, democracias avanzadas como la suiza. Al costarricense heredero de la parcela y el negocio pequeño le es difícil ver las relaciones causa-efecto y percibir el funcionamiento de sistemas de poder.

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