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Actualizado el 23 de septiembre de 2015 a las 12:00 am

Es incomprensible que un sector conservador pretenda incumplir la orden de la Corte IDH

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado, en noviembre del 2012, y le ordenó ejecutar con la mayor celeridad posible las medidas para que quedara sin efecto la prohibición de practicar la fecundación in vitro.

Puesto que la Corte IDH ordenó hacerlo con “la mayor celeridad posible”, es difícil comprender por qué casi tres años después la técnica sigue en debate en el Congreso y, peor aún, que un sector conservador pretenda el incumplimiento de lo ordenado, argumentando que el presidente Solís se equivoca al regularla por decreto.

Dichos argumentos plantean una interrogante: ¿Qué pasó con el principio de que las sentencias de la Corte IDH se cumplen y punto?

Algunos diputados le reclaman al presidente Solís por el irrespeto a la división de poderes, pero, curiosamente, ellos son incapaces de separar sus creencias religiosas del ordenamiento jurídico.

Abelino Esquivel manifestó que –al poner en práctica la FIV– el país le abría las puertas a la masacre embrionaria (sic) y, secundado por Mario Redondo, Fabricio Alvarado y Gonzalo Ramírez (este último incluso esgrimió que el decreto nos convertía en los nuevos nazis), acompañados de la Iglesia católica, presentaron un recurso contra el decreto del Gobierno.

En anteriores legislaturas, el diputado Guyón Massey afirmó que si la sentencia era condenatoria para el Estado, el país tenía que desacatarla (perdón Montesquieu).

La paja en el ojo ajeno. Lo contradictorio es que diputados como Mario Redondo suelen ser de los más críticos contra la violación de derechos humanos que, desde su punto de vista, se cometen en Venezuela, pero no acatan las sentencias de la Corte IDH.

Aún más curioso es cómo Redondo argumenta que el Ejecutivo debe dejar a los diputados legislar sobre la materia, pero los diputados ya demostraron que son incapaces de hacerlo, especialmente, por conservadores a la vieja usanza, como él, que tres años después no quiere permitir el cumplimiento de la sentencia.

Hace solo semanas, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró legal el matrimonio para todas las personas en los estados de ese país.

Como era de esperarse, las reacciones en contra afloraron. En Kentucky, una mujer llamada Kim Davis se negaba a dar licencias a las personas homosexuales, pues, según su parecer, la medida iba en contra de la palabra de Dios.

El resultado fue que Davis fue encarcelada por desobediencia, pues al final la ley está hecha para evitar que subjetividades imperen sobre el ordenamiento legal.

La mujer salió de la cárcel cuatro días después, y su liberación fue anunciada por medio del twitter del precandidato republicano Mike Huckabee. ¿Algo qué aprender?, indudablemente.

Un solo camino. Las sentencias de la Corte son de acatamiento obligatorio, y ante ello no cabe la más mínima discusión.

Las creencias personales no están por encima de la ley. Los diputados que critican a otros países por violaciones a los derechos humanos deberían primero darse cuenta de que en Costa Rica ocurre una flagrante violación a estos desde hace tres años, y es responsabilidad de ellos. La misma ONU felicitó a Costa Rica por la firma del decreto.

Los diputados Redondo, Esquivel, González y otros de corte conservador han de recordar que en Costa Rica tienen, y siempre tendrán, el derecho a ejercer su libertad de culto. A lo que no tienen derecho es a legislar de acuerdo con sus creencias religiosas, a ignorar y desacatar las sentencias de la Corte IDH.

No tienen derecho tampoco a que este país sea regido por el imperio de la fe, de su fe; es decir, a manejarse como si fuéramos una República teocrática.

Leonidas Agüerp es politólogo.

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