Somos un país que cree en la educación y desde el nacimiento y consolidación de nuestra ciudadanía nos hemos comprometido con ella. Tenemos clara la ruta en la que queremos transitar y para ello necesitamos personas críticas, pensantes, formadas con calidad y que ejerzan sus carreras con profesionalismo y ética.
Esta convicción nos motivó a presentar una propuesta de reforma a la ley de creación del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), que data de 1981, con el objetivo de contribuir a elevar la calidad del servicio educativo y mejorar la relación entre estudiantes, universidades y el Estado, a partir de reglas más claras y efectivas y de un sistema administrativo más eficiente.
Desde mayo del 2014, fecha en la que asumimos funciones, definimos la educación superior privada como un espacio de atención prioritario. Partimos de la sistematización de nuestra propia experiencia profesional, tanto en el campo de la educación superior como específicamente en el relativo a la calidad de este nivel de estudios.
Nos dimos a la tarea de realizar un diagnóstico integral de antecedentes, marco normativo vigente y oportunidades de mejora de gestión en lo interno del Conesup. Hemos trabajado de la mano de su personal administrativo y técnico, y en consulta permanente con expertos nacionales y extranjeros.
Debate nacional. Uno de los resultados de este proceso es la propuesta de reforma. Sin embargo, antes de presentar el texto a la corriente legislativa, hemos querido propiciar un debate nacional, respetuoso y transparente, sobre el fortalecimiento de la educación superior privada, los vacíos legales y las limitaciones administrativas que afectan tanto a los usuarios como a las universidades privadas reguladas por el Conesup.
Desde el 17 de marzo el texto está disponible en la página del MEP (www.mep.go.cr). También lo hemos enviado a universidades privadas, colegios profesionales y grupos estudiantiles, entre otros actores, con la intención de que sea analizado en profundidad. Entre el 6 y el 10 de abril, abriremos un espacio de consulta, lo más representativo posible y abierto al público, para recibir las observaciones y recomendaciones de diferentes sectores.
Hemos habilitado el correo consultaconesup@mep.go.cr.
Allí recibiremos los insumos y las solicitudes formales para participar de la consulta pública. Después de completar esta etapa, procederemos a presentar el proyecto de ley e impulsar su aprobación en la Asamblea Legislativa.
Un elemento relevante por destacar, como parte de este necesario debate y de la renovación administrativa que está en marcha en el Conesup, lo constituye el riguroso estudio que la Contraloría General de la República ha realizado sobre la gestión del Consejo. Este es un insumo clave para orientar las urgentes decisiones que conduzcan a una mejora de su funcionamiento y de su proyección nacional.
Si bien son múltiples los retos que debemos enfrentar, uno es la columna vertebral de la reforma propuesta: el fortalecimiento de la calidad. El Estado costarricense debe promover la excelencia y fiscalizar la educación superior privada, en tanto servicio de interés público, con mecanismos claros y efectivos que propicien el desarrollo de la actividad en un marco de respeto a los principios expresados en la legislación.
Aspiramos, entonces, a contar con centros de estudios superiores y educandos comprometidos con la excelencia y la mejora continua, con una formación que les permita triunfar en la vida, obtener empleos bien remunerados y cumplir en forma óptima con las labores estratégicas que un país requiere de sus profesionales.
Por ello, el proyecto propone que todas las instituciones universitarias cumplan con la norma nacional de calidad. Esto en nuestros días no es una opción sino un imperativo para garantizar el bienestar y también la competitividad nacional. Y en cuanto a las carreras universitarias, se exige que, en razón de la naturaleza de su impacto social, las titulaciones de educación, salud e ingeniería civil cuenten con el sello de calidad. Esta es una medida en favor de los estudiantes y del desarrollo nacional.
Reglas claras. La reforma también establece una actualización periódica de los planes de estudio, ¡exigencia que increíblemente no está regulada después de más de 30 años de existencia del Conesup! Pero el proyecto no solo define mejoras de parte de las universidades, sino también del propio Conesup. Se le exigen plazos, innovaciones, mayor eficiencia. Se establecen reglas claras.
De particular relevancia resulta la incorporación a la ley de los derechos y deberes de los estudiantes, actor que requiere ser visibilizado como beneficiario directo del servicio educativo.
De igual forma, en la propuesta se incorpora la potestad del Conesup de autorizar los diversos cobros –certificaciones, laboratorios, derechos de graduación, entre otros– que realizan las universidades, más allá de los relativos a cursos y matrícula autorizados por una ley que ya no responde a los retos del presente. Todo ello mediante procesos transparentes y en un marco de razonabilidad y rigurosidad.
Estas son algunas de las innovaciones de la propuesta que hemos sometido a consulta. Para nosotros, desde el Poder Ejecutivo, esta reforma no solo es impostergable sino que responde a muy claras oportunidades de mejora que deben ser aprovechadas por las universidades privadas, los estudiantes y el Estado. Hoy, más allá de nuestras diversas visiones, un compromiso común nos debe unir a todos: el fortalecimiento de la calidad que merece Costa Rica.
La autora es ministra de Educación.