Opinión

Respuesta del embajador de Ecuador

Actualizado el 26 de septiembre de 2015 a las 12:00 am

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En la edición de La Nación del domingo 20 de setiembre, en la columna “Entre líneas”, escrita por don Armando González R., se hacen algunas erradas alusiones al Gobierno de Ecuador y afirmaciones inexactas sobre la situación de la fundación ecuatoriana Fundamedios, que ameritan aclaración.

Fundamedios es una entidad privada que recibe financiamiento, entre otras instituciones, de Usaid, para el desarrollo de sus proyectos, según lo ha reconocido su propio director, César Ricaurte.

Es sabido que dicha entidad norteamericana desembolsa $4,3 millones para Fundamedios, utilizando una triangulación con otra ONG, el Grupo Faro, como recoge el diario El Telégrafo . Igualmente, recibe aportes de la organización ultraderechista Ned National Endowment for Democracy y otras entidades.

Fundamedios ha venido participando reiterada y activamente en actividades de política interna, para lo cual no tiene autorización, por lo establecido en su instrumento constitutivo.

Tal actitud obligó a la Secretaría Nacional de Comunicación, entidad competente del Estado en esta materia, a solicitarle, el 23 de junio del año, que en cumplimiento de las normas establecidas en el artículo 6 de su propio Estatuto, específicamente, la obligación de observar lo que se refiere a la prohibición de ejercer asuntos de carácter político, lo cual no fue acatado por dicha organización, lo que ha motivado el inicio de un proceso conforme al ordenamiento jurídico ecuatoriano, que se encuentra en curso y donde Fundamedios tiene todas las garantías del Estado de derecho para presentar las explicaciones y justificaciones de sus acciones.

La Secretaría Nacional de Comunicación dentro del marco de su competencia, otorgado por la legislación, tiene entre sus obligaciones, la de velar por el cumplimiento de los estatutos y demás actos administrativos que llevan a cabo más de 100 organizaciones registradas y constituidas, como la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, la Agencia ecuatoriana de Radio y Televisión, Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados, Participación Ciudadana, entre otros, que observan sin ningún problema las regulaciones y cumplen las atribuciones que tienen establecidas en sus respectivos estatutos.

En el Ecuador existe absoluta libertad de prensa, a pesar de lo que afirma el articulista, basta con ingresar a Internet a un medio de comunicación escrito o virtual para constatar que se dice con toda libertad lo que se quiere del Gobierno, a favor y en contra, sin ninguna restricción.

En nuestro país, la único limitante es el derecho a la honra de los demás y el principio de responsabilidad ulterior, por el cual las personas naturales o jurídicas deben probar sus afirmaciones, respaldar con pruebas sus acusaciones y, como en cualquier sistema judicial del mundo, responder a una acción legal que presente alguna persona que se sienta perjudicada o injuriada por esas afirmaciones sin fundamento, ante los tribunales, de acuerdo con la figura de la responsabilidad ulterior.

Ricaurte o cualquiera de sus ejecutivos o empleados tienen todo el derecho a participar en política interna y optar por la corriente ideológica que más le satisfaga, sin prohibición alguna, y opinar lo que deseen del Gobierno, sin restricción; eso sí, fundamentados, con responsabilidad y respeto.

Lo que no pueden hacer es intervenir en política interna como Fundamedios porque, desafortunadamente, la ley no lo permite.

No solo la ley del Ecuador funciona así, sino la de cualquier país del mundo, porque no es legal, no es legítimo, no es correcto que una ONG participe en política interna y, peor aún, recibiendo considerables asignaciones de fondos del exterior, porque no está cumpliendo los objetivos para los cuales fue creada.

En el artículo de don Armando González se menciona, erradamente, que desde que llegó al poder el presidente Rafael Correa, en el 2007, ha habido un cierre masivo de medios independientes, lo cual no es verdad, porque lo que ha sucedido es que esos medios han debido cerrar por su propia decisión, porque no eran viables económicamente, porque no tuvieron una buena administración y fracasaron.

Algunos de ellos tuvieron, incluso, reclamos laborales de sus trabajadores por el no pago de remuneraciones y aportaciones patronales al seguro social, situaciones en las que nada tiene que ver el Gobierno del Ecuador.

Los procesos en los que han estado involucrados algunos medios han sido justamente por publicaciones efectuadas sin el respaldo o pruebas que justifiquen sus afirmaciones, y no se trata como afirma el articulista de una “trampa legal” ni de una persecución a medio alguno de comunicación.

Es, simplemente, la respuesta de las personas o entidades aludidas por dichos medios, que se sienten perjudicados por afirmaciones infundadas y que hacen uso legítimo de su derecho a defender su honra, su imagen, frente al poder de un medio, en aplicación de una figura jurídica común en todas las legislaciones del mundo, que es la “responsabilidad”.

Claudio Cevallos

Embajador de Ecuador

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