Opinión

Propuesta sobre una reforma fiscal integral

Actualizado el 24 de octubre de 2014 a las 12:00 am

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Propuesta sobre una reforma fiscal integral

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El Estado costarricense está en una situación de virtual quiebra financiera por el excesivo déficit del sector público en relación al PIB, que, para este año, será del 6%, y para el próximo, cerca del 7%.

Las causas de esta situación son conocidas y lejos de analizarlas es más efectivo proponer soluciones que erradiquen esta situación.

Propongo una reforma fiscal integral basada en las siguientes acciones:

Política de gasto público. Mejorar la eficiencia del sector público, de modo que se brinden mejores servicios con el uso de menores recursos a través de estas acciones:

Racionalizar el gasto en todo el sector público y reducir el tamaño del Estado a fin de obtener una economía equivalente al 2,5% del PIB.

Eficiencia del Gobierno central: Eliminar plazas innecesarias, reducir las incapacidades, consultorías y adoptar otras medidas para bajar del 87,4% actual al 70% su peso dentro del sector público.

Eliminar las transferencias corrientes innecesarias y/o reducir su monto, obligando a los receptores a ser más eficientes en el desempeño de sus actividades.

Reducir la carga salarial del Estado, denunciando ante la Sala IV la inconstitucionalidad de las convenciones colectivas por los privilegios excesivos y abusivos de que gozan los empleados con respeto a los mismos derechos del sector privado.

Reducir la empleomanía mediante retiros forzosos de funcionarios en edad de pensionarse y adoptar programas de jubilación voluntaria anticipada.

Congelar por espacio de dos años la contratación de nuevo personal.

Política de ingresos. Se debe reducir las exoneraciones tributarias del 5,8% al 3% en relación al PIB a través de las siguientes acciones:

Bajar las exenciones sobre el impuesto de renta del 1,78% al 0,75% del PIB obligando a todas las actividades que generen ingresos pagar el tributo, entre ellas: zonas francas, transnacionales, cooperativas, asociaciones, fundaciones, fideicomisos, ganancias patrimoniales, rentas de no residentes.

Bajar del 3,69% al 1,5% del PIB las exoneraciones del impuesto general sobre las ventas eliminando los tratos preferenciales en el consumo local.

También se deben mejorar los ingresos por impuestos en una proporción del 2,5% del PIB para aumentar la carga tributaria del 13,7% al 16,5% del PIB a través de una reforma que incluya los siguientes ajustes:

Reformar el impuesto de la renta disminuyendo el tributo sobre los salarios de menor ingreso y aumentando el impuesto sobre los de más altos ingresos. Establecer una escala de 5% para salarios inferiores a ¢2,5 millones, 10% para salarios en el rango de ¢2,5 a ¢5 millones; 15% para el rango de ¢5 a ¢7,5 millones; 20% para salarios mayores a ¢7,5 millones y 35% para salarios superiores a ¢7.5 millones.

Diferenciar el impuesto sobre las utilidades de acuerdo a la categoría de las empresas: Micro (exentas en los primeros dos años y después 5%), pequeñas (10%), medianas (15%), grandes (20%), corporaciones, nacionales y extranjeras 35%, y el sistema financiero sujeto al control de Conasif (40%).

Establecer el impuesto sobre el valor agregado (IVA) en un 15%, sustituyendo el actual impuesto de ventas, y establecer la renta global para gravar las rentas de los costarricenses en todas sus fuentes de generación.

Asimismo es necesario disminuir la evasión fiscal mediante estas acciones:

Reorganizar la Dirección General de Tributación Directa para que sea más eficiente en sus funciones de recaudación de los tributos, entre ellas, descentralizar a nivel provincial sus alcances para estar más cerca de los contribuyentes.

Aumentar las penalidades monetarias sobre la evasión fiscal y legislar para considerar la inhabilitación de por vida de las empresas y negocios evasores .

Estudiar la posibilidad de reformar la Constitución para establecer la pena por cárcel y sin excarcelación a los grandes evasores.

Mejorar la recaudación y los procesos de cobro tributario.

También se debe iniciar iniciar un proceso de reestructuración del Estado con la finalidad de reducir su tamaño, obtener una mayor eficiencia y reducir el gasto. Se deben fusionar los ministerios e instituciones con funciones afines, complementarias o competitivas, y proceder al cierre de otras instituciones que el estudio de reforma del Estado recomiende. Ejemplo: el sistema nacional de vivienda.

Finalmente, se debe desligar al Estado de sus actividades de empresario, banquero y comerciante, para dedicarlo a las funciones públicas de seguridad, educación, salud, justicia, etc. En este sentido, se debe vender al sector privado algunas empresas públicas. Ejemplo: el Banco de Costa Rica (su venta podría generar cerca de ¢1.100 miles de millones), Bicsa, Recope, Fanal, Correos, Racsa. Solo así, con una reforma draconiana, se reducirá el déficit fiscal e incluso se podrán obtener superávits, un crecimiento del PIB superior al 8% anual y la reducicción en más de la mitad la pobreza del país.

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