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Prevención y represión de la delincuencia organizada

Actualizado el 08 de julio de 2017 a las 10:00 pm

El crimen organizado es una de las modalidades delictivas más socialmente peligrosas

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La justificación para la aprobación del cuestionado proyecto de ley de extinción del dominio es que resulta necesario, y hasta indispensable, no solo como medio para luchar contra el crimen organizado, sino también como una forma de prevención contra esta peligrosa criminalidad, según lo han manifestado autoridades públicas, desde el presidente de la República hasta el ministro de Seguridad Pública.

Sin duda, el crimen organizado es de las modalidades delictivas más socialmente peligrosas porque se comete con la participación colectiva de grupos organizados, con permanencia en el tiempo y actúan concentrados para la comisión de delitos. De ahí que debe ser una prioridad en la política criminal de todo Estado, y hace bien nuestro país en promover reformas legales cuyo objetivo sea su combate y prevención.

Estado democrático. Sin embargo, en un Estado democrático, el derecho debe reflejar precisamente esa característica democrática, sobre todo, a través del uso solo de medios que sean compatibles con esos fines. No resultan válidos en el Estado de derecho el uso de medios antidemocráticos, aunque se busquen fines válidos y legítimos, como la lucha contra la delincuencia organizada. Aquí se aplica el principio que el fin no justifica los medios.

Al proyecto de ley de extinción del dominio se le han detectado serios problemas de roces con garantías y derechos constitucionales, así como con jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pese a que sus defensores han tratado de hacer ver que no es materia penal o de orden punitivo, por lo cual no serían válidos principios como, por ejemplo, la presunción de inocencia o el derecho de abstención, lo cierto es que aun en procesos sancionatorios administrativos, como supuestamente establece este proyecto de ley, deben garantizarse las reglas y principios de un debido proceso.

Sobre lo anterior existe abundante jurisprudencia constitucional y en esa misma línea también precedentes jurisprudenciales internacionales.

Mecanismos de lucha. Ahora bien, que este proyecto resulte tan inviable dentro del marco del Estado democrático no significa que no deban y puedan diseñarse estrategias de lucha contra la delincuencia organizada. En primer lugar, la política criminal del Estado frente a este tipo de criminalidad debe ser integradora; es decir, una combinación entre estrategias de prevención y represión.

En segundo lugar, deben considerarse las particularidades locales de nuestro crimen organizado; es decir, conocimiento de la realidad delictiva en la modalidad de crimen organizado. Sería ilusorio creer que todos estos criminales se comportan igual, de ahí que la investigación empírica sobre este fenómeno resulta indispensable para enfrentar esta delincuencia.

En tercer lugar, resulta necesaria la coordinación y la cooperación internacional, al menos a escala regional. Este es el tipo de criminalidad más globalizada, por lo que ningún país, y menos el nuestro, con tan poco recursos, por sí solo puede ser eficiente en el combate contra el crimen organizado.

Aunque estas estrategias de política criminal parecieran sencillas y hasta obvias, su ejecución no resulta tan fácil; de ahí que se necesitan acciones inmediatas y concretas que, dentro de nuestro marco de legalidad, puedan llevarse a cabo sin sacrificar nuestras garantías y derechos legales y fundamentales. Algunas propuestas serían las siguientes:

Raíz del problema. Es cierto que una política criminal correcta contra este tipo de delincuencia debe ser diseñada, principalmente, para atacar su poder económico; es decir, sus fuentes de lucro y logros económicos. Esto debe hacerse primero en el ámbito civil, fiscal y administrativo, sin recurrir al derecho penal, sometiendo a un control y fiscalización riguroso, especialmente bancario, toda transacción sospechosa.

Una definición clara de estrategias antilavado, que incidan en el sistema financiero nacional, lo cual debe efectuarse a través de inteligencia financiera sobre el mejoramiento de las políticas bancarias relacionadas con las inversiones dudosas o inciertas. Por ejemplo, trámites expeditos para autorizaciones judiciales de levantamiento del secreto bancario.

Uso de medidas procesales que ya se encuentran en nuestra legislación penal, como, por ejemplo, el embargo, las anotaciones registrales, el decomiso de bienes y su respectivo comiso, tal como se encuentra previsto en la legislación de psicotrópicos y legitimación de capitales en su artículo 83 que establece: “Todos los bienes muebles e inmuebles, vehículos, instrumentos, equipos, valores, dinero y demás objetos utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta ley, así como los diversos bienes o valores provenientes de tales acciones, serán decomisados por la autoridad competente que conozca de la causa; lo mismo procederá respecto de las acciones, los aportes de capital, los productos financieros y la hacienda de personas jurídicas vinculadas con estos hechos”.

Esta legislación establece, incluso, la posibilidad de que terceros interesados puedan reclamar tales bienes dentro del plazo perentorio de un mes. Esto resulta un mecanismo idóneo que puede cumplir con los mismos fines que busca la ley de extinción del dominio, pero respetando las garantías legales y constitucionales.

Jurisdicción especializada. Para que estos mecanismos ya establecidos en nuestra legislación tengan pleno vigor, se necesita cumplir con un importante principio para el combate de la delincuencia organizada.

Este principio es la creación de una jurisdicción especializada, que se tramita bajo el proyecto de ley n.° 19.645, presentado desde julio del 2015. Sin embargo, no ha habido avances para la aprobación de esta importante iniciativa.

La jurisdicción especializada aumentaría la capacidad de investigación y la respuesta a esta delincuencia, un juzgamiento con capacidad técnica especializada, expedito, simple y, sobre todo, eficaz, pero garantista.

Para ello se requiere, como propone el proyecto de ley, jueces y tribunales de apelación y juicios especializados, lo mismo que el Ministerio Público y la Defensa Pública y, desde luego, el nivel policial. Es preciso, para esto, no solo la capacitación de este personal judicial, sino de estímulos y remuneraciones diferenciados por el claro riesgo y peligro de la función; además de la infraestructura y equipamiento.

Es decir, se necesitan fondos para garantizar la operación de una jurisdicción especializada. Realmente vale la pena invertir en esta estrategia de prevención y represión contra el crimen organizado, pues esta modalidad criminal atenta contra todo el sistema social y de valores de la colectividad.

El autor es abogado.

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