Respuesta de la directora jurídica del ICE a editorial de ‘La Nación’

El editorial claramente tergiversa las declaraciones que le di al periodista Juan Fernando Lara durante una entrevista que fue publicada por ese mismo medio, con amplio despliegue, el pasado 14 de diciembre.

Considero preciso aclarar que antes de concretar la cita y sin conocer la visión de la institución, el reportero ya había emitido sus propias conclusiones sobre el caso de los salarios de funcionarios a los que se les reajustaron funciones. Un problema que, como bien lo dice el editorialista, fue evidenciado en un estudio del 2008 y sobre el cual las administraciones anteriores no hicieron nada por resolverlo.

Es en el marco de una estrategia de optimización operativa que la presente administración actúa sobre este problema, paralelamente a la aplicación de medidas de contención del gasto como reducción de planillas, disminución de horas extras y de sobresueldos, así como aplicación del salario único para las nuevas contrataciones.

El caso en referencia es de funcionarios a los que se les rebajaron funciones, pero mantenían los mismos salarios anteriores. En una posición valiente, realista y apegada a la legalidad, la administración actual decidió congelar esos sueldos, amparándose al Estatuto de Personal, que indica claramente lo siguiente, cuando a un trabajador se le cambia el puesto hacia uno de inferior categoría salarial: “El trabajador que lo desempeñe no sufrirá disminución de su salario devengado mensual y tendrá derecho a los aumentos por antigüedad, calculados sobre el salario de contratación de la nueva categoría en que se ubique el puesto. En este caso, la suma de dinero que corresponde a la diferencia negativa se mantendrá como sobrevaloración, manteniéndose como reserva, la que se rebajará cuando ocurran revaloraciones del puesto o que el salario base del trabajador sea modificado por otros movimientos, excepto cuando ocurran aumentos generales por costo de vida”. Esta norma es la que se está aplicando.

El otro criterio jurídico –que respaldaba el periodista Lara– pretendía, a contrapelo de lo ordenado por la Sala Constitucional para el caso del ICE, desaplicar el Estatuto de Personal del ICE y rebajar los salarios, lo que, indudablemente, habría generado una avalancha de demandas contra la institución, así como el desacato a sentencias de la Sala Constitucional.

No es cierto, por lo tanto, como lo dice sesgadamente el editorial, que la decisión tomada se haya sustentado en la facultad discrecional de la administración; tampoco que yo adujera esa única razón. Se basa en la normativa aplicable a la situación descrita, concretamente el capítulo 7-9 del Estatuto de los Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad, el cual mantuvo su vigencia por orden expresa del legislador cuando promulgó la Ley 8.660, cuyo artículo 30 reza: “Se ratifica la vigencia del Estatuto de Personal y la facultad del Consejo Directivo del ICE para dictar las normas y políticas que regulen las condiciones laborales, creación de plazas, esquemas de remuneración, obligaciones y derechos de los funcionarios y trabajadores del ICE”.

Al menos cuatro veces aclaré al periodista todas las razones que fundamentaron mi criterio e incluso indiqué sentencias de la Sala Constitucional, de muy reciente data, que ordenan al ICE aplicar su marco normativo en materia de personal, o sea, el referido Estatuto. Además, le entregué la presentación escrita que expuse el día de la entrevista, en la cual se detallan todas esas razones por las cuales emití un criterio jurídico que dimensionara la solución aplicable.

Si de hacer periodismo serio se trata, tanto el artículo publicado el 14 de diciembre como el editorial del 29 dejan mucho que desear, pero viniendo de La Nación, ya nos vamos acostumbrando por esa ofuscación tenaz contra el ICE.

Julieta Bejarano

Directora jurídica