Opinión

¿Responsabilidad individual o estatal?

Actualizado el 16 de marzo de 2013 a las 12:00 am

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¿Responsabilidad individual o estatal?

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Hace aproximadamente un año, diferentes medios de comunicación escrita y visual daban a conocer una noticia acerca de la supuesta negligente intervención de una profesional del Patronato Nacional de la Infancia. Lamentablemente era yo la protagonista de esos titulares.

Lo que los medios de comunicación y el Poder Judicial dejaron de informar y publicar fue el inicio y fin de esa historia.

Olvidaron informar y publicar la forma atroz en la que dio inicio todo ese proceso. No mencionaron que el primero de diciembre de 2010, cursando mi octavo mes de embarazo, fui detenida por funcionarios del OIJ con la dirección funcional de la Fiscalía de Alajuela de una forma que hasta el día de hoy me cuestiono si es legal, pues me solicitaron acompañarlos a conversar con la fiscal a cargo del caso, y, una vez en el vehículo, me hicieron saber que estaba detenida, pero nunca me dijeron las razones de mi detención; estas las conocí de boca de la persona que me indicaron habían asignado como mi defensora pública, horas después de la detención.

Al escucharla no tenía claridad del significado de los delitos que decía se me atribuían y además no podía imaginarme en mi estado de embarazo tan avanzado, viviendo una situación como la que tenía al frente y evidentemente sin ninguna consideración.

Lo único que tenía claro para ese momento era que yo no había cometido ningún crimen para estar siendo tratada de la forma que el Poder Judicial lo hacía por lo que con la poca fortaleza que tenía ya para ese momento, se lo hice saber a la defensora pública.

Me consultó si deseaba declarar. Le hice saber que no me encontraba en condiciones para hacerlo pues el caso por el que me estaban cuestionado lo había atendido hacia alrededor de un año y no contaba con claridad ni de fechas ni de acontecimientos, además estaba absolutamente aturdida por la forma en que se había dado toda la situación. Me hizo saber que de todas formas tenía la posibilidad de abstenerme o hacerlo luego.

Tomaron mis huellas digitales, me fotografiaron de frente y perfil, y me sentaron junto a un funcionario quien me hizo contestar decenas de preguntas, y que ante mi evidente estado de desconcentración y desazón, trató de calmarme diciendo “Muchacha, tranquila, usted va a estar bien, es que usted sabe que aquí tienen una muy mala impresión del PANI y lo que quieren es darles como una lección”. Aparentemente era yo la elegida para el aprendizaje de una institución.

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Este día, 1 de diciembre de 2010, pasó a mi historia personal como el día más doloroso, pero no solo por la experiencia vivida, sino por la observancia desde mi experiencia personal de que aún en un país que llamamos “de derecho” en ocasiones somos tratados como culpables hasta que probemos nuestra inocencia, y más si somos funcionarios públicos, de quienes de previo se piensa mal, pese a que la doctrina legal dicte lo contrario.

Después de esta vivencia emprendí una lucha individual y de alguna forma colectiva para demostrar mi inocencia.

Fui parte de las personas imputadas en un juicio en febrero de 2012 que, desde mi punto de vista, se caracterizó no solo por ser mediático, sino también poco objetivo y con una sentencia poco técnica y más bien llena de juicios de valor. Después de un proceso de más de dos años, desde mi detención hasta el día de hoy, he tenido que recorrer un camino largo, doloroso pero definitivamente lleno de aprendizajes y hoy por hoy victorioso, porque tanto el Tribunal de Apelaciones de San Ramón como la Sala Tercera me han dado la razón, declarándome libre de toda pena y responsabilidad.

Definitivamente así como en los medios de comunicación no se publicaron muchas de las verdades en mi caso, tampoco se publica el quehacer y los logros de los(as) profesionales en Trabajo Social de este país, ni de los funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia.

No es noticia que existen oficinas locales en la que trabajamos 6 personas, entre funcionarios operativos y administrativos para atender la población de niños, niñas y adolescentes de tres o más cantones, salta a la vista la limitación de los recursos.

No es noticia que cada una de las profesionales en el PANI tenemos en nuestros escritorios en promedio 100 o 120 casos de personas menores de edad por resolver, a los cuales evidentemente no se les puede brindar atención en igualdad de condiciones, ni con la celeridad que como profesional se desea.

Fue noticia el año pasado, pero no ameritó seguimiento periodístico, el hecho de que el PANI como institución no recibe el presupuesto que por ley le corresponde, con el que internamente debemos hacer milagros para sacar la tarea que nos corresponde.

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Definitivamente, esta situación sí creó un precedente y puso las barbas en remojo internamente en la institución que me cobija laboralmente, y en el gremio profesional del que soy parte, pero creo que hay otras instancias que también deberían iniciar un proceso de reflexión, pues no se puede culpar a un individuo por lo que es responsabilidad de un Estado.

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