EscucharLa Contraloría General de la República ha venido informando sobre el riesgo de insostenibilidad en las finanzas públicas, y, de no corregir al menos su tendencia, irremediablemente afectará la estabilidad financiera de las instituciones públicas y del país en general, y, en consecuencia, afectará aún más la cobertura y calidad de los servicios a la sociedad costarricense.
En su “Memoria anual 2013”, la Contraloría presentó ante la Asamblea Legislativa y la ciudadanía un balance concreto de la situación fiscal del Gobierno de la República, cuya evolución se ha caracterizado en el último lustro por un fuerte incremento del déficit fiscal y en la relación de la deuda pública con respecto al PIB, principales indicadores de la sostenibilidad fiscal.
Riesgo de insostenibilidad. Igualmente, se ha identificado un riesgo de insostenibilidad financiera que está siendo exportado a otros ámbitos del sector público, en virtud de una mayor dependencia de las transferencias provenientes del Presupuesto de la República, del incremento sostenido en el gasto de las instituciones públicas (particularmente, en el gasto corriente), y de un limitado crecimiento en los ingresos tributarios, de las cargas sociales y de las tarifas públicas, que no compensan el incremento de los gastos.
Durante el Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, convocado por la Contraloría General durante los días 12 y 13 de agosto, que reunió a altas jerarquías, auditores y subauditores internos de las instituciones públicas, los participantes tuvimos la oportunidad de compartir experiencias y preocupaciones sobre el quehacer de la hacienda pública en diferentes latitudes, cuya principal enseñanza fue que, ante un desbalance fiscal que pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, se imponen medidas por el lado del gasto fiscal y del ingreso.
Futuro no promisorio. Nuestro futuro no se ve promisorio, pues la tendencia de desbalance fiscal se mantiene y, para el año 2015, la Contraloría General estima que la carga tributaria permanecerá en el orden del 13,1%. Por su parte, el Banco Central de Costa Rica, en la reciente revisión del Programa Macroeconómico, estima un déficit del Gobierno del orden del 6,0% para el 2014 y del 6,6% para el 2015.
Ante este panorama, el margen de maniobra de la gestión fiscal implica una serie de retos y acciones orientadas a un tratamiento de austeridad en el crecimiento de los principales rubros del gasto público, así como a una búsqueda constante de espacios de incremento en la eficiencia de la gestión de las instituciones públicas, pues resulta necesario, más que nunca, encontrar alternativas de gestión pública para hacer más con recursos cada vez más limitados.
Según la experiencia de la Contraloría General es imperativo reflexionar y asumir decisiones estructurales, de acuerdo con lo señalado en nuestra “Memoria 2013” y lo expuesto ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Varias propuestas. Algunas de esas respetuosas reflexiones, con carácter propositivo, han sido las siguientes: se deben revisar programas que generan gasto público y que no están cumpliendo los objetivos por los que fueron creados, así como la sostenibilidad de los regímenes de empleo público y pensiones. Es necesario valorar la asignación y ejecución de recursos correspondientes a destinos específicos, con el fin de ajustarlos a la situación económica y social del país. La carga tributaria del Gobierno se ha estancado en un 13,2% del PIB en los últimos años, ante lo cual se impone cobrar eficientemente los impuestos, reducir la evasión fiscal y revisar el sistema tributario.
Asimismo, es imperativo revisar y ajustar el alto gasto en exoneraciones y otros tratamientos, que alcanza un 5,6% del PIB, dando transparencia a esta información e incorporándola al Presupuesto de la República. Las autoridades de planificación y hacendarias deben concretar sistemas de planificación y gestión por resultados. Es necesario valorar la implementación de reglas fiscales que permitan restablecer las condiciones financieras, garantizar la sostenibilidad institucional, y potenciar la capacidad y los márgenes de gestión, generando mayor bienestar a la colectividad.
La realidad. Entendemos que todos estos son desafíos de alta complejidad, cuya discusión requiere un tiempo que apremia, pero nos encontramos con poco margen para revertir la situación imperante. Esa es la realidad.
