Numerosas y diversas voces han solicitado reiteradamente a la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldar un proceso de negociación que conduzca al restablecimiento inmediato del Estado de derecho, al respeto de los mecanismos de la representación política y al cese de la conmoción civil y la violencia política en Venezuela.
La vocación de cumplimiento que tiene Costa Rica de los instrumentos del derecho internacional público y del derecho internacional humanitario le permite y obliga a exigir la protección del pueblo venezolano sin distingo de bandos o posiciones políticas.
La legislación venezolana y mucho menos los instrumentos jurídicos regionales tienen importancia alguna para los que hoy imponen su autoritarismo con Maduro encabezando a los apóstatas de la democracia.
Doctrina. Costa Rica es uno de los países que con más fuerza y liderazgo han apoyado el desarrollo de la responsabilidad de proteger, doctrina que pone el énfasis en la prevención.
La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (60/1. Documento Final, Cumbre Mundial 2005, 16/9/2005), artículo 138, dice que “cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”.
De igual importancia resulta el artículo 139 que expresa que “la comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los capítulos VI y VIII de la Carta (Carta de las Naciones Unidas), para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio”.
Incumplimiento. La convocatoria del presidente Maduro a elegir una asamblea constituyente ciudadana, además del disparate, encierra un acto más de provocación a una población que sufre hambre, en medio de la inseguridad y un clima de tensión permanentes. Nada es suficiente para llamar a la cordura a un grupo perdido en las alucinaciones de una revolución “bolivariana” ficticia.
El artículo 139 citado también afirma que los Estados están “dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por medio del Consejo de Seguridad (…) y en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población”.
En el 2009, la Asamblea General de la ONU acordó continuar la discusión acerca de la responsabilidad de proteger a pesar de las reservas expresadas por Cuba, Ecuador, Irán, Nicaragua, Siria, Sudán y la Venezuela del chavismo.
La situación en Venezuela es colindante con un crimen de lesa humanidad, por ello es necesario recurrir a todas las herramientas disponibles para proteger a su gente.
El autor es exembajador en Argentina.