EscucharAnte el aumento de un 19% en los gastos del Gobierno y un déficit proyectado de un 6,1% del PIB, con una deuda pública creciente, el Ministerio de Hacienda envió a consulta un proyecto de reforma tributaria que pretende recaudar un 2% del PIB (cerca de ¢600.000 millones) mediante los impuestos de venta y renta para dar estabilidad a las finanzas públicas.
El primer cambio propuesto consiste en convertir el impuesto de ventas en el impuesto al valor agregado (IVA), lo que significaría un aumento del 13% al 15%. Prácticamente, todos los bienes y servicios quedarán gravados, lo que afectará toda la cadena de producción. La reforma contempla, también, un impuesto de renta a las utilidades de las grandes cooperativas y a los solidaristas, al sector de telecomunicaciones del ICE y a la educación privada. Además, quedarán gravados los alquileres mensuales mayores a los ¢403.000 y el consumo de agua superior a 40 metros cúbicos.
Otros cambios son limitar la deducción de intereses; regular los precios de transferencia; y crear un impuesto único del 30% para las personas jurídicas y tramos de un 10% y un 25% para las personas físicas. El gravamen para los empaques, las materias primas para la industria, los servicios a la agricultura y los bienes e inmuebles será de un 5%.
La carga impositiva para los servicios turísticos aumentará gradualmente hasta llegar al 15%. Quedan exonerados los productos agrícolas y de pesca, los servicios de salud primaria y educación, las empresas en zonas francas, el transporte público, los servicios ligados a la construcción, una canasta básica de productos y el consumo eléctrico menor a 250kW/h.
Tareas pendientes. No cabe duda de que el nuevo proyecto fiscal no es consecuente con una reforma integral, que contemplaría un estricto control y eficiencia en el gasto público. Porque lo que debe hacer un gobierno antes de presentar un proyecto fiscal, es crear confianza mediante el otorgamiento de información y actuando con más transparencia para saber cómo se invierten nuestros impuestos y cuáles son los mecanismos de evaluación y los programas de austeridad.
Es fundamental que el gobierno explique con claridad cómo logra la recaudación de impuestos actuales y qué ha hecho para combatir el contrabando.
En el campo de las inversiones en infraestructura, debe explicarse al país, cómo es posible que en más de siete años no se haya podido ejecutar préstamos por más de $3.000 millones. No es razonable dar nuevos recursos al Gobierno sin establecer mecanismos transparentes de rendición de cuentas.
No puede el gobierno pretender nuevos impuestos, si no existe un compromiso claro de contención del gasto público. No puede el gobierno seguir dando más prerrogativas y pluses salariales a los empleados públicos. Tampoco debe mantener dos sistemas de compras públicas después de las grandes inversiones que ha hecho el país para lograr institucionalizar el programa Merlink (Mercado en Línea).
La deuda pública. El gobierno debe buscar una solución a largo plazo de su deuda pública. No podemos seguir endeudándonos para financiar gastos ordinarios. El pasado 5 de marzo el Ministerio de Hacienda colocó los últimos $1.000 millones en eurobonos, autorizados por el Congreso en el 2012. Esto significa que a partir del 2016 el gobierno no tendrá otra opción que financiar sus gastos en el mercado interno, pues es difícil que antes de esa fecha Hacienda tenga aprobado el nuevo proyecto fiscal, con el agravante de que el año entrante se vencen $2.200 millones, entre el servicio de la deuda interna y externa.
La situación exigirá vender bonos en el mercado interno, presionando así las tasas de interés en colones y los recursos disponibles para el sector productivo. Ante la gravedad del pago de la deuda, la única salida que le quedaría al gobierno es recurrir a organismos internacionales, con los costos y los condicionamientos que todos conocemos.
Nuestra deuda externa aumentó en 4.000 millones de euros y no hemos hecho nada para mejorar las finanzas públicas, con el agravante de que el mismo Banco Central proyecta un déficit de 6,6% del PIB para el 2016, déficit que se vuelve inmanejable dadas las calificadoras de crédito de bancos y de organismos internacionales.
Cuadro fiscal crítico. Frente a la desestabilización financiera proyectada en el 2016, no hay otra salida que evaluar responsable y prioritariamente la actual reforma fiscal planteada por el gobierno. Se requiere reducir el déficit fiscal entre un 4% y un 4,5% del PIB para lograr un superávit primario y dejar de seguir endeudándonos.
Para alcanzar la meta, la administración debe trabajar en la obtención mayores ingresos y aplicar recortes de gastos. Debe aprovechar esta coyuntura para que el Congreso ordene todo el sector público, comenzando por dejar de aprobar más gastos sin ingresos y estableciendo metas, controles y directrices claras no solo al Gobierno Central, sino a todas las instituciones que conforman el sector público.
Recordemos que el presupuesto del sector público para el 2015 es de ¢22 billones y el del Gobierno Central es de apenas ¢7,9 billones, equivalentes al 33%. De los 255 presupuestos revisados por la Contraloría General de la República (excluyendo el Gobierno Central) solo 176 fueron aprobados para el 2015. Más de ¢800.000 millones no pasaron el análisis por carecer de ingresos probados o porque se exceden en los límites de autorización de la Autoridad Presupuestaria.
De hecho, no podemos hablar de reforma fiscal si no controlamos la totalidad del sector público, que crecerá en el 2015 entre un 9% y un 10%, prácticamente el doble de la inflación proyectada por el BCCR, con la desventaja de que diez instituciones significan el 67% de los recursos y que no están bajo el control y los límites de la Autoridad Presupuestaria y de la Asamblea Legislativa.
Paralelamente, es prioritario que el gobierno y el Congreso, dentro de un esfuerzo de ordenamiento fiscal, pongan en marcha una política de empleo más rígida, donde los salarios crezcan de acuerdo con la inflación, con una estructura de salario único “sin pluses”. El régimen salarial del sector público debe unificarse, sin excepciones. Otras tareas impostergables son la revisión de las pensiones, que deben racionalizarse, y acabar con los odiosos privilegios; revisar las exoneraciones, que causan graves distorsiones; y evaluar todas las transferencias con destinos específicos y por mandatos constitu-cionales.
El 2015. Este año es clave para buscar el ordenamiento de las finanzas publicas. No podemos seguir posponiendo las medidas de ajuste, deben revisarse todos los programas y eliminarse los innecesarios. La política de empleo no puede posponerse. Las compras públicas deben fortalecerse y no buscar nuevas figuras. Todas las instituciones del Estado deben ordenarse.
Es preciso acabar con los graves privilegios. La carga tributaria debe ser más equitativa y eficiente, hay que acelerar la inversión pública y revisar las leyes de contratación.
Tenemos que garantizar la solvencia del Estado y fortalecer las finanzas públicas para poder crecer y resolver el problema del empleo. Hoy, más que nunca, tenemos que mejorar el clima de negocios y la competitividad, pues el desempleo creció al 9,7% en el último año.
Urge dar señales claras al sector productivo, social y financiero de que se va a buscar una salida sostenible al problema fiscal. La informalidad y el subempleo crecen, no esperemos soluciones mágicas, la austeridad y el control están antes que el debate de los impuestos.
No puede existir una reforma tributaria sin compromisos. Hagamos una reforma tributaria integral. Llevamos más de doce años hablando de reformas fiscales y solo parches y aumentos de gastos se han hecho. Por el bien social y económico de Costa Rica, trabajemos juntos en un pacto social que apoye el empleo y un desarrollo sostenible y justo.
El autor es ingeniero.
