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Recortes e impuestos

Actualizado el 08 de octubre de 2014 a las 12:00 am

No queda yamucho tiempo,y hay que superar los espejismos

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Recortes e impuestos

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El PAC, en su primer gobierno, recibe un país sufriendo una situación fiscal muy difícil. Por culpa de las dos últimas Administraciones, las tretas mancomunadas de exdiputados de derecha y de izquierda contra el Plan Fiscal que negociamos con la expresidenta Chinchilla, la Sala IV y el cortoplacismo de algunos sectores económicos y sociales, el déficit fiscal heredado supera el 6% del PIB. Además, como resultado de los déficits de años anteriores, se ha acumulado deuda pública que debe pagarse, y sobre la cual deben cancelarse montos crecientes de intereses.

El déficit primario heredado –en el que se excluye el pago de intereses– es del 3,2% del PIB. Así, los ingresos tributarios no alcanzan para pagar los gastos corrientes y, menos, los intereses sobre la deuda. Esto significa que debemos pedir prestado para pagar intereses, lo cual coloca al país en el ciclo peligroso del interés compuesto. Por ejemplo, de mantenerse intacta la ley de presupuesto que se discute en la Asamblea Legislativa, al 2020, solo por el déficit que contempla ese presupuesto, se habrían acumulado erogaciones por intereses de ¢522.000 millones.

Nótese que esa cifra no incluye los intereses que debemos pagar por el saldo de la deuda actual y por los créditos requeridos para financiar los déficits del 2016 en adelante. Con ¢522.000 millones se podrían construir más de 12 estadios nacionales o financiar una y media veces el FEES del 2014. Como resultado de los déficits acumulados en los últimos años, el presupuesto del 2015 contempla pagos de intereses por ¢921.000 millones, el equivalente a 1,3 veces el presupuesto conjunto de las universidades y el Poder Judicial de este año.

No se puede jugar. No se puede jugar con las finanzas públicas. Si no se hace algo radical ahora, solo será posible evitar una crisis fiscal dentro de dos o tres años, si la economía mundial comienza a crecer en unos 2 puntos adicionales y la nuestra lo hace a tasas superiores al 6% anual. Si no se dan esas circunstancias, el déficit y la deuda pública seguirán creciendo y, con ellos, los costos sociales de recuperar el control. Costa Rica vivió, a inicios de los ochenta, un dramático deterioro económico y, sobre todo, social, por no enfrentar el dolor de los ajustes a tiempo. Recientemente, países como Grecia y España se han visto obligados a despedir empleados públicos y a reducir salarios y pensiones, pues no enfrentaron a tiempo la realidad. Obligados por las circunstancias, el ajuste fue forzado y grosero contra las clases media y baja.

La defensa y fortalecimiento del Estado social de derecho requiere, como punto de partida, finanzas públicas sanas que permitan financiarlo. Lo demás es pirotecnia verbal. Los países que rehúyen las soluciones duras solo las posponen. Todos terminan en los regazos de los organismos financieros internacionales. Lo vivieron muchos países, incluyendo el nuestro y, dramáticamente, el Perú del primer Alan García. En este caso, su irresponsabilidad fiscal terminó en la dictadura neoliberal de Fujimori, como ejecutor de políticas económicas diseñadas en Washington.

En América Latina, casi todos los países han aprendido las lecciones que dejan las crisis fiscales y lo errado que significa asociar la disciplina fiscal con una ideología determinada. Países de centro-derecha como Colombia, así como países socialistas –Bolivia o Ecuador–, manejan las finanzas públicas con rigorosa prudencia. Por otra parte, la irresponsabilidad fiscal del centro-derechista Óscar Arias no tiene nada que envidiarle a la del socialista Hugo Chávez. Lo que no puede negarse es que, cuando la demagogia, el cortoplacismo, el clientelismo o el temor a los grupos de interés toman la batuta, la única que termina derrotada no es la contabilidad fiscal, pues simultáneamente son derrotadas las aspiraciones de los sectores medios y pobres.

Siempre afirmé que el gobierno de doña Laura podía finalizar sin mayores sobresaltos, aunque no se aprobara el Plan Fiscal que negociamos. El 75% de los nuevos impuestos que generaba ese plan serían pagados por el 20% más rico de la población, de acuerdo con estudios de la Universidad de Costa Rica. Pero pareciera que, para algunos, las leyes de la aritmética tienen excepciones cuando se trata de las matemáticas fiscales. Los mismos que se opusieron a nuevos impuestos, ahora se oponen a recortes, aun cuando se trate de excesos, desperdicios y abusos. En su confortable mundo, la realidad debe acomodarse a sus deseos de quedarle bien a todo el mundo. A pesar de traumáticas experiencias, creen que, con una marcha o lanzando epítetos, se arregla el déficit fiscal.

El tiempo se nos acaba. Hoy, el tiempo se nos comienza a acabar. A pesar del peligroso déficit fiscal heredado, respeté la decisión del equipo económico de don Luis Guillermo de no enviar un plan fiscal el primer día de gobierno. Creí que la ruta escogida era la de hacer recortes fuertes y preparar el terreno político para que la anunciada intención de proponer un plan fiscal a los dos años de gobierno recibiera el apoyo de la población. La estrategia tenía sentido, pues nos permitía, con finanzas saneadas –tanto por el lado de los recortes a gastos innecesarios como por el de los ingresos–, culminar el gobierno con baja inflación y, sobre todo, con muchas obras de infraestructura terminadas o en construcción, y una política social generosa y amiga de la inclusividad y la equidad.

Lamentablemente, al conocer el presupuesto el pasado 1 de setiembre, me enteré de que venía con un incremento en los gastos corrientes que superaba en más de dos veces la inflación esperada, y programaba un déficit fiscal del 6,7%, aún mayor que el del año 2014. En primera instancia, parecía que la largueza en el gasto se había adelantado a la rectificación fiscal y no al revés, como lo había entendido. Pero he escuchando del ministro de Hacienda, don Helio Fallas, que hizo ingentes esfuerzos para recortar gastos a la hora de negociar el presupuesto con cada institución. Me percaté entonces de que era necesario hacer un esfuerzo adicional desde la Asamblea Legislativa, que complementara el ya realizado por don Helio. Por ello, me aboqué a escudriñar el presupuesto. Encontramos muchas oportunidades de hacer recortes sin afectar programas.

Moción presentada. La moción que presenté busca darles un fuerte golpe a prácticas que significan desperdicios gigantescos (consultorías, alquileres, viajes, comidas, publicidad, horas extras, etc.), y a concesiones que deberían ser ganadas y no asumidas. El país eligió al PAC para que diera un golpe de timón y para que hiciera cambios cualitativos sustanciales y radicales en muchos campos. Las “irresponsabilidades, sinvergüenzadas e ineficiencias” que, con gran coraje y transparencia, denunció nuestro presidente, Luis Guillermo Solís Rivera, en el Melico Salazar, con ocasión de los 100 días de gobierno, fueron una advertencia sobre la naturaleza drástica de los cambios, empezando por el monto de los gastos en una serie de rubros que solo benefician a pequeños grupos.

La gran masa de costarricenses que no tiene vocerías organizadas, los pequeños empresarios que son crucificados por elevadas cargas sociales, los agricultores que no cuentan con garantías de nada, ni siquiera de mercado para el fruto de sus esfuerzos, las mujeres que viven en pobreza en los barrios urbano-marginales y las familias que aspiran a contar con buenos servicios, lejos de molestarse por un cambio cualitativo y radical en la forma en que se gastan los recursos públicos, se frustrarán, más bien, si sus expectativas de cambio se evaporan en la gradualidad y la espera eterna de resultados.

La mejor, más justa y más democrática respuesta a las altas expectativas creadas por el PAC son cambios radicales en la forma en que se gobierna. Nuestro presidente tiene la formación, la preparación, la visión y el coraje para responder a esas expectativas. No tengo ninguna duda de que las esperanzas de 1,3 millones de votantes recibirán respuesta.

Propuesta. Por ello, sugiero respetuosamente una modificación sustantiva a la estrategia del equipo económico del Gobierno. Mi propuesta –ya planteada a altas autoridades– es impulsar fuertes recortes al presupuesto en discusión en la Asamblea Legislativa –no tienen que ser los mismos que propongo en mi moción–, que no afecten programas importantes y que reduzcan el déficit fiscal programado de un 6,7% a un 5,5% del PIB. Con esa demostración de austeridad, he sugerido enviar en enero un paquete de impuestos progresivos –quizá similar al ya negociado entre el PAC y doña Laura Chinchilla hace tres años– que nos permita recortar el déficit en unos 2 puntos adicionales para que, a mediados del 2015, el déficit anualizado no supere el 3,5% del PIB.

El país comprendería que, ante la situación fiscal y las “sinvergüenzadas, chambonadas e ineficiencias” descubiertas al entrar al Gobierno, se proceda con los recortes. Esa demostración de pronta austeridad haría que la población asimile el cambio de opinión respecto a los impuestos y los acepte antes del límite de los dos años anunciados en campaña.

El presidente tiene razón: aunque recibimos una situación fiscal complicada, no estamos en crisis. Sin embargo, no tenemos mucho tiempo. Ha llegado la hora de apropiarnos de la situación real y superar los espejismos que podrían comprometer la ruta del cambio maravillosamente inspirada por don Luis Guillermo.

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