EscucharEl primer año de gobierno de la administración Solís Rivera no satisfizo las expectativas. Faltó definir un rumbo claro, se cometieron muchos errores de carácter táctico y político y, aunque hubo algunos aciertos, no se abordaron de inmediato las dificultades más apremiantes. Como consecuencia, se agravaron algunos problemas económicos y sociales y persistieron otros de vieja data.
Esa realidad la percibimos todos, en especial los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. La respuesta era previsible: un cambio en el Directorio legislativo. Sin embargo, la conformación de ese nuevo liderazgo no debe verse como una represalia política sino, más bien, como un deber de servir mejor al país y una oportunidad para mejorar la gobernabilidad mediante la aprobación acelerada de leyes necesarias, siempre y cuando se trabaje de consuno con el Poder Ejecutivo. El gobierno, por su parte, debe reconocer con humildad sus errores, aceptar la nueva mayoría legislativa, respetar sus prioridades, en especial en lo tributario y fiscal, y tratar de trabajar con ella en beneficio de Costa Rica. El esfuerzo debe ser conjunto.
El diagnóstico de las enfermedades que padece el país es bien conocido. Los problemas son muchos y muy variados, desde los elevados índices de pobreza, desempleo, desigualdad, preocupante desaceleración de la producción, tramitomanía, infraestructura estancada, insostenibilidad y costo del sector energético, el sistema educativo divorciado de las necesidades productivas, excesivo legalismo y baja productividad, hasta la angustiante situación fiscal que amenaza con romper la estabilidad. Todos pasan por el tamiz de la ingobernabilidad.
Ese es, quizás, el problema fundamental. Y aunque todos quisiéramos resolver los problemas al unísono, no es prácticamente posible ni estratégicamente viable. Unos problemas son de carácter urgente; otros, son importantes. Deben resolverse todos, pero habrá que escoger los más apremiantes y concentrarse primero en aquellos cuya resolución sea necesaria para evitar una crisis. La próxima legislatura deberá abocarse a conocer un número limitado de proyectos urgentes, sobre todo fiscales, y, en las próximas, abordar otros temas económicos y políticos de fondo.
Reglamento legislativo. Para destrabar el funcionamiento de la Asamblea y satisfacer el principio constitucional de dos períodos legislativos, ordinario y extraordinario, con iniciativas distintas, es esencial modificar el Reglamento legislativo.
Los señores diputados saben exactamente cómo hacerlo, pues tienen los dictámenes del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea y el Informe de los Notables. Lo que se requiere es voluntad política. De nuevo, el reto es mejorar la gobernabilidad.
La nueva alianza que lidera el Directorio, junto con la bancada oficial, tiene la posibilidad de hacer algo constructivo por mejorarla. Eso facilitaría la votación de otros proyectos de ley. Gobernabilidad también implica transigir para llegar a acuerdos multipartidistas.
Reforma fiscal comprensiva. Uno de los retos urgentes es encontrar una solución sostenible a las finanzas públicas. Equilibrarlas y corregir la composición del gasto tendría varias ventajas: generaría confianza, consolidaría la estabilidad macroeconómica y contribuiría a mejorar los resultados de otras variables claves, como inversión, crecimiento, generación de empleo, mejores salarios y distribución del ingreso. El enfoque fiscal, sin embargo, debe ser comprensivo y estar a la altura de los retos.
No se debe confundir la conveniencia de centrarse en pocos temas apremiantes con la necesidad de resolver los problemas con profundidad para evitar recurrencias.
El déficit del Gobierno central, cuya proyección pasiva ronda el 5,7% del PIB, debe reducirse a no más de un 3% del PIB. La reducción debe provenir de varias fuentes: menores gastos (incluyendo racionalizar remuneraciones de los servidores públicos, aspecto en el cual, hasta el momento, ha sido reticente el Gobierno), e incremento de nuevos ingresos (modernizar renta y migrar al IVA). Pero, además, debe propiciarse una recomposición del gasto para eliminar todo aquello que sea innecesario, superfluo o prescindible, mejorar la eficiencia presupuestaria y liberar recursos para incrementar la inversión pública, necesaria para mejorar la productividad.
Deben reducirse significativamente las exenciones, exoneraciones, exclusiones y tratamiento privilegiado a distintos sujetos y objetos gravables, combatir la elusión y evasión e imponer límites a la expansión del gasto, déficit y deuda pública (reglas fiscales). Si no, al cabo de unos años volveríamos a la misma situación deficitaria. Al Gobierno le conviene reconocer esta estrategia global, distinta de la practicada en el primer año de gobierno. Aunque no auspiciamos la conformación de un paquete muy ambicioso (la discusión de proyectos separados puede ser más eficaz) sí es importante definir con claridad el orden de discusión. Primero, reducción del gasto, reformas al régimen del empleo público, exenciones y exoneraciones y, luego, el impuesto sobre la renta para mejorar la progresividad y equidad antes de aprobar el impuesto al valor agregado.
Otras reformas. La tercera y cuarta legislaturas podrían destinarse a tramitar proyectos importantes de iniciativa del Gobierno y de las distintas bancadas. Entre ellas, una reforma constitucional y legal para avanzar hacia un régimen semiparlamentario y mejorar la gobernabilidad, depurar las potestades de la Sala Constitucional y la aprobación legislativa de los presupuestos de las instituciones.
Conclusiones: Si el Gobierno insiste en aumentar impuestos únicamente y lleva su propia agenda tributaria directamente al país, ignorando las preferencias legislativas, podría chocar frontalmente contra la nueva mayoría. Si trabaja conjuntamente con la Asamblea y se aprueban previamente los proyectos fiscales de carácter no tributario mencionados anteriormente, en ese orden, y posteriormente se avanza en otras reformas constitucionales y legales, el país podría mejorar la gobernabilidad y resolver buena parte de sus problemas. Pero si el Gobierno y la Asamblea no aprovechan esta valiosa oportunidad, podríamos caer de nuevo en el estancamiento.
Grupo de profesionales de diversas ideologías unidos por el interés nacional: Johnny Echeverría B., Rolando Araya, Fernando Zamora, Juan José Echeverría A., Gastón Guardia, Rolando Soto y Jorge Guardia.
