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Programas de prevención del consumo de drogas

Actualizado el 13 de julio de 2013 a las 12:00 am

El Plan Nacional sobre Drogas debe ser una integración que permita aunar esfuerzos

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Programas de prevención del consumo de drogas

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Los programas para prevenir e intervenir el consumo de drogas en personas menores de edad en Costa Rica no están evaluados.

Una publicación realizada en este diario detalla todas las acciones inscritas en el Plan Nacional sobre Drogas y nombra una cantidad numerosa de actividades que el Gobierno plantea para disminuir el problema del consumo. Sin embargo, en ningún momento explica la efectividad de estos programas y su articulación con el Sistema Nacional de Tratamiento para el Consumo de Drogas en Costa Rica.

Las encuestas sobre consumo de drogas que realiza el IAFA cada tres años con estudiantes de secundaria son una de las pocas fuentes que nos permiten medir el impacto de las políticas de prevención del consumo de drogas en la población joven del país. En su última edición del 2012, presentada recientemente, se observa que el alcohol se mantiene como la sustancia de mayor consumo, pues una quinta parte (20,1%) de los estudiantes dijeron haber tomado en el último mes, y la mitad de ellos (cerca de un 10% del total) lo hicieron de forma excesiva y riesgosa (cinco o más bebidas por ocasión). Este comportamiento no ha cambiado mucho desde las encuestas anteriores, por lo que se podría decir que no ha habido un impacto real en la reducción del consumo.

Por otro lado, el tabaco ha presentado una disminución paulatina desde la primera encuesta realizada en el 2006 (de 8,5% a 6% de consumo mensual), consecuente con los cambios en las políticas internacionales que promovió la Organización Mundial de la Salud y que lograron modificar las leyes nacionales para el control de la oferta, mediante el aumento de los precios de los cigarrillos, la declaración de espacios libres del humo del tabaco y las campañas masivas de información sobre los daños que produce el fumado, lo cual disminuyó la tolerancia social para esta droga legal.

Por otra parte, el consumo de marihuana ha experimentado un aumento significativo en este mismo periodo de tiempo (de 2,3% a 5,1% de consumo mensual), llegando a colocarse levemente por debajo del tabaco y sobrepasándolo en algunas regiones.

Estos datos nos brindan un panorama general sobre el consumo de drogas entre personas adolescentes, e indican que solo las políticas de prevención y tratamiento del tabaco han sido efectivas, mientras que las estrategias dirigidas a disminuir el consumo de otras drogas no han tenido el impacto deseado.

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Sin embargo, la deuda principal se proyecta en la población más vulnerable: la que se encuentra excluida del sistema educativo, muchas veces por el consumo de sustancias ilícitas como la marihuana. Este grupo poblacional es el que posee menos acceso y cobertura de servicios de prevención, detección temprana y de tratamiento.

De acuerdo con estas características, el tratamiento de los jóvenes con consumo problemático de sustancias debe formar parte del sistema de salud pública, como se atiende cualquier otra enfermedad crónica. Partiendo del principio de que la adicción o dependencia a una sustancia psicoactiva es un padecimiento incurable pero tratable, la atención se debe brindar de forma permanente, durante toda la vida y por niveles: desde el menos complejo, como se haría en atención primaria en un Ebáis, hasta el más complejo, en un centro hospitalario, para desintoxicación.

Accesibilidad al servicio. Un verdadero sistema de tratamiento debe garantizar la accesibilidad al servicio, con calidad y eficacia, así como principios de territorialidad donde la atención se debe brindar en el lugar más cercano a la residencia. Este esfuerzo debe complementarse con la consolidación de redes institucionales y comunitarias que permitan la atención integral de las personas consumidoras de drogas y sus familias. La Cicad/OEA dice claramente que las políticas de reducción de la demanda deberán incluir como elementos esenciales la prevención universal, selectiva e indicada, la intervención temprana, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social, y los servicios de apoyo relacionados

Este sistema debería contar con servicios diversos para poblaciones específicas: servicios de atención ambulatoria y de desintoxicación, centros residenciales de corta y mediana estancia para población menor de edad y población adulta, según género, así como para población privada de libertad y, especialmente, para las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad o riesgo social, incluidos los dispositivos de reducción del daño.

A pesar de que la mayor parte de estos servicios están incluidos en el documento sobre la Política Nacional de Tratamiento (decreto 37110-S), aún no se encuentran realmente articulados y, pese a los crecientes esfuerzos de algunas instituciones públicas, aún no parece existir una real intención política para llevar a cabo esta tarea.

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Después de treinta y cinco años realizando programas de prevención y tratamiento, primero desde el IAFA y luego desde las universidades, creo que llegó la hora de enfrentarnos a la realidad: la guerra contra las drogas llegó a su fin. Es hora de que especialistas en salud pública y en reducción de la demanda de drogas tomen el timón, sacándolo de las manos de políticos y policías antidrogas. Llegó el momento de que la sociedad civil se pronuncie acerca de un cambio en las políticas públicas sobre drogas, hacia el enfoque de derechos humanos y hacia la exigencia de la rendición de cuentas de los múltiples programas que se realizan.

Las asociaciones de desarrollo, las empresas, las iglesias, los medios de comunicación social, los docentes, las madres y padres de familia, y los adolescentes y jóvenes deben ser parte de esta discusión acerca de las políticas que creemos más convenientes y necesarias para nuestro país, permitiendo, de esa manera, que el Plan Nacional sobre Drogas no sea una suma de actividades, sino, más bien, una integración real, la cual permita aunar esfuerzos con el fin de invertir adecuadamente los raquíticos presupuestos que el Estado costarricense destina a estos fines.

Giselle Amador Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID)

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