Como región, América Central sigue avanzando a través de asociaciones geopolíticas tales como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Pero mucho de ese progreso se encuentra ahora en riesgo, debido en gran parte a las cada vez más numerosas actividades ilegales que tienen lugar en las aguas y puertos de la región.
Nos referimos a la pesca ilegal y a los delitos asociados, los cuales incluyen el contrabando de drogas, la trata de personas y la total indiferencia hacia nuestro medioambiente. Las líneas que separan las actividades ilegales en el agua son cada vez más difusas, ya que las organizaciones criminales transnacionales utilizan operaciones de pesca ilegal para esconderse a simple vista, desobedecer la ley, y violar la soberanía centroamericana.
El problema. En muchos casos, los pescadores ilegales ignoran la cuota de pesca, los requisitos de la licencia de operación, y otras políticas en la busca codiciosa de ganancias cómodas. En otros casos, los criminales se hacen pasar por pescadores para tener acceso a rutas menos controladas en las que puedan llevar a cabo operaciones de contrabando y una gran variedad de actividades ilícitas. Esos problemas contagian la totalidad de la región y, de hecho, al resto del mundo a través de redes delictivas y terroristas. Por lo tanto, alentamos a los presidentes de la región para que sin pérdida de tiempo apoyen al SICA en hacerle frente a este problema.
La pesca y aquellos que la financian se benefician de un sistema de regulación plagado de lagunas. Los barcos pesqueros son las embarcaciones marinas menos reguladas, y el personal que debe hacer cumplir las regulaciones del sector pesquero realmente necesita recursos para hacerlo. Aun cuando hemos observado algunos éxitos en la región, el sistema actual sigue permitiendo que criminales roben grandes cantidades de peces de nuestras aguas nacionales y que se utilicen barcos pesqueros para traficar drogas, químicos precursores, y dinero a lo largo de nuestros territorios.
Una solución viable. Los presidentes saben que la seguridad pública y la vitalidad económica están estrechamente relacionadas. Los países y las economías prosperan cuando los ciudadanos se sienten seguros en sus hogares y sus comunidades, se sienten orgullosos de sus gobiernos, y saben que los recursos naturales se conservan para las futuras generaciones. América Central podría prosperar en todas esas áreas, pero solamente lo hará si reconocemos y superamos las amenazas a esa oportunidad.
Afortunadamente, América Central ha comenzado a tomar la iniciativa en la conservación de los recursos marinos. El éxito incluye el establecimiento de un santuario de tiburones en Honduras que prohíbe la pesca comercial de tiburones en las aguas de todo el país; la prohibición de aleteo de tiburones en Costa Rica; y apoyo para regular el comercio de las especies amenazadas de tiburones. Proteger estos animales majestuosos tiene sentido económico, ya que los tiburones son esenciales para sistemas saludables de arrecifes de coral y para el balance de la cadena trófica marina. De crearse santuarios de tiburones en toda la región, los países tomarían el enfoque más activo posible para asegurar el futuro de estas especies icónicas y de nuestros océanos.
Otro paso fundamental sería que los líderes regionales y de EE. UU. acordaran desarrollar e intensificar patrullajes conjuntos en aguas centroamericanas, para compartir información que permita atacar las redes corruptas y coordinar acciones que las derroten. Los acuerdos bilaterales existentes le permiten a la Guardia Costera de los EE. UU. detener e inspeccionar barcos que puedan estar involucrados en la pesca ilegal; el contrabando de drogas, armas y dinero; o la trata de personas. Estos acuerdos que por lo general estipulan la presencia de supervisores locales en las patrullas estadounidenses, refuerzan la soberanía centroamericana irrespetada por quienes realizan actividades ilegales.
La pesca ilegal y la sobreexplotación de los recursos naturales socavan de manera directa los objetivos de conservación y seguridad del SICA. Muchas de las operaciones pesqueras delictivas son altamente sofisticadas y utilizan complejas estrategias para la incorporación y el registro legal de barcos, y de esta manera evitan que se los detecte. Estas operaciones suelen falsificar la documentación de las capturas, y existen indicios de corrupción en los sistemas que otorgan licencias de pesca y las controlan.
Dada la importancia de la seguridad pública y el medio ambiente en el Istmo, los líderes de la región por medio del SICA deben trabajar juntos para enfrentar el problema de manera global.
Dicha cooperación puede incluir el desarrollo de patrullajes conjuntos e implementación coordinada de acciones entre la Guardia Costera de los EE. UU. y los países de la región; la ratificación rápida e implementación del acuerdo internacional sobre Medidas del Estado Rector del Puerto; un tratado internacional que refuerce la vigilancia sobre la pesca que se sospeche sea ilegal; y la creación de un santuario de tiburones en toda Centroamérica.
No podemos seguir actuando como si los recursos del océano fueran ilimitados. Al abordar estos problemas de manera directa, los presidentes pueden salvaguardar los maravillosos recursos naturales de la región, estimular nuestras economías y mejorar la seguridad pública de nuestros ciudadanos.
José María Figueres es copresidente de la Comisión Océano Global y expresidente de Costa Rica.
Thad Allen es vicepresidente ejecutivo de Booz Allen Hamilton Inc. y se retiró como comandante de la Guardia Costera de los Estados Unidos en el 2010.