EscucharLa dinámica social conlleva procesos permanentes de reconstrucción del Estado, que tienen el fin de adaptarlo a las necesidades de cada tiempo histórico. Una de las más valiosas herencias de nuestros antepasados, inclusive en los momentos más críticos y adversos, ha sido la capacidad demostrada de los actores políticos para abrir diálogos y construir consensos, distintivo histórico que hoy nos proponemos recuperar en la Asamblea Legislativa.
Esa capacidad de diálogo derivó en el alcance de acuerdos viables y sostenibles, reflejados en leyes e instituciones de gran alcance social y económico.
Desde los albores de nuestra vida política independiente, iniciamos la conformación de un sistema político de orientación democrática consolidado y con capacidad de generar consensos de gran trascendencia.
Destacamos los avances significativos en la calidad de vida de las familias costarricenses mediante la cobertura de servicios básicos –educación, salud, seguridad social, electricidad y telefonía–, el fomento de la iniciativa y diversificación empresarial hacia los mercados interno y externo y la consolidación del Estado social de derecho.
Hoy reconocemos con pesar que durante las últimas décadas hemos ido perdiendo la virtud para lograr entendimientos. Tampoco avanzamos en la construcción concertada de una visión del futuro de nuestro país, lo cual resulta imprescindible para garantizar a las futuras generaciones un desarrollo sostenible, que nos permita superar vacíos y rezagos contemporáneos que impiden crecer de forma solidaria hacia la modernidad.
Llamadas de alerta. En el XX Informe del Estado de la Nación de octubre del 2014, se reconocen logros indiscutibles de Costa Rica en muchos ámbitos. Sin embargo, se advierte un ritmo lento de avances y una capacidad adaptativa deficitaria del sistema institucional, la cual puede calificarse de escasa, crítica y de alto riesgo.
Lo anterior explica que en el actual modelo de desarrollo persistan serios rezagos y desigualdades económicas, sociales y ambientales, las cuales se expresan con mayor agudeza en la regiones periféricas de menor desarrollo.
El 24 de abril del 2015, ante la solicitud de ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una de las organizaciones más prestigiosas del mundo, esta hizo público un informe sobre nuestro país, y llamó la atención al Gobierno pues el Ministerio de Hacienda solo aprueba y controla la tercera parte del presupuesto estatal consolidado –limitación que alcanza a la propia Asamblea Legislativa–, así como por el alto déficit fiscal, el incremento de la deuda pública y las evidentes desigualdades sociales y económicas en nuestros territorios periféricos.
La Contraloría General de la República, en la Memoria Anual del 1.° de mayo del 2015, señala que el 2014 fue un año de transición política con un cambio de administración, período en el que si bien se logra una relativa estabilidad económica, el país continúa reflejando problemas endémicos de desarrollo y de la gestión pública, lo que agrava al mismo tiempo las finanzas públicas y amenaza la capacidad operativa del Estado para generar los bienes y servicios que demanda la sociedad.
Costa Rica necesita resolver esas observaciones de calificados entes nacionales e internacionales, entre otros. Ello obliga a construir puentes de diálogo —cada quien en el marco de sus funciones constitucionales— entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y sus fracciones parlamentarias, en consulta con los sectores empresariales y las organizaciones sociales.
El país no merece ni debe estancarse. Se requieren decisiones urgentes que procuren puntos de equilibrio con sensatez y buen juicio, que permitan superar toda tesis extrema que conduzca al inmovilismo y que mantenga el estado actual.
Esto es cuestión de tomar y respetar decisiones consensuadas –sin mecanismos dilatorios ni promotores del inmovilismo parlamentario–. Es imperativo legislar para promover el desarrollo sostenible en todo el territorio nacional, en estos tiempos de cambio y de nuevas oportunidades.
Agenda nacional. Hemos levantado la tesis de una Agenda Nacional basada en temas prioritarios, a partir de una visión realista y pragmática, que considere iniciativas de las diferentes fracciones y tienda puentes entre ellas, capaz de identificar puntos comunes de interés sobre los cuales se puedan negociar acuerdos realistas, pactos políticos cristalinos, que permitan avanzar, en lo políticamente posible, en cada uno de los ejes del desarrollo sostenible, al fin de progresar gradualmente y posibilitar equilibrios perdurables.
Se trata de construir con madurez y buen juicio una agenda conciliada de prioridades, ruta por excelencia de una democracia avanzada, que permitiría disminuir la gravedad de los rezagos y que se atiendan con celeridad los retos contemporáneos para evitar que las consecuencias sean transferidas a las empresas y a las familias costarricenses, y en especial a las de menores ingresos.
(*)El autor es diputado del Partido Unidad Social Cristiana y presidente de la Asamblea Legislativa
