Opinión

Respuesta a reportaje sobre pago de incapacidades en el Poder Judicial

Actualizado el 15 de octubre de 2015 a las 12:00 am

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Respuesta a reportaje sobre pago de incapacidades en el Poder Judicial

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El pasado 9 de octubre se publicó en este diario la siguiente noticia: “Sala Cuarta protegió privilegio en incapacidades de la Corte”. El titular sugiere que la decisión contiene una desviación de poder, explícita o implícita, cuyo contenido es contrario a la Constitución o, por lo menos, a la ética.

Cualquiera que lea la noticia o que haga lo que tantas veces ocurre, que solo lea el titular, le queda un mensaje claro: los jueces que decidieron ese asunto amañaron una sentencia que legitima un privilegio reprochable. No menciona que en el considerando 9 de la sentencia se inhibieron todos los titulares y que por producirse también la inhibitoria de un grupo importante de magistrados suplentes, dos titulares, por imperativo legal, debieron participar en la decisión del asunto.

Este era un dato relevante, pero en el comentario de la noticia no destacan que los jueces titulares, funcionarios judiciales, se excusaron de resolver el asunto. Por alguna razón se omitió este dato, ignorando que la mayoría de los magistrados que resolvieron la acción, cinco de ellos, no eran funcionarios judiciales.

Con esta omisión la mesa de la “mala uva” estaba servida: jueces aplicaron argumentos espurios para beneficiarse con una decisión.

En una sociedad en la que el imaginario colectivo asume que cualquier acto resulta sospechoso o abusivo, el titular y la omisión solo llevan a una conclusión: el tribunal constitucional resuelve conforme a motivaciones inconfesables.

Al leer el titular, imaginé que dirían cuáles eran esos argumentos torticeros que habían inspirado la decisión, pero casi no se analiza el fallo, solo se dice que hay una contradicción con el voto 04146-2008.

Se enuncia la incompatibilidad absoluta entre las dos sentencias, pero se omite señalar que el fallo recién citado era un recurso de amparo planteado por un funcionario del Parlamento; no hay similitud entre un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad.

Las diferencias por la naturaleza y sus efectos entre un amparo y una acción de inconstitucionalidad, son evidentes.

Para el caso concreto del servidor del Parlamento, en el contexto normativo que le era aplicable y que en algunas hipótesis se permite el pago total del monto del salario, dato que se omite al comentar la decisión.

Es decir, encontramos así el segundo ingrediente de la mesa servida de la “mala uva”. Hacer una comparación entre dos asuntos que tienen poco en común.

Pero en el texto de la noticia se desliza un argumento que es quizás la esencia de la discusión: en el fallo del 2008 se estableció que el subsidio no es un derecho fundamental, es causalmente uno de los argumentos para declarar sin lugar la acción.

El fallo de la Sala no legitimó políticamente el régimen de incapacidades, lo que hizo fue señalar que no había inconstitucionalidad, lo que deja abierta la puerta para la solución legislativa.

En un caso en que la Sala no define un tema y que tiene la palabra el sistema político y la propia voluntad de la Corte, resulta “sospechoso” que la instancia Constitucional, integrada por cinco suplentes y dos titulares, haya determinado que no hay inconstitucionalidad.

Esa respuesta más bien facilita la solución del problema. Si algo no es inconstitucional, se abre el espacio para una solución política.

La noticia tiene otro componente equívoco porque sugiere que la Sala debía acatar el criterio de la Procuraduría, que había considerado que lo que se paga por incapacidad es subsidio y no incapacidad.

Bien sabemos que los criterios de la Procuraduría no son vinculantes para los jueces; es una regla básica, pero, además, el criterio mencionado en nada incide en la constitucionalidad, porque la Carta Magna no determinó lo que se conceptualiza como subsidio o como salario, es decir, que ese es un concepto librado a la decisión política y la evolución del Estado social.

Pueden existir razones de conveniencia y oportunidad para modificar el régimen, pero no puede considerarse como sospechoso y contrario a la ética que el tribunal constitucional estime que una materia no contiene vicios de esta índole.

Los asalariados estatales siempre son un buen tema, es decir, la culpa de todos los males en este país la tienen los asalariados del Estado, desconociendo que lo único que tienen la mayor parte de los asalariados es su trabajo, no tienen poder político, ni tienen poder económico.

Hay otras noticias relacionadas con los trabajadores, a las que no se les da un apasionado seguimiento. Por ejemplo, según el informe del Estado de la Nación (vea número 20, página 100 y siguientes), un tercio de los asalariados no recibe el salario mínimo que les corresponde por ley.

Si se cumpliera con esa obligación elemental, la pobreza se reduciría en un cinco por ciento. Pero esto no es tan importante, lo relevante es crear una espesa niebla alrededor de una decisión del tribunal constitucional y presentar a los funcionarios que padecen una enfermedad como defraudadores del Estado.

Ya lo dijo la Procuradora al contestar la audiencia en la acción de inconstitucionalidad: el pagar un monto similar al salario para quien padece una incapacidad laboral, supone “la instauración de un incentivo perverso, pues de alguna forma propicia que una persona sana intente obtener una incapacidad para el trabajo sabiendo que sus ingresos, si logra incapacitarse, serán iguales a los que obtendría manteniéndose activo”.

Es decir, para el trabajador, para el que se incapacita, funciona la presunción de fraude, esto es lo que está detrás de toda esta discusión. Esta presunción nunca se aplica en materia tributaria, es decir, presumir que los contribuyentes tienen un incentivo perverso, porque siempre tratarán de evadir.

Para los trabajadores que padecen una enfermedad, la presunción de fraude; para los contribuyentes, la presunción que actúan de buena fe.

No andamos bien en este país, presumimos el fraude del trabajador que padece una enfermedad; además, nos parece maravilloso que si se enferma se le debe reducir al cincuenta por ciento su ingreso. Ese sería el mundo ideal. Como lo dije, no sé en qué se basa el argumento que establece que quien padece una enfermedad requiere menos recursos, incluida su familia.

Este tema merece un análisis cuidadoso, algo más que un titular que sugiera aviesas intenciones; es un tema en el que está de por medio la dignidad humana, el estado social.

El salario y la solidaridad con el trabajador que se enferma es parte esencial de los derechos sociales e individuales. Esa visión parece haber pasado a un segundo plano en los tiempos que vivimos. El mal es el abuso, la solución no es la reducción radical de los ingresos de quien padece una enfermedad.

No sólo padece una enfermedad, sino que se presume que es fraudulento y, además, que por efecto de esta, su familia y el incapacitado requieren menores ingresos.

Fernando Cruz Castro

Magistrado de la Sala Constitucional

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