EscucharSin riesgo de incurrir en generalizaciones apresuradas, afirmo que los costarricenses estamos decepcionados del Gobierno, de su inacción, de su clientelismo, de la falta de eficiencia en cuanto a la ejecución de obras, del desinterés de los funcionarios, de las convenciones colectivas abusivas, de la obstaculización de gestión de parte de los sindicatos, del silencio de la Contraloría, de la lentitud del sistema judicial y de muchos otros aspectos que podríamos agregar. Por eso demandamos a coro un cambio en todos los ámbitos del sector público.
En este contexto me intrigan las declaraciones del candidato Villalta, que se compromete a rescatar las instituciones públicas que se han privatizado, para hacerlas nuevamente públicas; que está en contra de la contratación privada de obras públicas y de cualquier concesión. Lo hemos visto, oído y leído en las manifestaciones contra la carretera a San Ramón y la concesión del puerto de Moín.
¿Qué quiere decir Villalta cuando afirma que hay servicios públicos que se han privatizado, y acusa de privatización las obras contratadas y las concesiones de obra pública? Y ¿qué entendemos nosotros?
Para lograr un diálogo transparente antes de las elecciones, precisamos acordar el significado de los términos “privado” y “público”, porque su uso ambiguo confunde la opinión de los votantes y se presta para la manipulación. Propongo que denominemos “privado” a aquel servicio que vendemos o compramos directamente con el dinero de nuestro bolsillo; y “público”, al bien o el servicio que el Estado presta con recursos aportados por los contribuyentes.
En Costa Rica hemos convenido un pacto social que justifica la existencia de servicios públicos por la imposibilidad de algunas personas pobres de acceder a ellos, siendo, estos, indispensables para el desarrollo y consustanciales con los derechos humanos. Adicionalmente, nuestra Constitución permite la coexistencia de los servicios públicos, así concebidos, con la prestación de servicios privados en los mismos ámbitos.
Según dicha semántica, no existe la privatización denunciada por Villalta porque los servicios públicos existen, aunque coexistan con los privados. Lo anterior conduce a pensar que lo que quiere decir Villalta con “rescatar los servicios que se han privatizado” es que los servicios privados deben desaparecer para que existan únicamente como monopolios públicos.
Y ¿cuál es su motivación? Ciertamente, no es la de mejorar los servicios públicos, pues, para corregir esta desastrosa situación, no es condición ni suficiente ni necesaria el establecimiento de monopolios públicos. Al contrario, esto incentivaría más corrupción, mayor burocracia inútil y produciría tal caos que terminaría con los servicios públicos, como ha ocurrido en otros lugares del planeta.
Considero que, con el marco constitucional que tenemos, bastaría con nombrar en los cargos públicos de alta jerarquía a personas idóneas, calificadas para desempeñarse eficiente y eficazmente, que comprendan globalmente la función del Estado, y que puedan diseñar transparentemente los apoyos, subsidios o ventajas que requieren las instituciones públicas, cuyo cometido es estimular la producción y el mayor reparto de la riqueza en un contexto de sostenibilidad ambiental.
¿Será que en el trasfondo ideológico de Villalta subyace la idea de que la riqueza no debe generarse privadamente, por lo que su motivación para proponer la monopolización de los servicios públicos no es garantizar la calidad del servicio (lo que difícilmente se lograría con monopolios públicos), sino “socializar” las ganancias que obtiene la empresa privada? Pensemos un momento en cómo el INS, empresa pública hasta hace poco monopólica, atiende las necesidades del pueblo: los profesores universitarios que hace diez años pagábamos una póliza de salud cuyo costo era de ¢40.000 mensuales, hemos visto incrementar dicho monto 12 veces, es decir, que, por ser “viejitos”, ahora tenemos que pagar ¢500.000 al mes, teniendo un récord de salud impecable, dejando a este segmento social desprotegido.
Y ¿qué ocurre con la banca pública, que, en vez de presionar a la banca privada a que baje sus costos de intermediación y refleje sus logros en las tasas de interés, se “guinda” de la banca privada para obtener utilidades que llegan a cualquier otro lado menos al pueblo, “dueño” de las empresas?
No me queda más que pensar que Villalta quiere engordar la burocracia, para que se autogobierne, se apodere de la riqueza que se puede producir en el país y la “distribuya”, a manera de la otrora Unión Soviética, del actual gobierno Venezolano y hasta de Costa Rica, donde la función social del Estado se perdió para ceder el campo a las utilidades. Este sería el fin de la historia, según las predicciones marxistas.
Los invito a meditar sobre el tema y a sacar las propias conclusiones. Costa Rica necesita un diálogo transparente para que podamos caminar todos hacia un mejor futuro.
