EscucharEn días recientes, el periódico La Nación publicó un editorial titulado “El Estado contra la libertad”, en el cual se hace directa mención del presidente constitucional del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, hecho que no es sorpresa, toda vez que el Grupo de Diarios de América, que representa al sector empresarial de estos medios de comunicación y al cual pertenece La Nación , parece que tiene a nuestro presidente como un especial objetivo de su atención.
No lo expresa el editorial, pero supongo que el desusado y discutible lenguaje que en él se observa, tendrá alguna relación con la Ley Orgánica de Comunicación que fue aprobada por amplia mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa del Ecuador en días pasados.
Son varios los temas sobre los que opina. No es posible en esta respuesta contestar a todos. Algunos fueron ya motivo de otros artículos de este diario y dimos nuestra respuesta en su oportunidad, como cuando dicen: “En condiciones extrañas, los tribunales emiten desproporcionadas condenas de cárcel y ordenan resarcimientos fijados en decenas de millones de dólares”. Pero parece que deben traerlos nuevamente a cuento, lo que me obliga a dar por lo menos una breve respuesta y preguntarles a ustedes, que están bien informados, si nos pueden dar el nombre de algún periodista, o dueño de algún medio, que esté preso por los casos seguidos por Rafael Correa Delgado en los tribunales, y si alguno de los condenados por sentencia ha pagado por lo menos un dólar al presidente, luego de que él perdonara a quienes lo calumniaron.
Transcribo algunos párrafos que más adelante comentaré.
"Con el transcurso del tiempo, el presidente Rafael Correa ha pasado de presiones más o menos disimuladas sobre los medios de comunicación independientes a medidas represivas disfrazadas de algún grado de legalidad hasta llegar, ahora, a la más flagrante agresión”. "(....) el mandatario ordena retirar la publicidad oficial de los 'medios mercantilistas", como si el gasto en comunicación se hiciera con dinero de sus bolsillos y no con los dineros pagados por los ecuatorianos”.
“Si las perversas prácticas del Gobierno ecuatoriano son condenadas por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la diplomacia ecuatoriana entra en juego para intentar cortar las alas de la Comisión Interamericana y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”. "La Cancillería ecuatoriana fracasó frente a los esfuerzos de países como el nuestro, comprometidos con la defensa de los derechos humanos, pero no se dio por vencida. Intentó promover la elección de comisionados afines para extender su influencia en los organismos de la OEA. Por fortuna tampoco tuvo éxito”.
No son medidas represivas. No creo que sean "medidas represivas disfrazadas de algún grado de legalidad" que la nueva Ley de Comunicación pida a los periodistas que escriben y opinan en los medios, que su información sea veraz, confirmada, dentro de contexto y sea verificable. Cuando un profesional de la comunicación es responsable, sabrá que lo que se está pidiendo, si lo cumple, no coarta su libertad de expresión. Pero sabrá también en qué problema se mete y a qué atenerse, si dice mentiras o calumnias.
Nosotros creemos que un presidente, elegido en forma constitucional y con amplio respaldo de su pueblo, tiene la capacidad de ordenar los gastos del presupuesto del país. Es cierto que los gastos en comunicación, a los que el editorial se refiere, no son de los bolsillos del mandatario, sino de los dineros (impuestos) pagados por los ecuatorianos. Siendo así, pregunto: ¿Qué sentido tiene fortalecer los negocios de empresas mercantiles, como son los diarios, aunque no les guste que se lo digan, si luego igualmente me van a criticar o agredir? ¿No es mejor usar esos recursos en programas sociales, como lo hace el gobierno de Rafael Correa?
La Nación califica de “perversas” las prácticas del Gobierno ecuatoriano, las que han sido "supuestamente" condenadas por el SIPDH. Añade que la diplomacia ecuatoriana intenta cortar las alas de la Comisión Interamericana y de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Es muy conocida la posición que sobre el papel de la Relatoría ha tenido nuestro Gobierno y nuestra Cancillería. Los medios del GDA, entre otros La Nación , han dado cobertura amplia a este tema. Ecuador lo ha discutido en forma pública y no ha tenido ambigüedades ni hipocresía. ¿Por qué, entonces, la calificación de “perversas”? Me parece que “perversas” pueden ser las prácticas que algunos Gobiernos hacen en secreto, porque no son morales, aunque se sostenga que son “legales”.
Según el editorial, “la Cancillería ecuatoriana fracasó frente a los esfuerzos de países como el nuestro (CR), comprometidos con la defensa de los derechos humanos, pero no se dio por vencida”. Estas seis últimas palabras me parece que contradicen el sentido de “fracaso” que el diario sustenta, pues pensamos que todas aquellas propuestas en las que creemos como país, vale la pena presentarlas a discusión, reflexión, búsqueda del apoyo de países que piensan igual, o rechazo de los países que creen diferente.
Fracaso es no intentar, dejar engavetadas las ideas, no sacar a la luz nuestros sueños. Así, los hechos, como las votaciones en un organismo, pueden sernos positivos o negativos, pero nunca fracasos.
