Los recursos marinos en general y los pesqueros en particular son recursos naturales y riqueza que le pertenece a la nación, por lo que es obligación del Estado velar por su uso racional y sostenible.
Aunque el aporte de la actividad pesquera al PIB es poco significativo, su impacto en las zonas costeras es de gran beneficio económico y social, constituyéndose en motor de las economías locales y generando gran cantidad de empleos directos e indirectos. Desde esta perspectiva, el uso sostenible de esos recursos es de vital importancia para las provincias de menor desarrollo relativo como son las de Puntarenas, Guanacaste y Limón.
Sobreexplotación. A pesar de los esfuerzos que realiza el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) –al establecer períodos y zonas de veda y regular las artes de pesca– las principales pesquerías costeras, como la del camarón blanco y las de corvinas y pargos, se han visto afectadas por la sobreexplotación de la que son objeto y por la contaminación del medio marino costero.
En el caso concreto de la captura del camarón por embarcaciones que utilizan como arte de pesca la red de arrastre, es esta una pesquería que afecta a otras especies, como es el caso de las tortugas marinas, por lo que desde mediados de la década de los 90 se les exigió el uso de un “dispositivo excluidor de tortugas”.
Esta medida de protección para las tortugas encontró gran resistencia y oposición por parte de los empresarios, actitud que obstinadamente se mantiene y cuya consecuencia ha sido un embargo impuesto en varias oportunidades a nuestras exportaciones de camarones al mercado de Estados Unidos, embargo comercial que hoy en día se encuentra vigente al no superar una reciente inspección de las autoridades pesqueras norteamericanas, según lo denunciara en estos días el “Programa de restauración de tortugas marinas”, Pretoma.
Además, se debe agregar que la fauna de acompañamiento capturada con la red de arrastre, constituye no solo un desperdicio de recursos que no se utilizan, sino un daño a otras poblaciones de peces de gran valor comercial – como pargos y corvinas– a las que se les impide su crecimiento y madurez sexual, con las consecuencias negativas que esto tiene en la sostenibilidad de los recursos de esas importantes y valiosas pesquerías.
Por otra parte, la sobreexplotación del recurso camaronero ha sido señalada por diversas investigaciones y ya desde la década de los 80, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, recomendó la disminución del esfuerzo pesquero en un 30%. Posteriores estudios científicos de la Universidad Nacional aconsejaron la reducción del esfuerzo en un 36%.
Reducción de la flota. En el diagnóstico del sector que realicé de mayo a octubre del 2006 señalé que “un programa para la reducción de esta flota sería consecuente con las investigaciones científicas y sería de un impacto positivo no solo para la actividad camaronera sino para la recuperación de otras especies de alto valor comercial” y propuse un “Programa de desguace de la flota de arrastre” para sacar de circulación unos 15 o 20 barcos camaroneros de orilla y utilizarlos en un programa de arrecifes artificiales en el golfo de Nicoya, que a la vez sería de gran beneficio para la recuperación de la biodiversidad marina de esa zona.
El costo en el que incurriría el Estado indemnizando a los armadores sería insignificante comparado con los beneficios que tal acción produciría, por cuanto además de la recuperación de las poblaciones de los recursos citados –que ya de por sí la justificaría– el ahorro en el gasto de combustible y en el valor del diferencial del precio del combustible que esas embarcaciones utilizan, compensaría con creces el sacrificio económico inicial.
Por todo lo expresado, instamos respetuosamente a los actuales jerarcas del Incopesca a valorar y considerar la necesidad de reducir el esfuerzo sobre la pesquería del camarón en favor de la protección y sostenibilidad de los recursos pesqueros.