EscucharEn nuestro país, la discusión de los asuntos públicos y la aprobación o reforma de leyes oscilan entre el cálculo político partidista y el análisis vacío, emocional, cortoplacista, sin la profundidad ni rigurosidad técnica, científica y profesional que deberían caracterizar tales debates.
Muchos planes y proyectos valiosos y necesarios –algunos urgentes– se topan con un entramado de obstáculos aun antes de llegar a los niveles requeridos para poder ser realizados. Esto se ha convertido en un mal endémico en los órganos ejecutivos y legislativos de diverso nivel, lo cual frena las posibilidades de mejor y mayor desarrollo de infraestructura, y de lo social y económico. Caminamos por un silencioso y frecuentemente desapercibido camino hacia al abismo. Dar una vuelta de timón a esta situación requiere no solo de una gran voluntad política y administrativa, sino también de cambios inteligentes en nuestro ordenamiento jurídico.
Leyes ambiguas . En los últimos 15 años la Asamblea Legislativa ha generado una serie de leyes cuya importancia es incuestionable. El problema estriba en que muchas de ellas han surgido como reacción a situaciones específicas y a veces coyunturales. Responden a necesidades reales, pero, por la carencia de debate, la falta de profundidad o por la contaminación de las negociaciones, resultan textos confusos, ambiguos o contraproducentes, cuando no verdaderos adefesios jurídicos.
La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la Ley de Control Interno, por ejemplo, son leyes esencialmente valiosas y necesarias. No obstante, su aplicación ha tenido resultados a veces contraproducentes al entrabar la gestión pública en lugar de hacerla más ágil y transparente. Esto se debe a que los funcionarios públicos, especialmente aquellos con mayor poder de decisión y por ende mayor responsabilidad, las han asumido con un énfasis punitivo –que efectivamente lo tiene–, pero dejan de lado el talante fundamental de estas leyes, que es el de coadyuvar a un ejercicio transparente, eficaz y eficiente de la función pública. La consecuencia de este énfasis ha sido que, en muchas y muy diversas instituciones, los funcionarios con grado jerárquico decisorio no toman decisiones si antes no cuentan con los criterios legales de sus abogados.
Auditorías. Un factor que incide en esa especie de parálisis decisoria en las jerarquías altas y medias de la Administración, es el papel que juegan muchas auditorías internas. Estas, frecuentemente, confunden su rol fiscalizador y coadyuvante de la eficacia, eficiencia y transparencia con un enfoque inquisitorial que roza peligrosamente con la coadministración. Esto genera estados de paranoia institucional que resultan en la postergación de decisiones y en codependencia de la Administración con órganos asesores y de auditoría.
Igualmente útil y necesaria es la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, ¿quién controla a la Contraloría? ¿Cómo evitar que cada día, y en los últimos años con mayor evidencia, importantes decisiones de la Contraloría, de su más alto nivel, parecen responder más a intereses político partidarios que a criterios técnicos? ¿Cómo frenar a una Contraloría que sigue cruzando la línea que separa el control y la fiscalización de la coadministración o de la obstaculización?
Los Tribunales de Justicia lo intentaron en el caso del ICE, pero la respuesta del ente contralor fue engreída y prepotente al iniciar manejos políticos contra el ICE en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué hace la Asamblea Legislativa a la que se debe la CGR como órgano adscrito? Si nuestros legisladores no le ponen el cascabel al gato, la democracia y la institucionalidad costarricense están en grave riesgo de que una de sus instituciones señeras se desprestigie y se desmorone por la cuesta abajo de la politización.
Leyes. Retomando el tema de la principal función del Congreso, la producción de leyes, encontramos la reciente contra el maltrato animal que, a pesar de una discusión relativamente prolongada, se aprueba sin tener una idea cabal del costo de su aplicación, de las estructuras, montos y fuentes del presupuesto requerido para ello.
Encontramos, por otra parte, fideicomisos aprobados mediante leyes especiales, a las cuales se les agregan cláusulas, definiciones y obras adicionales, como resultado de negociaciones políticas-populista más que técnicas. Al carecer de un verdadero análisis de la viabilidad financiera, económica, legal y técnica del proyecto, estas leyes terminan convertidas en ornitorrincos jurídicos y operativos cuya consecuencia directa es el atraso, la complicación operativa, el encarecimiento e incluso la desaparición del proyecto en los enmarañados laberintos de nuestra burocracia.
Es momento de impulsar leyes y reformas de largo aliento, con una visión de Estado, proyectando los efectos de estas reformas y rompiendo el círculo vicioso y reactivo ante los casos coyunturales. En la actual Asamblea Legislativa tenemos un grupo de diputados que han procurado caminar por esta vía y han presentado proyectos serios y bien fundamentados. Con nuestro voto, evitemos que los otros, los politiqueros, sigan desde las curules legislativas frenando y obstaculizando estos proyectos y con ello el desarrollo del país. Es un desafío para todos, sea cual sea nuestra bandera política. Hagámoslo; Costa Rica lo merece.
