Opinión

Renunciar a los derechos humanosa cambio del comercio

Actualizado el 12 de enero de 2014 a las 12:00 am

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Renunciar a los derechos humanosa cambio del comercio

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NUEVA YORK – Las negociaciones comerciales celebradas recientemente en Singapur concluyeron sin que se lograra un acuerdo sobre la tan esperada Asociación Transpacífica. Pronto tendrán otra oportunidad de concluir el que sería el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, pero, en vista de que existen graves motivos de preocupación de que no se tengan en cuenta en él las importantes consecuencias para los derechos humanos, no es una razón para celebrarlo.

En la Asociación Transpacífica participan los Estados Unidos, Canadá y otros diez países de la cuenca del Pacífico, con una producción anual combinada de unos $26 billones, es decir, el 40%, aproximadamente, del PIB mundial. Su importancia económica es tanta como sus ambiciones. Las conversaciones no se limitan a las cuestiones comerciales tradicionales, que representan solo cinco de los 29 capítulos propuestos, y examinan una gran diversidad de cuestiones relativas a la inversión y la reglamentación que afectarán a muchos millones de personas... y no siempre positivamente.

La de si la liberalización del comercio ayuda o daña en general a los más vulnerables es una cuestión compleja, pero el debate teórico no debe impedirnos llevar a cabo una evaluación detenida de las consecuencias para los derechos humanos de los términos del acuerdo que actualmente está sobre la mesa. Se debería hacer dicha evaluación antes de que en las negociaciones sobre la Asociación Transpacífica se llegue a un acuerdo final sobre las cuestiones importantes, y no se debería pasar por alto la forma de aplicarse dichos términos en la práctica. Lamentablemente, los Estados miembros de la Asociación Transpacífica no solo no lo han hecho, sino que, además, han excluido a las organizaciones independientes del proceso de evaluación, al no permitir la consulta de los proyectos de textos.

Una opinión exterior resulta particularmente importante cuando, como ha observado el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz, un acuerdo sobre inversión y libre comercio es más que nada un “régimen de comercio dirigido que pone por delante los intereses de las empresas”. De hecho, la insistencia de la Asociación Transpacífica en las políticas reguladoras indica que los intereses empresariales prevalecerán sobre los derechos humanos.

Aunque algunas propuestas (contra el cercenamiento de las aletas de los tiburones, por ejemplo) beneficiarían a algunos grupos de promoción, es probable que muchas otras cláusulas causen un sufrimiento generalizado. Los borradores de propuestas sobre la propiedad intelectual que se han filtrado muestran un obstinado empeño por parte de los EE. UU. en exigir protecciones de patentes para plantas y animales, con lo que exceden el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de la Organización Mundial del Comercio. La posición de los EE. UU. podría limitar aún más el acceso de los agricultores a los recursos productivos, lo cual afectaría el derecho a los alimentos, y esas propuestas limitarían las opciones de los Gobiernos cuando aborden cuestiones de derechos humanos relacionadas con los alimentos.

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Ese choque de intereses contraviene los principios básicos del derecho internacional, a saber, que los acuerdos comerciales de los países no deben entrar en conflicto con sus obligaciones conforme a los tratados relativos a los derechos humanos. Esa es la razón por la que, antes de que se firme acuerdo alguno de Asociación Transpacífica, se debe hacer una evaluación de sus consecuencias para los derechos humanos y se deben añadirle las necesarias salvaguardas suplementarias.

Una evaluación galvanizaría también el debate público sobre las cuestiones que se están examinando. Aunque las negociaciones comerciales requieren discreción para evitar los alardes políticos por parte de los participantes, el secretismo que rodea actualmente las conversaciones sobre la Asociación Transpacífica está impidiendo que se aireen importantes argumentos sobre los derechos humanos. Ese derecho a ser oído –en particular, sobre un asunto tan trascendental– es también importante. La transparencia y la inexistencia de exclusión deben ser condiciones indispensables para todo acuerdo. En realidad, una evaluación de sus consecuencias para los derechos humanos no seria difícil de llevar a cabo: los principios rectores presentados al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2011 explican cómo hacerlo.

Se trata de un asunto urgente. Cuando las negociaciones actuales sobre la Asociación Transpacífica tocan a su fin, la oportunidad de una evaluación transparente y rigurosa sobre sus consecuencias para los derechos humanos es cada vez menor. Aun así, incluso en esta fase avanzada, los países negociadores podrían aún encargar una evaluación complementaria que se podría sumar a los requisitos para la presentación de informes.

Se debe considerar el retraso en la consecución de un acuerdo final, una última oportunidad para corregir injusticias potencialmente profundas. Es lo mínimo que se puede esperar de los negociadores. Si de verdad quieren que la Asociación Transpacífica sea un modelo para la economía mundial del siglo XXI, como afirman, deben demostrar una auténtica capacidad de dirección. Los negociadores de la Asociación Transpacífica deben tener en cuenta los derechos de todos los afectados por el acuerdo y actuar en pro del interés público y no solo de los intereses particulares de los agentes económicos que más se beneficiarán.

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Olivier De Schutter es relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a los Alimentos.

Kaitlin Y. Cordes es investigadora jurídica superior en el Centro Vale Columbia sobre la Inversión Internacional Sostenible, centro mixto de la Facultad de Derecho y del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia.

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