Opinión

Propuesta para enfrentar el crimen organizado

Actualizado el 10 de julio de 2017 a las 10:00 pm

La delincuencia ha ido evolucionando y muestra una fuerte especialización

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Propuesta para enfrentar el crimen organizado

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La respuesta al crimen organizado es uno de los puntos más importantes en la formulación de la política criminal de todo Estado: “Se parte de la constatación de que algunas de las formas más graves de criminalidad, como el tráfico de drogas o la trata de personas para su explotación sexual son llevadas a cabo no de manera individual, sino por grupos de delincuentes bien estructurados y que asumen el crimen como empresa, como negocio: esto es lo que denominamos a grandes rasgos crimen organizado” (Sánchez García, 2013).

El crimen organizado es un tipo de criminalidad compleja, ha ido evolucionando y muestra una fuerte cohesión interna, especialización y sofisticación. No busca el poder político, pero sí intenta influir en las decisiones de agentes estatales con la finalidad de beneficiar sus redes y consolidar sus empresas ilícitas.

Para lograr sus objetivos y la impunidad, se vale de la corrupción, las debilidades del sistema, la obstaculización de la justicia y la violencia. Estas acciones deben ser enfrentadas con seriedad y requieren de una política pública que incluya el fortalecimiento del sistema de justicia.

Proyecto de ley. Tomando en cuenta esta coyuntura, y a raíz de hechos delictivos en los que se ha constatado la participación de funcionarios públicos en estas organizaciones, surgió en el seno del Poder Judicial la propuesta de crear una jurisdicción especializada en crimen organizado.

En el proyecto de ley aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa se retoma esta propuesta, partiendo de que la efectividad de los tribunales se ve seriamente impedida cuando los funcionarios encargados de la persecución penal pueden ser blanco de infiltración, intimidados, agredidos o removidos por el crimen organizado. Por esta razón, se opta por un sistema que garantice la selección de las personas encargadas de la persecución penal, su especialización en la materia, incentivos salariales (en razón del riesgo que implica esta labor) y la protección especial de su integridad física.

La apuesta por una jurisdicción especializada permite que las personas a cargo de la persecución penal, de la defensa penal y el juzgamiento del crimen organizado hasta la fase de apelación de sentencia, sean rigurosamente seleccionadas y capacitadas para enfrentar juicios complejos, que requieren de una investigación más rigurosa, así como de mayor concentración y análisis respecto de los procesos seguidos en la persecución de la delincuencia tradicional.

En el proyecto de ley se superan algunas disfunciones presentadas en otras leyes, como, por ejemplo, la Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda, que no creó juzgados ni tribunales especializados en la materia. Esto ha generado el estancamiento debido a la saturación de causas por crímenes comunes que debe tramitar el mismo despacho; además, en muchas ocasiones se genera la impunidad ante la dificultad para los testigos de acudir desde lugares alejados de la capital.

Personal especializado. Los tribunales especializados en crimen organizado, en cambio, estarán conformados por personal dedicado exclusivamente a este tipo de asuntos, con conocimientos suficientes en la materia y capacitación constante. Por otra parte, se instaurarán en las principales jurisdicciones de todo el país, garantizando así el acceso de las víctimas y los testigos, a quienes se les brindará protección especial cuando se determine la existencia de un riesgo para su integridad física o la de su familia.

Otro aspecto positivo es que el proyecto de ley corrige el problema que se presentaba con los plazos para el juzgamiento de los delitos del crimen organizado, que únicamente se ampliaban para la fase de investigación, y propone la prórroga para la etapa de juicio e impugnación de la sentencia, que son momentos trascendentales para la toma de decisiones que requieren de más tiempo para su resolución.

Esta rectificación legal es necesaria si se toma en cuenta que, actualmente, los jueces a cuyo cargo está el juzgamiento de este tipo de delitos tienen un plazo de cinco días para redactar una sentencia, cuando el juicio que ha precedido demoró varios meses o hasta más de un año.

Los desafíos del crimen organizado requieren de una respuesta estatal que, sin dejar de lado las garantías para el juzgamiento de las personas, diseñe una reacción jurídica que permita dar una respuesta a la altura de la complejidad del fenómeno que enfrentamos.

El proyecto, una vez constituido en ley, se convertirá en un avance invaluable en la legislación costarricense en la persecución del crimen organizado, que redundará en una mejor administración de justicia y en un beneficio para los costarricenses.

El autor es magistrado de la Sala Tercera.

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