Religión y política

Por tanto, los principios que rigen sus relaciones deben necesariamente reconocer la distinción entre lo que es del césar y lo que es de Dios; es decir, entre el Estado (lo civil) y la Iglesia (la religión), y establecer que la autonomía de cada uno se hace necesaria para el cumplimientos de su respectiva función.

Refiriéndose a esta diferencia, el papa emérito Benedicto XVI afirmó que “el cristianismo fue, desde sus comienzos, una religión universal y, por tanto, no identificable con un Estado, presente en todos los Estados y distinta de cada uno de ellos. Para los cristianos, ha sido siempre claro que la religión y la fe no están en la esfera política sino en otra esfera de la realidad humana... La política, el Estado, no es una religión, sino una realidad profana con una misión específica”.

Sobre este tema, el papa Juan Pablo II había advertido que “identificar la ley religiosa con aquella civil puede efectivamente sofocar la libertad religiosa y hasta limitar o negar otros derechos humanos inalienables”.

Con estas consideraciones como premisa, se puede sostener que las relaciones entre el poder civil y el espiritual deben darse con independencia de cada uno, en el marco de un Estado laico, en el que se reconozca la autonomía de lo político y civil respecto de lo religioso y espiritual, en el que se respete a quienes profesan cualquier religión y a los que no profesan ninguna.

Injerencia. En nuestro país, sin embargo, no solo impera aún la confesionalidad del Estado, establecida en el artículo 75 de la Constitución Política, sino que cada día es mayor la injerencia de la religión en la política y en la estructura del Estado.

Además de la indiscutible influencia que por años ha ejercido la Iglesia católica, valiéndose de la normativa constitucional señalada, desde hace algunos años otras denominaciones cristianas han incursionado también en la política nacional y han conseguido colocar a sus representantes en importantes cargos en la administración pública.

Apelando a su fe y sus creencias, algunos pastores o dirigentes de Iglesias cristianas han solicitado el voto de sus feligreses para favorecer sus aspiraciones a una curul legislativa.

En el último proceso electoral, por medio de tres partidos políticos identificados como “cristianos”, lograron elegir a cuatro diputados, lo que significa un sustantivo aumento de la influencia religiosa en el trámite y promulgación de las leyes.

Hemos visto también cómo en el gobierno que asumió funciones el pasado 8 de mayo se designó a un obispo luterano, al que se le identifica como el más cercano e influyente colaborador del presidente de la República, en el cargo de ministro de la Presidencia, y se nombró a un sacerdote católico como presidente ejecutivo de una institución autónoma.

Recordemos, igualmente, que la Iglesia católica, en febrero del 2010, por medio del obispo de la diócesis de Cartago, confirió a la entonces electa presidenta de la República el título de “hija predilecta de la Virgen María”, haciendo evidente así los estrechos nexos entre esa confesión religiosa y quien sería la más alta autoridad civil del país.

Esta creciente participación de líderes religiosos en la política y en el ejercicio de importantes cargos públicos es contraria al principio de independencia y autonomía que debe regir las relaciones entre el ámbito de lo político, de lo civil, con aquel de tipo espiritual, de la religión, de las Iglesias.

Así, en vez de avanzar en el objetivo de emanciparnos la herencia confesional que nos legaron los diputados constituyentes y de evitar la intromisión de la religión en los asuntos políticos, se están dando inconvenientes pasos en la dirección contraria, ya que la mezcla de religión con política es inoportuna y perjudicial para la vida política y social de la nación.

El autor es ex embajador de Costa Rica ante la Santa Sede.