EscucharLas pensiones del Poder Judicial no son de lujo. Esta es una percepción reiterada del editorialista de La Nación que arremete una vez más contra un régimen sostenible y autosuficiente que ya alcanza casi las ocho décadas de existencia.
¿El régimen necesita ajustes y reformas legales? La respuesta es sí, y nunca lo hemos negado. Por ello, hace cinco años entramos en un proceso interno de autoevalución para identificar las reformas legales más convenientes que le den sostenibilidad actuarial en el tiempo.
Hemos pasado desde 1994 de aportes individuales de un 7% hasta alcanzar el 11% actual. No hay otro régimen que tenga estos aportes individuales de personas trabajadoras activas y de quienes están en el retiro. Es decir, quienes optan por jubilarse continúan cotizando para el régimen.
El calificativo de “pensiones de lujo” no procede cuando se sugiere de manera muy sutil una comparación con el Régimen no Contributivo del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) .
No se pueden hacer comparaciones cuando en este las personas no cotizan para una pensión, sino que estos montos forman parte de la seguridad social del Estado para grupos de población vulnerables. Y está muy bien al ser nuestro país un Estado social de derecho.
Fortalecimiento. Nunca en el Poder Judicial hemos pretendido ser una carga para las finanzas del Estado, tampoco hemos estado cruzados de brazos. Se han tomado las acciones necesarias para su fortalecimiento. Y en eso estamos trabajando. Es preocupante que el editorialista de La Nación ignore una vez más que el régimen jubilatorio es esencial para la independencia judicial.
No es sano que en un Estado de derecho las jubilaciones de quienes administran justicia dependan de criterios o injerencias externas. La Declaración de Toluca, México, del 5 de abril del 2017, de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), reconoció una vez más la necesidad de preservar esa independencia.
Trasladar el fondo jubilatorio judicial a otro régimen no es una opción acertada, pues el régimen no está quebrado, ni insolvente, como lo indicaron los investigadores de la Universidad de Costa Rica en el producto 5 del que se desprende que con reformas y ajustes puntuales el fondo es sostenible a largo plazo. Los análisis del quinto producto ubican al fondo en un estado de solvencia.
Actualmente, las reservas financieras del fondo son superiores a los ¢467.500 millones (corte a abril), y con las reformas legales que se proponen, que están en manos de la Asamblea Legislativa, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de este poder de la República, que cobija a más de 16.000 familias, le hará frente a las obligaciones y promesas adquiridas.
El autor es presidente de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial.
