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Reformar el proceso de selección de magistrados

Actualizado el 18 de abril de 2017 a las 10:45 pm

El fuerte escrutinio prevaleciente en Estados Unidos debe ser modelo para Costa Rica

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La reciente elección de un miembro de la Suprema Corte de los Estados Unidos es una buena oportunidad para referirse a los riesgos entrañados en la actual forma de designación de este cargo en nuestro país, pues la independencia judicial es esencial para garantizar una adecuada tutela de los derechos de los ciudadanos.

En el caso norteamericano, según la “cláusula sobre nombramiento”, el presidente propone al Senado los candidatos a magistrados. En consecuencia, la ideología “liberal” o “conservadora” es relevante al elegir. En su momento, los republicanos impidieron la elección de Merrick Garland, propuesto por el presidente Barack Obama para sustituir a Antonin Scalia y, recientemente, designaron a Neil Gorsuch, propuesto por Trump.

Rigurosidad. En el sistema estadounidense, el candidato se ve sometido a un fuerte escrutinio, cuyo inicio se da con el análisis profundo de la Comisión Judicial del Senado sobre temas personales, patrimoniales, laborales, etc. La persona propuesta sabe que será objeto de un extenso interrogatorio sobre estos temas y que será investigada por el FBI, y su desempeño será consultado a la American Bar Association.

La información es puesta en conocimiento de medios de prensa y la opinión pública. Un candidato propuesto por el Poder Ejecutivo es designado luego de un arduo proceso por el Legislativo para integrar el máximo órgano del Poder Judicial.

Por su amplitud, nuestro sistema parece ser más transparente, pero en realidad obedece a una mera formalidad aparente, en la cual la designación nunca resulta ser tan depurada como debiera ser.

Enmienda insuficiente. Producto de una reforma en el 2003, la elección de los magistrados en Costa Rica es por una mayoría calificada de diputados, como un medio de controlar la práctica no escrita de distribución de cargos en el auge del bipartidismo; no obstante, a casi 15 años de su aprobación, es evidente que la reforma ha resultado insuficiente y no es capaz de eliminar los riesgos que entraña tal decisión.

Ya no son dos partidos los que se ponen de acuerdo para intercambiar designados, sino dos alianzas multipartidistas las que están designando dichos cargos según variables no técnicas.

El proceso a cargo de una denominada comisión de nombramientos aparenta escuchar y valorar, mas en la realidad es usual que desde el inicio existan unos benditos por el poder político, o las altas esferas del Poder Judicial, y los otros participantes lo único que hacen es legitimar lo actuado.

El riesgo es evidente. La persona que será designada tiene claro el juego donde se mueve y podría llegar a amarrar apoyos con diputados estratégicos, haciendo lobby o recurriendo a actores externos, incluso.

Esta dinámica es peligrosa para nuestro sistema, pues la decisión técnica, objetiva y pensada sobre idoneidad puede ceder ante la negociación y el compromiso con quienes “armaron” la respectiva mayoría.

La única garantía frente a esta realidad es la mayoría calificada necesaria para la elección; no obstante, los juegos de alianzas y estrategias pueden allanar el camino a más de uno, e impedir optar a personas idóneas.

La reforma llevada a cabo en el 2003 contribuyó a alargar el tiempo para adoptar la decisión por la mayor complejidad en efectuar negociaciones, sin que haya implicado una garantía de mayor calidad en las designaciones.

Filtros de selección. Si bien no se puede llegar a ser iluso y pensar en un magistrado abstraído del mundo, dedicado solo a teorizar, sin un sustrato ideológico o vivencial de base, es necesario que los filtros de selección obedezcan más a idoneidad técnica y moral, y menos a un músculo político.

Atenerse al autocontrol de la persona designada o a la esperanza de que esta demuestre independencia, tampoco resulta suficiente. Es necesario abrir procesos de preselección con representantes ajenos al poder político, que valoren el perfil de los optantes conforme a parámetros definidos y validados y en donde la discrecionalidad se vea reducida a su menor expresión, con amplia publicidad y transparencia, como punto de partida.

La reforma que a gritos requiere el Poder Judicial se asienta en que sus jerarquías sean sometidas a procesos más rigurosos y técnicos de selección, en donde se evalúen destrezas, conocimientos, valores y conductas acordes con la trascendencia de sus decisiones.

Nuestro sistema democrático así lo requiere con carácter de urgencia, más allá de toda retórica política.

El autor es abogado, especialista en derecho público.

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