EscucharEn setiembre, tres diputados del Partido Movimiento Libertario presentaron el proyecto de ley número 19.714, el cual proponía que el cálculo del impuesto sobre los bienes inmuebles se realizara tomando en cuenta únicamente el valor de las construcciones y no así el valor del suelo.
Esta idea no solo atentaba directamente contra las finanzas de los gobiernos locales –lo cual deriva en una menor inversión en infraestructura local–, si no que reflejaba un total desconocimiento de la importancia de las plusvalías y de la economía urbana como herramientas para promover el desarrollo urbanístico.
Afortunadamente, el citado proyecto de ley fue archivado por la comisión legislativa encargada de estudiarlo. Sin embargo, resulta alarmante el tipo de propuestas que nacen entorno a un asunto tan medular en el urbanismo nacional.
Efectos del cambio. Calculando el impuesto sobre los bienes inmuebles con base únicamente en el valor de las construcciones, el tributo queda a merced de la depreciación, mientras la plusvalía generada por la inversión en obra pública y la planificación urbana –carreteras, sistema de transporte masivo, mejores coeficientes de aprovechamiento, parques y espacios públicos– queda totalmente en manos de los dueños de los terrenos beneficiados, socializando las cargas urbanísticas y concentrando los beneficios económicos en pocas manos.
Otra consecuencia nefasta que habría causado la aprobación de esta propuesta es el desincentivo a los programas locales por la renovación urbana y el mejoramiento de infraestructura deteriorada.
Precisamente, la revalorización de los terrenos –no las construcciones– y su impacto en la recaudación es una de las principales motivaciones para la gestión de operaciones urbanas consorciadas entre actores públicos y privados en numerosas ciudades el mundo.
Revisando el texto en cuestión, se justifica la propuesta con la intención de aliviar la carga tributaria a las familias más necesitadas, las cuales se ven perjudicadas por los procesos de actualización de los valores.
Este aspecto puede ser trabajado de diversas maneras por las administraciones municipales, y no es una razón lógica para privar al país de una de las principales fuentes de ingresos municipales y uno de los más importantes mecanismos de gestión del suelo en el mundo.
Una ciudad más densa consigue que el impuesto se distribuya entre el número de propietarios que habitan un predio, por lo tanto, una ciudad más compacta con mayores proyectos de vivienda vertical termina aliviando el problema que tanto preocupa a los proponentes de esta ley.
Tal parece, sin embargo, que lo que se busca es una salida cortoplacista y no una respuesta integral a los diferentes problemas que enfrentan la ciudad y el sector vivienda.
Nuestras ciudades necesitan de un impuesto sobre los bienes inmuebles flexible y dinámico, que pueda ser aplicado de manera progresiva por nuestras municipalidades –en consonancia con la planificación urbanística–.
Más que un mero tributo, necesitamos transformarlo en herramienta de desarrollo urbanístico. La reforma al impuesto de bienes inmuebles debe hacerse pensando en la transformación de las ciudades –bien común– y no en intereses específicos.
Roy Allan Jiménez es arquitecto.
