Opinión

Puerto Rico en crisis

Actualizado el 03 de septiembre de 2015 a las 12:00 am

Las autoridades deben crear un ambiente más favorable para hacer negocios en la isla

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WASHINGTON, DC – Puerto Rico tendría que ser la joya del Caribe, pero no lo es. Por décadas el turismo ha estado estancado, a pesar de que los viajeros visitan en masa otros destinos de la región. Las empresas europeas que hacen negocios en América del Norte y del Sur tienen sus casas matrices en Miami, Ciudad de Panamá u otros lugares, y casi ninguna escoge a Puerto Rico.

Y ahora, tras una década de letargo, la economía de la isla está decreciendo cada vez más rápidamente a medida que la gente se marcha a Estados Unidos. La deuda pública se ha ido a las nubes y el gobierno dice que no puede pagarla.

A diferencia de Grecia, Puerto Rico no es un país (lo que significa que no puede ser candidato a recibir financiación del Fondo Monetario Internacional). Tampoco es un estado de EE. UU. Y, sin embargo, tiene rasgos de ambos: si bien tiene su propia constitución, es un territorio de Estados Unidos, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y en la isla rige la ley federal, a menos que se estipule lo contrario.

Algunas de las ventajas de este estatus híbrido es la seguridad y la predictibilidad de la ley estadounidense, la posibilidad de recibir pagos de transferencias federales y un trato fiscal favorable. Los puertorriqueños que no son empleados estatales de EE. UU. no pagan el impuesto federal a la renta y los bonos de la isla tienen una “triple exención fiscal” (libres de impuestos federales, estatales y locales).

Sin embargo, esto también conlleva desventajas. Por ejemplo, Puerto Rico está sujeto a la Ley Jones, que exige el uso de muy costosos barcos construidos en Estados Unidos (junto con su tripulación) para todo el transporte marítimo desde y hacia el continente. Además, la isla debe cumplir con el salario mínimo instituido a nivel federal, a pesar de que su nivel de ingresos es cerca de la mitad del estado estadounidense más pobre. Y las municipalidades no pueden acogerse al Capítulo 9 del código de insolvencia estadounidense.

Las dificultades que sufre Puerto Rico en la actualidad tienen sus orígenes en la eliminación gradual a partir de 1996 de exenciones previas a los impuestos corporativos de EE. UU. para empresas que se ubicaran en la isla.

Las compañías que hacen un alto uso de capitales, especialmente las farmacéuticas, comenzaron a marcharse. La economía de Puerto Rico creció poco tras 1996 y el PGB real (ajustado a la inflación) ha ido cayendo en la década pasada.

Muchos puertorriqueños han emigrado al continente al ver que no podían encontrar empleo, y se estima que la población y la fuerza laboral están disminuyendo este año a un ritmo del 1,5%. Más aún, la tasa de participación de la fuerza laboral de Puerto Rico se sitúa por debajo del 40%, frente al 62% en el continente.

Se puede culpar a muchos por estos fracasos, y tanto Puerto Rico como el gobierno estadounidense tienen su parte de responsabilidad.

Los sucesivos gobiernos puertorriqueños pensaron que la economía de la isla estaba en “recesión” e intentaron estimular la actividad mediante un aumento del gasto estatal. El hecho de que las tasas de interés fueran bajas implicó que los déficits se podían financiar mediante bonos flotantes. La deuda se fue acumulando, y en la actualidad los mercados están casi completamente cerrados a un mayor endeudamiento.

A pesar de los esfuerzos por recortar gastos y elevar la recaudación fiscal, las obligaciones actuales y futuras (entre ellas las pensiones) superan con mucho cualquier aumento factible de los ingresos del gobierno. Puesto que a los puertorriqueños les resulta fácil mudarse al continente, es poco probable que elevar los impuestos permita aumentar los ingresos.

El gobierno de EE. UU. también tiene su parte de culpa. La inaplicabilidad del Capítulo 9 dificulta mucho la reestructuración ordenada de la deuda. Más aún, en Puerto Rico rige la Ley de Atención de Salud Asequible y debe pagar de manera correspondiente, a pesar de que los médicos de la isla reciben menores compensaciones que los del continente (y el gobierno puertorriqueño debe cargar con la mayor parte del coste). Lo mismo es válido para otros pagos de bienestar social.

La baja participación en la fuerza de trabajo es resultado de la productividad relativamente baja de los trabajadores no cualificados de Puerto Rico. Las empresas no pueden competir con firmas que pagan salarios mucho menores en las islas vecinas.

Por regla general, si un salario mínimo está un 55% por sobre el salario medio, impedirá la creación de empleo (y el crecimiento económico). El salario mínimo de Puerto Rico es un 77% de la media, debido al mandato federal.

Una familia de tres personas con un miembro que gane el salario mínimo puede obtener cerca de $1.100 al mes, o bien recibir cerca de $1.700 en prestaciones sociales. Por ello, no es de sorprender que las personas se marchen de la isla o vivan del bienestar social y trabajen en la economía informal.

Para superar la crisis de Puerto Rico, será necesario recuperar el crecimiento, poner en práctica una política fiscal sostenible y reestructurar la deuda. El logro del primero de estos puntos ayudaría a conseguir el segundo, junto con una reducción de los gastos de gobierno excesivos.

Para las autoridades puertorriqueñas esto significa hacer que la isla tenga un ambiente más favorable para los negocios, lo que incluye eliminar normas onerosas que regulan el mercado laboral. Mientras tanto, el gobierno estadounidense podría eximir a Puerto Rico de la Ley Jones, disponer que reciba la cobertura por insolvencias del Capítulo 9 y hacer que las prestaciones sociales y los requisitos laborales de la isla estén acordes con su nivel de productividad.

Cada una de estas medidas exigirá voluntad política. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ha nombrado un grupo de trabajo para crear un programa a cinco años que apunte a recuperar el crecimiento y la sostenibilidad fiscal. Y en el Congreso se están presentando proyectos de ley para permitir que Puerto Rico quede cubierto bajo el Capítulo 9.

Estas y otras medidas que hoy se están sopesando permiten avizorar una mejora de las perspectivas económicas de Puerto Rico, pero exigirán una acción coordinada y decidida en todos los frentes.

Puerto Rico no es Grecia: los sucesivos gobernadores de la isla han presentado presupuestos que pensaron eran equilibrados, solo para encontrar que el crecimiento inadecuado generaba menores ingresos y mayores gastos que lo proyectado. Pero es un territorio de Estados Unidos y el gobierno estadounidense debe hacer su parte para mejorar las perspectivas de la isla.

Anne Krueger , ex economista en jefe del Banco Mundial y ex vicedirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, es profesora de Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins e investigadora sénior del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Standford. © Project Syndicate 1995–2015

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