Opinión

Reducción de la deuda política, una deuda con Costa Rica

Actualizado el 14 de agosto de 2013 a las 12:00 am

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Reducción de la deuda política, una deuda con Costa Rica

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La Constitución Política, en su artículo 96, indica que el monto de los recursos para financiar las campañas electorales es el 0,19% del PIB. Para el 2014 y 2016 corresponde a ¢43.100 millones, con una distribución de ¢36.295 millones para las elecciones presidenciales y ¢5.445 millones para las elecciones municipales, cálculo que se efectúa con base en el PIB del año trasanterior a las elecciones, en este caso el 2012.

En el período electoral del 2010, se había realizado una previsión presupuestaria de ¢30 mil millones, de los cuales, por una modificación al Código Electoral que rebajaba la deuda al 0,11% del PIB, solo se liquidaron ¢21.859 millones.

La previsión presupuestaria para cumplir este mandato constitucional en las elecciones del 2014, se debía hacer en el Presupuesto Ordinario de la República del 2013; sin embargo, el Ministerio de Hacienda indicó que solo presupuestaba lo correspondiente al 0,11% del PIB (unos ¢24.953 millones), porque en la corriente legislativa había un proyecto de ley para reducir lo correspondiente a la deuda política del 0,19 % al 0,11% del PIB.

Este proyecto se tramita bajo el expediente 18.357, aprobado en forma unánime por la Comisión de Asuntos Electorales y, actualmente, se encuentra en el plenario para su discusión en primer debate.

Sin embargo, a pesar de las solicitudes del Poder Ejecutivo para que se apruebe la reducción a la deuda, cuyo monto asciende a $40 millones, que podrían invertirse en la construcción de infraestructura (la ruta Cañas-Liberia cuesta alrededor de $80 millones); otorgar más de 3000 bonos de vivienda; fondear el fideicomiso a los cafetaleros contra la roya; atender los grandes problemas nacionales o, en su defecto, no colocar bonos de endeudamiento para cubrir este monto faltante.

Contradicción. Es contradictorio que la fracción de gobierno no apoye esta iniciativa que viene a dar aire a las finanzas públicas, condicionando su voto, especialmente cuando tenemos un déficit fiscal del 5% del PIB y se esté hablando, nuevamente, sobre la necesidad de hacer una reforma fiscal que sabemos es necesaria. En la campaña del 2010 se comprobó la posibilidad de hacer campaña con una deuda política del 0,11% del PIB, máxime que los partidos no pudieron justificar los gastos por los aproximadamente ¢22.000 millones asignados.

En este contexto, el Ministerio de Hacienda debe emitir, a más tardar el próximo 2 de octubre, según calendario del TSE, los bonos por el monto que el Estado reconocerá a los partidos políticos. Cabe cuestionar y denunciar toda la inversión pública que se va a dejar de hacer en época de crisis económica, para beneficiar el financiamiento de las campañas electorales.

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Recortes. ¿Será qué el Poder Ejecutivo ya cuenta con los cerca de ¢18.100 millones del cálculo diferencial, entre el 0.19% del PIB asignado para el 2014 y el 0.11% del PIB, que es meta del proyecto de ley? Si es así, resulta innecesario exigir recortes de presupuesto ni sacrificio estatal. No obstante, es probable que el próximo gobierno continúe con faltante de recursos. Por eso apelará, de nuevo, a una reforma fiscal. ¿Con qué justificación pedirá apoyo? ¿Qué piensan los candidatos a la Presidencia de la República de esta carencia de recursos para gobernar?

Todavía queda tiempo para la discusión y aprobación de esta iniciativa y que sean los partidos políticos quienes hagan el “sacrificio” y no los costarricenses o ¿será que los partidos políticos le están torciendo el brazo a las bancadas electas en su nombre para que no aprueben el transitorio que modifica el financiamiento de la deuda política?

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