El artículo 118 de la Constitución Política le confiere al Poder Ejecutivo la facultad de convocar a sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa para que los diputados conozcan y tramiten los proyectos de interés del gobierno.
Esta atribución constitucional ha sido utilizada por los presidentes de la República para someter a conocimiento y trámite legislativo aquellos proyectos que consideren prioritarios para avanzar su propia agenda, para consolidar algunas iniciativas y para apuntalar aspectos de su programa de gobierno, pero también ha sido usada para incluir proyectos de interés de otras agrupaciones políticas a cambio de su apoyo a algunos de los planes oficialistas.
Así, la convocatoria del proyecto de Ley para regular las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el sector público, iniciativa de la diputada Sandra Piszk, que se tramita bajo el expediente 19.506, sin duda es producto de la presión de varias bancadas opositoras que condicionan la aprobación de los nuevos impuestos impulsados por el gobierno al trámite previo del citado proyecto.
Pero también queda claro, de acuerdo con las actitudes de la fracción oficialista en el Congreso y a las declaraciones de altos personeros del Poder Ejecutivo, que la concesión de convocarlo no conlleva apoyarlo, que su interés en la aprobación del proyecto convocado es absolutamente nulo, haciéndoles el juego de esta manera a otras fuerzas políticas y movimientos sindicales que se oponen rotundamente a cualquier iniciativa que pretenda regular los pluses salariales de los funcionarios públicos.
Por su parte, las fracciones legislativas que promueven la aprobación del citado proyecto han criticado al gobierno por considerar que no tiene la voluntad para implementar medidas de contención del gasto público y a la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) por no facilitar el trámite de “vía rápida” al proyecto de la legisladora Piszk, que sería un paso positivo en ese sentido y que permitiría aprobar de inmediato medidas impositivas de carácter progresivo para paliar el elevado déficit de las finanzas públicas.
Pacto del Melico. Para entender la reticencia y el talante de los dirigentes del PAC que hoy gestionan el poder político, recordemos que el 26 de junio del 2015, en rimbombante ceremonia que tuvo como escenario el Teatro Melico Salazar, el entonces jefe de fracción y la presidenta de ese partido firmaron un pacto con los representantes del Frente Amplio (FA) y del colectivo sindical Patria Justa, entre cuyos puntos estaba el compromiso de oponerse a las iniciativas que afecten los pluses salariales de los empleados públicos.
Pareciera entonces que, sin importar las consecuencias para el país, el gobierno y los diputados del PAC están decididos a honrar y cumplir el “pacto del Melico”.
Una consecuencia directa e inmediata de esa actitud es el “entierro” de los proyectos para modificar e incrementar los impuestos sobre la renta y ventas impulsados por el propio gobierno y cuya aprobación han estado solicitando con vehemencia el presidente Solís y su ministro de Hacienda.
Estrategia. Estas decisiones del Ejecutivo solo tienen explicación en la existencia de una nueva estrategia, que se manifiesta en los últimos días, que consistiría en “tirar la toalla”, “patear la bola” y “no hacer olas” en lo que resta de su administración, estrategia que estaría dirigida a mejorar la imagen, la valoración de los costarricenses sobre el presidente y el gobierno, hasta hoy negativa.
Estrategia, claro está, que se fundamenta y tiene proyección también en aspectos e intereses políticos electorales.
Es probable que estén valorando que la actuación del gobierno en la emergencia causada por el huracán Otto le permitió mejorar la imagen y que esta podría volver a empeorar en caso de concretarse las amenazas de huelga general y de agitación social formuladas por los dirigentes sindicales.
En esa misma dirección va su gestión para posponer el acuerdo de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con respecto al aumento de la cotización obrera al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Y es posible que también le bajen el volumen, hasta desistir, al tema de los nuevos impuestos.
También formaría parte de tal estrategia los exorbitantes aumentos en los presupuestos de publicidad y consultorías de algunas instituciones autónomas denunciados recientemente, los que están ligados, no solo al mejoramiento de la imagen del gobierno, sino también al llamado “ciclo electoral”.
La pusilanimidad, rendición y sumisión del gobierno frente a las demandas y las exigencias de los grupos sindicales, lo mismo que la toma de decisiones por consideraciones de imagen o de tipo electoral, son actitudes que van en contra de los mejores intereses del país y que puede afectar a corto plazo el bienestar de los costarricenses.
El autor es exembajador ante el Vaticano.