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Refinería china: urge exterminar ese leonino negocio

Actualizado el 15 de julio de 2014 a las 12:00 am

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Refinería china: urge exterminar ese leonino negocio

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La relación de Recope con la China National Petroleum Corporation (CNPC) por medio de la Sociedad Refinadora Sino-Costarricense (Soresco) y, en general, el negocio con los chinos en materia de refinería deben terminarse.

El negocio se ha desarrollado de una manera totalmente desventajosa para Costa Rica. Los dos Gobiernos anteriores aceptaron que empresas subsidiarias de la socia de Recope en Soresco hicieran estudios de factibilidad (Huanqiu Contracting & Engineering Corp -HQCEC) y evaluaciones (WorleyParsons/CEI), fundamentales para definir las condiciones técnicas y financieras del proyecto, su continuidad y los compromisos de Recope.

Además, WorleyParsons/CEI tenía un interés directo en recomendar que el proyecto continuara, pues se le prometieron contratos por $60 millones para las etapas posteriores. Esta serie de grotescos conflictos de interés, todos en beneficio de la CNPC y sus subsidiarias, nunca debieron aceptarse. No sé por qué algunos costarricenses promovieron o aceptaron esas condiciones. Sin embargo, de una cosa sí estoy seguro: en sus negocios personales jamás darían tales ventajas a sus socios.

El poner esos conflictos de interés en evidencia condujo a la renuncia del presidente ejecutivo de Recope y a que la Contraloría General de la República ordenara que los estudios realizados por las empresas mencionadas no se utilizaran para continuar con el proyecto.

En lugar de acatar las decisiones de la Contraloría, Recope la ha demandado, con el fin de obligar a que se anulen los actos administrativos dictados por el ente contralor. El fin real de la demanda es evitar las posibles consecuencias penales y civiles para los responsables de las decisiones cuestionadas. Para demandar a la Contraloría, Recope –directa o indirectamente por medio de Soresco– contrató abogados con honorarios cercanos a los ¢100 millones cada uno.

Así, revelando el lamentable nivel de subdesarrollo que predomina en la actitud de algunos funcionarios y políticos, un ente estatal gasta recursos de todos los costarricenses para demandar a otro, todo con el fin de evitar posibles consecuencias penales y/o civiles a personas que han hecho un gran daño al país.

En los últimos días, los defensores de este proyecto han estado reiterando argumentos totalmente falsos y han intentado asustar a las nuevas autoridades mencionando posibles indemnizaciones millonarias a China, si Costa Rica no sigue adelante con el proyecto.

Primero. Es necesario enfatizar que todas las interpretaciones que estén al margen del Acuerdo de Empresa Conjunta (AEC), no tendrían ninguna validez en un arbitraje dirigido a exigir indemnizaciones. Ello, porque en el inciso (f) de la Sección 3.02, referido a los Alcances y Responsabilidades del AEC, página 11, se establece que: “(f) En caso de conflicto, los términos del presente Acuerdo prevalecen por encima del Acta Constitutiva y los Estatutos y cualquier otro Acuerdo Asociado del proyecto”.

Este inciso es vital para comprender nuestras denuncias y las decisiones de la Contraloría, en vista de que el AEC prohíbe expresamente los conflictos de interés mencionados arriba, al especificar en el inciso (c), Sección 5.02, referido al Estudio de Factibilidad Económica , página 16, que: “(c)... De igual forma, las partes convienen en contratar una empresa que sea ajena a las Partes para elaborar el Estudio…”.

En el inciso (a), Sección 5.05, página 19, referido a la Supervisión del Proyecto , se refuerza la prohibición de cualquier conflicto de interés, al señalar que: “(a) Las Partes acuerdan contratar a través de AEC a una Empresa Supervisora, la cual será un tercero independiente y no relacionado con ninguna de las Partes, para que verifique que el desarrollo y ejecución del proyecto, así como las modificaciones a ser incorporadas en las instalaciones existentes, se lleven a cabo de acuerdo con las especificaciones…”.

Segundo. Se ha alegado que, debido a malas traducciones, existen documentos en idiomas que no son el español, donde se incluyen estipulaciones diferentes a las contempladas en los documentos en idioma español. De ser cierto esto, sería irrelevante, en el tanto no existe duda de que el idioma oficial del AEC es el español. El inciso (a) de la Sección 12.15 del AEC, en referencia al Idioma, establece que: “(a) El presente Acuerdo será suscrito tanto en español como en inglés. La versión en español prevalecerá en caso de discrepancia”.

Tercero. Las posibilidades de demandas multimillonarias mencionadas en algunos ámbitos son nulas en el tanto el contrato IPC (Ingeniería-Procura-Construcción) no ha sido firmado y, tal y como se lee en la adenda, número 1, del AEC, solo si el IPC ha sido firmado, el retiro de una de las partes le acarrearía responsabilidades. Específicamente, esa adenda señala: “Décimo Tercero: … Si una parte decide no continuar con el desarrollo del proyecto antes de la suscripción del contrato IPC, las partes no tendrán derecho a reclamar ninguna indemnización adicional a las respectivas inversiones realizadas”.

En fin, Recope no debe continuar con el proyecto de la refinería con la CNPC y debe desistir de la demanda a la Contraloría General de la República. Lo que procede es elaborar nuevos estudios por medio de una empresa especializada, completamente independiente y de prestigio internacional, para que, en caso de dictamen positivo, se considere la construcción de una nueva refinería mediante una licitación internacional competitiva y transparente que resguarde los intereses del país por sobre todo.

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