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Proyectos de cambio

Actualizado el 21 de enero de 2015 a las 12:00 am

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El proyecto Germinadora, impulsado por la sede Brunca de la Universidad Nacional (UNA), se gestó para generar empleo e ingresos en la región sur-sur del país, caracterizada por un alto índice de pobreza y serios problemas de empleo, debido al bajo nivel educativo de los jefes de familia y a la carencia de empleadores.

El proyecto formó a 42 técnicos en Desarrollo Cooperativo Comunitario para capacitar en organización empresarial y elaboración de proyectos de autoempleo, y en cursos técnicos que permitieran a los desocupados y población pobre desarrollar sus iniciativas y capacidades en emprendimientos individuales o asociativos, así como impulsar su puesta en marcha aprovechando los nichos de mercado existente y naciente.

Historia. La UNA inició la formación de los formadores en la región sur desde el año 2010 con financiamiento de Judesur y el apoyo de Cenecoop y el IMAS. Para la ejecución del proyecto, por iniciativa del entonces ministro de Bienestar Social, se impulsó un convenio interinstitucional que firmaron, además de la UNA y el IMAS, el INA, el Banco Popular e Infocoop, y el movimiento cooperativo (Conacoop y Cenecoop). La entonces presidenta de la República decretó el proyecto de interés nacional por sus resultados, y propuso su ampliación a todas las regiones costeras y fronterizas en condiciones de vulnerabilidad social.

Durante los años 2011-2013 pasaron por cursos de capacitación pre-profesional cerca de 3.000 personas de la región sur-sur y se elaboraron por parte de los auxiliares de proyectos de inversión de la zona (API) más de 1.015 perfiles de proyectos de inversión.

Con el esfuerzo y recursos de las comunidades y, en algunos casos, el apoyo del IMAS-Brunca, se han puesto en marcha más de 208 emprendimientos, generándose múltiples empleos directos e indirectos. Se ha roto el determinismo de “no se puede”, prevaleciente en el sur tras la salida de las bananeras, y elevado la autoestima y bienestar de los beneficiarios, contribuyendo a atender las necesidades de ingreso en la región.

Lamentablemente, no todas las instituciones atendieron con la celeridad e intensidad del caso el seguimiento y apoyo a los emprendimientos. Judesur no se interesó en la continuidad del proyecto y no ha respondido la solicitud presentada por la UNA en el 2011. Vale destacar, especialmente, la ausencia, hasta el momento, de la Banca de Desarrollo en el proceso, pese a su importancia vital para la región. Esto es particularmente grave, pues más de ¢350.000 millones para la Banca de Desarrollo están inmovilizados.

La evaluación del proyecto Germinadora realizada por la Foceval (Mideplan y la agencia alemana GiZ) dictaminó a principios del 2014 su éxito en fortalecer e impulsar las capacidades locales, pero consideró que, dado el descontento generado por las promesas institucionales de seguimiento incumplidas, debería suspenderse la capacitación empresarial hasta que se dieran acciones concretas de seguimiento. Por esta razón, y en función de un acuerdo de la Junta Directiva del IMAS de febrero del 2014, se suspendieron los cursos de capacitación sin que se iniciara el seguimiento, y se dejó vencer el convenio interinstitucional el pasado 23 de agosto.

La UNA ha cumplido su tarea de capacitación en el proyecto y sus funcionarios nunca ofrecieron a los beneficiarios, por no estar a su alcance, financiamiento ni crédito. Es un principio de la metodología y ética de capacitación masiva no hacer promesas, sino estimular la organización de los grupos para que accedan a los servicios. Este principio no fue practicado por los funcionarios de Cenecoop que participaron en el proyecto ofreciendo créditos que consideraron viables por la existencia del convenio, pero que, al final, no se cumplieron. Ellos están convencidos de que, solo si hay servicio de financiamiento y crédito, vale la pena realizar los procesos de capacitación.

Perspectivas. El nuevo Gobierno ha incorporado en su política de empleo el proyecto Germinadora, agregándolo al Plan Nacional de Desarrollo y promoviendo un nuevo convenio interinstitucional. A esta iniciativa se suma la reciente aprobación legislativa de la Banca de Desarrollo, que abre un nuevo abanico de posibilidades para los emprendedores que elaboraron con esfuerzo propio su proyecto. Se trata de una decisión política que se enfrenta a la inercia asistencialista y al prevaleciente confort institucional.

En este nuevo contexto hay que fortalecer la organización de los emprendedores que elaboraron planes de negocio, para que tengan prioridad en la Banca de Desarrollo y se puedan aprovechar los esfuerzos realizados hasta el momento. Las políticas de seguimiento deben acompañarse de una continuidad en el proceso de capacitación masiva para que se genere sustento político y se consolide una cultura emprendedora en una zona que ha carecido de ella. Además, se debe tener presente que, al menos, una cuarta parte de los beneficiarios logran poner en marcha sus emprendimientos, generando empleo e ingreso con su propio esfuerzo y capacidad.

Se trata de un esfuerzo en ambas direcciones desde las comunidades y las instituciones, pero son las entidades financiadas con recursos públicos las que deben ajustarse a las necesidades de las comunidades, aunque esto no es fácil, dada la inercia existente.

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