EscucharEl déficit fiscal es el problema más angustiante en este momento; la solución es de sobra conocida. El reto es que el presidente, Luis Guillermo Solís, y los diputados escuchen y actúen.
Los números están claros: el déficit oscilará entre un 6,5% y un 7% del PIB en el 2016, de no aprobarse la reforma tributaria y controlar los disparadores del gasto.
Los ingresos del próximo año se mantendrán estables, entre un 14,1% y un 14,3% del PIB. Los gastos, por su parte, sin intereses, seguirán creciendo para situarse en un 17,3% del PIB, lo cual arroja un déficit primario proyectado de un 3% a un 3,2% del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda.
Las remuneraciones han crecido de un 5,5% del PIB, en el 2008, a un 7,6% en el 2015; un aumento de un 2,1% en tan solo siete años.
Las transferencias corrientes crecieron de un 5,3% a un 7,7% del PIB en el 2015; lo que representa un 2,4%.
Entre salarios y transferencias, el aumento ha sido de un 4,5% del PIB (¢1,35 billones), que equivale a un 76% del déficit proyectado del 2015. De no controlar estos rubros, los salarios crecerán, en el 2016, entre un 5% y un 6%, y las transferencias, también.
El servicio de intereses de la deuda del Gobierno para el año entrante puede complicarse, y solo se previó un aumento de un 2,8%.
Además, es muy probable que aumente el costo financiero, afectado por el déficit del 2016, los ajustes externos en la política de la Fed (Banco Central de Estados Unidos), un mayor riesgo, poca capacidad de endeudamiento externo, mayor devaluacion y precios más altos del petróleo.
Cada aumento de un 1% en los intereses, incrementará el déficit fiscal en medio punto porcentual.
La deuda pública del Gobierno Central creció de un 29% en el 2010 a un 43% en el 2015. Se pronostica que será superior al 50% en el 2016, de no hallarse una solución a la grave situación fiscal.
En cuanto a los salarios del Gobierno, entre el 2010 y el 2015, los pagos por beneficios y dedicación exclusiva han subido un 34%.
Las anualidades pasaron de ser un incentivo a la productividad, a un reconocimiento a la antigüedad. Los costos, si no se controlan, van a superar los sueldos base.
Muchos de estos incentivos son derechos adquiridos y la Sala Cuarta ha dicho que deben ser pagados, no hay otra vía.
Hablar de recortar horas extra en un 50% no significará más de ¢3.000 millones anuales.
El Gobierno debe concentrarse en ligar las anualidades a resultados de gestión y productividad, y ser exigente con la calificación que reciben hoy el 99% de sus empleados, sin ningún parámetro.
Controlar las anualidades significará recortar un aumento que tiene un alto costo. En promedio, los empleados públicos tienen entre 18 y 20 anualidades y estas crecen más rápido que los salarios base.
En el 2015, el Gobierno otorgará la mayor alza en este rubro en términos reales de los última década.
Para el 2016, aumentará el número de empleos en 3.500 plazas, 2.200 de las cuales las utilizará en el MEP, a pesar de que la población estudiantil se redujo en más de 60.000 niños en seis años.
Por el lado de las transferencias, es importante que las universidades y otras instituciones que dependen de los ingresos del Gobierno revisen con cuidado sus altos incrementos en salarios y pluses en el 2016, porque, de no controlarlos, correrá peligro su estabilidad financiera a corto plazo.
Ninguna institución puede aislarse de los graves problemas financieros del país. La UCR, en el 2014, gastó más de ¢45.000 millones en anualidades; es decir, ¢4,8 millones, en promedio, por cada empleado.
Pensiones e Inversiones. Problemas con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con las pensiones de la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones, ponen en aprietos las finanzas futuras del Gobierno.
La última reforma al IVM cumplió 10 años, y es preocupante que hoy se hable de hacer un nuevo estudio para tomar medidas a fin de garantizar la sostenibilidad.
Los escenarios futuros del régimen no están claros a corto plazo, por lo cual es impostergable que la CCSS acelere las modificaciones, porque, de lo contrario, la insolvencia afectará, especialmente, al Gobierno Central.
Por el lado de las pensiones con cargo al presupuesto, preocupa el pago de ¢90.000 millones a 1.745 personas. En este caso, urge una ley para recortar tan grave situación, que tiene un presupuesto que superará los ¢800.000 millones en el 2016.
Obra pública. Que el Gobierno esté atado para ejecutar los escasos recursos destinados a inversiones, debido a los complejos procesos de contratación, es preocupante en el contexto actual.
Más de ¢50.000 millones para invertir en escuelas, carreteras, cárceles y edificios están disponibles, pero el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) solo ha ejecutado el 27% de lo programado.
Duramos más de un año en cualquier proceso de contratación de obra pública. Es importante la declaratoria de una situación de contingencia nacional para acelerar la construcción de infraestructura.
La inversión pública es clave para la reactivación económica. El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) cuenta con más de ¢250.000 millones; no obstante, solo había utilizado el 12% a junio del 2015.
No podemos seguir hablando de nuevos préstamos e ingresos si el Gobierno se ve impedido para ejecutar obra, por apelaciones y complejos trámites.
Las nuevas vías a Limón y a San Ramón deberían concretarse en el próximo año. Ambas son clave para la competitividad. Pedir más puentes y obras paralelas van a encarecer los préstamos y la viabilidad económica.
Es mejor dejar, para años posteriores, radiales y otras obras importantes, mas no estratégicas, que encarecen y, ante todo, paralizan obras.
Reforma fiscal. Está claro que la reforma fiscal planteada por el Gobierno se concentra en nuevos ingresos, y no en recortar los graves disparadores del gasto público.
La Administración expandió los gastos en más de un 13% en términos reales en el 2015 y el Gobierno pagará con mayor deuda un 58% de los salarios.
A pesar de la apremiante situación económica y social de Costa Rica, en el presupuesto del 2016 no se efectuó recorte importante de gastos, no se controla el empleo público, ni se privilegia la rendición de cuentas y la transparencia.
Tampoco se ataca la informalidad y el subempleo, y quedaron por fuera las reglas fiscales estrictas que mantengan la estabilidad macroeconómica.
No se vale mantener una estructura tributaria que dependa de pocos contribuyentes y del sector formal.
Lo importante de una reforma fiscal es el cierre portillos de los disparadores del gasto, como lo son los salarios y las transferencias; que sea simple y cree confianza en que los recursos se invertirán en más infraestructura y en mejores servicios para los ciudadanos.
Llegar a tener un país económicamente saludable exigirá que el Congreso tome medidas de responsabilidad y transparencia fiscal para garantizar que los nuevos ingresos sostengan el modelo.
El Congreso tiene también que poner orden en el resto del sector público; es inadmisible que las instituciones trasladen a los usuarios sus abusos e ineficiencias con total impunidad. De otra forma, al final, toda medida fiscal será insuficiente para pagar tantos privilegios.
Jorge Woodbridge es ingeniero.
