El modelo de regulación que usa la Aresep es básicamente el que implementó el extinto Servicio Nacional de Electricidad (SNE) en 1928 para normar el sector eléctrico: la regulación basada en el costo del servicio, en la cual el regulador determina el costo del servicio que refleja el monto total que debe cobrar en tarifas para que la empresa prestadora del servicio público recupere sus costos y devengue un rendimiento razonable.
Este modelo se adecuó, a partir de los años 1980, cuando el SNE regulaba varios sectores, a un entorno económico de inflación media-alta en el cual la tasa de inflación (devaluación) se convirtió en un relativo buen estimador del alza en el costo de los insumos internos (externos) para la producción del servicio público.
Esas alzas explican en gran medida los correspondientes ajustes en los precios finales de los servicios regulados, los cuales se reflejan en la medida de la inflación según la participación de los productos regulados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En un extremo ese traslado puede generar una espiral inflacionaria, que tiene como principal efecto negativo desincentivar mejoras en eficiencia por parte de los regulados.
Luego de varios lustros de inflación media-alta, en la primera década de siglo XXI (ya el SNE se había sustituido por la Aresep, en 1996), el país inició la ruta a un sistema de metas de inflación, con lo cual, en años recientes, se observa una relativa baja inflación y reducidas variaciones en el tipo de cambio.
Como consecuencia, esas variables se convirtieron en relativos malos estimadores de los cambios en el costo de los insumos que enfrentan los regulados.
Por esta razón, entre otras, aparentemente las metodologías de regulación estarían siendo actualizadas para, principalmente, capturar la evolución de los costos que efectivamente enfrentan las empresas reguladas (vea editoria l de La Nación del 14/03/2011). Revisión natural en la medida en que, caso contrario, se corre el riesgo de entrar en una fase de erosión del equilibrio financiero de los regulados. La cual, en el mediano plazo, afecta a las empresas menos eficientes, pero en el largo plazo perjudica a todas. Situación en detrimento de la calidad de los servicios para los consumidores, con efectos adversos para el resto de la economía en el plazo mediano.
Por todo lo anterior, se requiere que la Aresep actualice su modelo de regulación con dos objetivos. Primero, proteger los intereses de cada una de las partes a través de un modelo de regulación por incentivos. En esta dirección, la Aresep debería desregular sectores o subsectores que no son servicio público. Segundo, allanar la implementación del esquema de metas de inflación, tal que el país logre anclar la tasa de inflación a un nivel de un dígito al año en el largo plazo.